Alineamiento o autonomía: 250 años de relaciones entre Estados Unidos y la Argentina

A 250 años de la independencia de Estados Unidos, este trabajo propone una mirada de largo plazo sobre la historia de las relaciones entre ese país y la Argentina. A través de un recorrido que va desde los primeros vínculos diplomáticos hasta los debates geopolíticos del presente, analiza la tensión permanente entre dos estrategias de inserción internacional: el alineamiento con la potencia hemisférica o la construcción de un proyecto nacional basado en la autonomía, la integración latinoamericana y el desarrollo soberano.

Cita recomendada: Liaudat, S. (2026). Alineamiento o autonomía: 250 años de relaciones entre Estados Unidos y la Argentina. Agencia Paco Urondo. 20 de julio de 2026.

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Las imágenes de la tradicional recepción organizada por la embajada de Estados Unidos para conmemorar el 4 de julio dejaron una postal elocuente del momento político argentino. La celebración tuvo este año un simbolismo especial, al cumplirse 250 años de la independencia de la potencia norteamericana, pero también ofreció una fotografía difícil de ignorar: una parte sustantiva de la dirigencia política, judicial, mediática y empresarial argentina rindiendo pleitesía en la sede diplomática de la principal potencia mundial.

Entre los invitados, naturalmente, sobresalía la plana mayor del gobierno de Javier Milei, encabezada por el propio Presidente. También asistieron gobernadores aliados, jueces, empresarios y reconocidos periodistas. Nada demasiado novedoso: la imagen de las élites locales buscando exhibir cercanía con el poder estadounidense forma parte de una larga tradición de subordinación política y cultural. Lo llamativo, en todo caso, es el entusiasmo con que el oficialismo convierte esa dependencia en un motivo de orgullo y la exhibe sin el menor pudor como una definición explícita de política exterior. Sin embargo, este episodio no constituye una anomalía, sino un nuevo capítulo de una relación histórica mucho más extensa y compleja. Para comprender el significado político de este tipo de gestos resulta necesario situarlos en una perspectiva de larga duración y examinar las distintas formas que ha asumido la influencia estadounidense sobre la Argentina.

En este artículo se propone una síntesis de la relación entre Argentina y Estados Unidos a partir de seis grandes etapas históricas: 1776-1824, marcada por el comercio, las primeras relaciones diplomáticas y la inspiración constitucional; 1824-1889, caracterizada por la expansión continental de Estados Unidos, su creciente proyección hemisférica y el choque de ideas entre quienes concebían al país del norte como un modelo y quienes lo consideraban una amenaza; 1889-1946, signada por el panamericanismo, las guerras mundiales y las primeras formas sistemáticas de injerencia; 1946-1983, atravesada por el peronismo, el desarrollismo y la Doctrina de la Seguridad Nacional; 1983-2026, definida por el neoliberalismo, el endeudamiento y nuevas modalidades de influencia; y, finalmente, 2026-2050, una etapa de carácter prospectivo que invita a repensar el vínculo con Estados Unidos, no desde la lógica de la subordinación, sino a partir de una estrategia basada en la autonomía nacional, la integración latinoamericana y la geopolítica multipolar.

1776-1824. Comercio, relaciones diplomáticas e inspiración constitucional

El año 1776 marcó el inicio de dos procesos históricos que, con el tiempo, darían lugar a una relación cada vez más asimétrica entre los actuales Estados Unidos y la Argentina. Mientras las Trece Colonias proclamaban su independencia de Gran Bretaña y adoptaban el nombre de Estados Unidos de América, la Corona española creaba el Virreinato del Río de la Plata con el objetivo de fortalecer el control de sus dominios australes frente al avance portugués y británico. Se trataba de dos realidades políticas muy diferentes: una república naciente fundada sobre principios ilustrados y una colonia integrada a una monarquía europea en decadencia.

Los primeros vínculos entre ambas regiones fueron indirectos. Durante la Guerra de Independencia estadounidense (1775-1783), España combatió contra Gran Bretaña y, aunque nunca estableció una alianza formal con los insurgentes ni reconoció inicialmente su independencia, su participación militar contribuyó al triunfo de la causa norteamericana. Los recursos del imperio español, incluido el comercio atlántico en el que participaba el Río de la Plata, formaron parte del esfuerzo bélico que debilitó a la potencia británica.

Concluido el conflicto, comenzó un lento acercamiento comercial. Las guerras europeas de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX alteraron las rutas tradicionales del comercio atlántico, favoreciendo la expansión de la marina mercante estadounidense. Aunque el monopolio comercial español limitaba los intercambios, durante la década de 1780 empezaron a arribar a Buenos Aires embarcaciones norteamericanas, muchas veces a través de intermediarios portugueses o británicos. Hacia fines del siglo ya eran frecuentes las escalas de buques estadounidenses interesados en los cueros, el sebo y otros productos rioplatenses obtenidos gracias a un extendido contrabando en el Río de la Plata.

Las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807 aceleraron este proceso. Mientras Gran Bretaña intentaba incorporar esta región a su esfera de influencia, los comerciantes estadounidenses mantuvieron una posición de neutralidad y aprovecharon la creciente apertura comercial derivada de la crisis del sistema colonial a partir de 1810. La apertura de los puertos decretada por los gobiernos revolucionarios incrementó significativamente el intercambio bilateral. Buques estadounidenses comenzaron a transportar con regularidad manufacturas hacia Buenos Aires y a regresar con productos ganaderos destinados a los mercados internacionales.

La Revolución de Mayo despertó un creciente interés en Washington. Comerciantes, agentes consulares y viajeros estadounidenses comenzaron a remitir informes periódicos sobre la evolución política del Río de la Plata. Sin embargo, el gobierno de James Madison adoptó una actitud de prudencia y evitó reconocer a las nuevas autoridades revolucionarias mientras subsistiera la posibilidad de una restauración del dominio español. En una temprana muestra del pragmatismo que caracterizaría a la diplomacia estadounidense, Washington procuró preservar simultáneamente sus relaciones con España y los crecientes intereses comerciales que comenzaba a desarrollar en la región.

En esos años también arribó al Río de la Plata Joel Roberts Poinsett (1779-1851), uno de los primeros agentes estadounidenses que recorrieron las regiones insurgentes de Hispanoamérica para evaluar su situación política, económica y comercial. Aunque su paso por Buenos Aires fue breve y tuvo escasa incidencia en los acontecimientos locales, su posterior actuación en Chile y, especialmente, en México reveló una modalidad de intervención diplomática orientada a influir en los asuntos internos de las nuevas repúblicas. Por ello, Poinsett suele ser considerado uno de los primeros exponentes de una tradición intervencionista de la política exterior estadounidense en América Latina.

La Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas en 1816 no modificó inmediatamente la posición oficial de Washington. Estados Unidos continuó observando con cautela la evolución de las guerras de independencia hasta que la derrota española pareció irreversible. Recién en 1822 el gobierno estadounidense decidió reconocer a las nuevas repúblicas hispanoamericanas, y en 1823 extendió ese reconocimiento a las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Ese mismo año, el presidente James Monroe formuló la célebre Doctrina Monroe, que proclamaba la oposición de Estados Unidos a nuevas intervenciones coloniales europeas en América. Presentada como una defensa de la independencia del continente, la doctrina inauguró también una concepción del hemisferio occidental como esfera de interés estratégico estadounidense, que con el paso del tiempo tendría profundas consecuencias para las relaciones con América Latina.

Cabe destacar que la experiencia constitucional estadounidense fue conocida y seguida con interés por varios dirigentes rioplatenses. Figuras como Manuel Belgrano, Manuel Dorrego, Mariano Moreno y Bernardo de Monteagudo estudiaron la organización política de la nueva república y valoraron aspectos como el federalismo, la división de poderes y el sistema representativo. Sin embargo, su influencia fue relativamente limitada. El pensamiento político de la Revolución de Mayo se nutrió mucho más de la Ilustración francesa e hispanoamericana, del liberalismo español plasmado en la Constitución de Cádiz de 1812 y de la tradición constitucional británica. En consecuencia, el modelo estadounidense constituyó una referencia importante, aunque nunca predominante, en los debates institucionales que acompañaron el proceso de independencia rioplatense.

Así concluía una primera etapa caracterizada por el predominio del comercio, los contactos diplomáticos iniciales y la mutua observación entre dos países que habían surgido de procesos independentistas. En 1824, con el establecimiento formal de relaciones diplomáticas, se abriría un nuevo capítulo en una relación que, con el correr de las décadas, adquiriría una creciente importancia política, económica y geopolítica.

1824-1889. Expansión continental, reposicionamiento y choque de ideas

Tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre las Provincias Unidas y los Estados Unidos en 1824, el vínculo bilateral atravesó varias décadas de escasa intensidad política. Durante buena parte del siglo XIX, las prioridades estratégicas de Washington estuvieron concentradas en la consolidación de su propio Estado nacional y en la expansión sobre el territorio norteamericano, mientras que Argentina fue gradualmente quedando subsumida bajo la órbita económica y financiera de Gran Bretaña, en especial a partir de 1852 tras la caída de Juan Manuel de Rosas.

En esos años, Estados Unidos experimentó una extraordinaria expansión territorial. La compra de Luisiana a Francia en 1803 había duplicado su superficie; la incorporación de Florida en 1819, la anexión de Texas en 1845, la guerra contra México (1846-1848), que culminó con la cesión de California, Nuevo México y vastos territorios del sudoeste, y la adquisición de Alaska en 1867 fueron configurando un Estado de dimensiones continentales. Paralelamente, la conquista del llamado Far West implicó el desplazamiento forzoso, las guerras y el exterminio de numerosos pueblos indígenas, proceso legitimado por la doctrina del Destino Manifiesto, según la cual la expansión estadounidense constituía una misión providencial destinada a llevar la civilización al continente (y luego al mundo).

Esa formidable expansión territorial absorbió buena parte de las energías del gobierno federal. A ello se sumó la Guerra Civil (1861-1865), el conflicto más sangriento de la historia estadounidense, que enfrentó a la Unión y la Confederación en torno a la esclavitud, el modelo económico y la organización del Estado federal. Durante esos años, la política exterior estadounidense quedó en un segundo plano, permitiendo que otras potencias, especialmente Gran Bretaña, consolidaran su influencia en América del Sur.

En el Río de la Plata, efectivamente, la presencia británica resultó mucho más determinante que la estadounidense. Tras la independencia, Londres se convirtió en el principal socio comercial, inversor y acreedor de la Argentina. A partir de la organización nacional iniciada en 1853 y, sobre todo, luego de la unificación política de 1861 bajo la égida de Bartolomé Mitre, el modelo agroexportador argentino quedó estrechamente articulado con la economía británica mediante el comercio de carnes, lanas y cereales, las inversiones ferroviarias, los bancos, los seguros, los puertos y los empréstitos externos. Durante estas décadas, la influencia de Washington sobre la política argentina fue comparativamente reducida.

En paralelo, distintos líderes latinoamericanos impulsaron proyectos de unidad continental con un espíritu muy diferente al que posteriormente caracterizaría al panamericanismo estadounidense. El Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado por Simón Bolívar, buscó constituir una confederación de las nuevas repúblicas americanas capaz de coordinar su defensa, fortalecer su independencia y actuar conjuntamente frente a las potencias extranjeras. Estados Unidos fue invitado, aunque llegó tarde y con instrucciones que limitaban cualquier compromiso efectivo; su participación fue meramente testimonial y reflejó el escaso interés de Washington por un proyecto de integración que no estuviera bajo su conducción.

Décadas más tarde se sucedieron nuevas iniciativas de concertación política, entre ellas los Congresos Americanos de Lima de 1847-1848 y 1864-1865, convocados para coordinar posiciones frente a las amenazas externas que enfrentaban las jóvenes repúblicas, especialmente las intervenciones europeas en América y la invasión francesa a México. Estados Unidos participó de manera limitada o permaneció al margen, priorizando sus propios intereses estratégicos antes que la construcción de instituciones multilaterales entre iguales. Desde la perspectiva latinoamericana, estos congresos representaron intentos tempranos de integración regional sobre bases de solidaridad política y defensa de la soberanía, distintos del modelo panamericano que Washington impulsaría posteriormente.

En el último tercio del siglo XIX comenzó a modificarse profundamente el equilibrio continental. La rápida industrialización estadounidense tras el triunfo de los yankees en la Guerra Civil, el crecimiento de su capacidad financiera y militar y el cierre de la frontera interna permitieron a Washington proyectar crecientemente su influencia hacia América Latina y el Caribe. Ese cambio encontró su expresión diplomática en la Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington entre 1889 y 1890. Allí nació el sistema panamericano, concebido por Estados Unidos como un mecanismo permanente de cooperación continental, arbitraje y promoción del comercio hemisférico.

Para muchos gobiernos latinoamericanos, sin embargo, aquel panamericanismo significó el comienzo de una nueva etapa. Bajo el lenguaje de la cooperación interamericana se perfilaba un proyecto destinado a reemplazar gradualmente la hegemonía británica por la estadounidense y a consolidar la gravitación de Washington sobre los asuntos políticos, económicos y diplomáticos del continente. Con ello se cerraba una primera fase de relaciones relativamente distantes entre Estados Unidos y la Argentina y se abría otra en la que la potencia del norte comenzaría a disputar de manera cada vez más activa la influencia sobre América Latina.

Cabe destacar que, a lo largo del siglo XIX, el ascenso de los Estados Unidos suscitó interpretaciones contrapuestas entre los intelectuales y dirigentes políticos de Nuestra América. Para algunos, representaba una amenaza creciente. Simón Bolívar, tras el fracaso del Congreso Anfictiónico, advirtió en 1829 que “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”. Décadas más tarde, el chileno Francisco Bilbao y el cubano José Martí, entre otros, denunciaron el expansionismo estadounidense y propusieron la unidad de una “América Latina” o “Nuestra América” como contrapeso al poder anglosajón. Para otros, en cambio, el desarrollo estadounidense constituía una experiencia digna de admiración e incluso de emulación. Tal fue el caso de Domingo F. Sarmiento, quien vio en sus instituciones republicanas, su sistema educativo, su dinamismo económico y su capacidad de innovación un modelo para la modernización de la Argentina. Estas dos miradas (Estados Unidos como amenaza imperial o como paradigma de progreso) atravesarían buena parte del pensamiento político latinoamericano y seguirían marcando los debates durante los siglos XX y XXI.

1889-1946. Panamericanismo, guerras mundiales e injerencismo

La Primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington entre 1889 y 1890, inauguró una nueva etapa en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Bajo la bandera del panamericanismo, Washington impulsó la creación de un sistema permanente de conferencias e instituciones hemisféricas destinado a “fortalecer la cooperación continental”. Sin embargo, aquel proyecto también expresaba la creciente pretensión estadounidense de ejercer un liderazgo político y económico sobre la región, desplazando progresivamente la tradicional influencia británica.

Desde sus inicios, la Argentina mantuvo una posición cautelosa frente a ese proyecto. Aunque participó activamente en las conferencias panamericanas, procuró preservar una política exterior autónoma, sustentada en los principios de igualdad jurídica de los Estados, solución pacífica de las controversias y no intervención en los asuntos internos. Esa tradición diplomática encontró una de sus expresiones más importantes en 1902, cuando el canciller Luis María Drago formuló la célebre Doctrina Drago. En respuesta al bloqueo naval impuesto por Gran Bretaña, Alemania e Italia contra Venezuela para exigir el pago de deudas externas, Drago sostuvo que ninguna potencia podía recurrir al uso de la fuerza para cobrar obligaciones financieras a un Estado soberano. La doctrina representó una temprana defensa del derecho internacional frente a las prácticas intervencionistas de las grandes potencias y marcó una diferencia con la creciente influencia hemisférica de Estados Unidos.

Las tensiones reaparecieron en la Tercera Conferencia Panamericana, celebrada en Río de Janeiro en 1906, donde la diplomacia argentina procuró limitar los alcances del liderazgo estadounidense dentro del sistema interamericano. Durante las décadas siguientes, esa actitud se mantuvo como una constante: la Argentina acompañaba los espacios de cooperación continental, pero rechazaba cualquier intento de subordinarlos a los intereses de Washington. En ese contexto, uno de los principales ejes de su política exterior fue el entendimiento con Brasil y Chile, que dio como resultado el Pacto ABC, concebido como un mecanismo de concertación entre las tres principales potencias sudamericanas.

La cuestión alcanzó especial relevancia durante la Primera Guerra Mundial. Mientras Estados Unidos ingresó al conflicto en 1917 y promovió el alineamiento hemisférico contra las Potencias Centrales, la Argentina de Hipólito Yrigoyen sostuvo una política de neutralidad. Detrás de esa decisión coexistían razones económicas, diplomáticas y políticas, pero también la voluntad de preservar márgenes de autonomía frente a las presiones externas. Aquella postura generó crecientes fricciones con Washington y anticipó desacuerdos que volverían a manifestarse en la siguiente guerra mundial.

Durante la década de 1920 continuaron los debates sobre el orden interamericano. En la Conferencia Panamericana de La Habana de 1928, las delegaciones latinoamericanas insistieron en fortalecer el principio de no intervención frente a las reiteradas ocupaciones militares estadounidenses en el Caribe y Centroamérica. Aunque la Argentina no era objeto de esas intervenciones directas, compartía la preocupación por establecer reglas internacionales que protegieran la soberanía de los Estados más débiles.

El golpe de Estado de 1930 contra Hipólito Yrigoyen es uno de los primeros episodios en los que pueden advertirse intereses estadounidenses involucrados en la política interna argentina. En particular, la Standard Oil veía amenazados sus intereses por la política petrolera impulsada por el gobierno radical, expresada en el fortalecimiento de YPF bajo la conducción del general Enrique Mosconi y en los proyectos destinados a otorgar al Estado un mayor control sobre los yacimientos de hidrocarburos, incluyendo iniciativas de nacionalización que obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados. Si bien no existe consenso historiográfico acerca de una participación directa de la empresa o del gobierno estadounidense en la preparación del golpe, resulta indudable que el derrocamiento de Yrigoyen favoreció los intereses de las compañías petroleras extranjeras y puso fin a una de las experiencias más avanzadas de afirmación de la soberanía energética en la Argentina.

Con la llegada de Franklin D. Roosevelt a la presidencia en 1933, Estados Unidos inauguró la llamada Política del Buen Vecino, que implicó el abandono formal de las intervenciones militares directas y la adopción de mecanismos de influencia diplomática, económica y política. La Conferencia Interamericana por la Paz, celebrada en Buenos Aires en 1936, simbolizó ese nuevo clima de cooperación hemisférica. No obstante, detrás del lenguaje de la buena vecindad persistía el objetivo estratégico de consolidar el liderazgo estadounidense sobre el continente.

Las diferencias entre Argentina y los Estados Unidos reaparecieron con fuerza durante la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, Washington impulsó el alineamiento de todos los países latinoamericanos con los Aliados. La Argentina, en cambio, mantuvo su neutralidad durante la mayor parte del conflicto, invocando una larga tradición diplomática y procurando preservar su autonomía en un escenario internacional extremadamente complejo. Para el gobierno estadounidense, sin embargo, esa posición resultaba inaceptable. Las presiones diplomáticas, económicas y políticas se intensificaron hasta convertir a la Argentina en el principal foco de conflicto dentro del sistema interamericano.

Entre 1944 y 1945, Washington promovió el aislamiento internacional del gobierno argentino, bloqueando su participación en diversos foros y dificultando su reconocimiento diplomático. En ese contexto arribó a Buenos Aires el embajador Spruille Braden, cuya actuación excedió ampliamente las funciones diplomáticas tradicionales. Braden estableció estrechos vínculos con los sectores opositores al gobierno surgido de la Revolución de 1943 y desarrolló una intensa actividad política destinada a impedir el ascenso de Juan Domingo Perón, a quien identificaba como un obstáculo para la estrategia hemisférica de Estados Unidos.

La intervención alcanzó su punto culminante en 1946, cuando el Departamento de Estado publicó el denominado “Libro Azul”, un documento que acusaba al gobierno argentino de mantener vínculos con el nazismo y cuestionaba abiertamente la candidatura de Perón. La respuesta peronista transformó la injerencia estadounidense en el eje de la campaña electoral mediante la consigna “Braden o Perón”, que planteó la elección como una disyuntiva entre la intervención extranjera y la afirmación de la soberanía nacional. La victoria de Perón en las elecciones del 24 de febrero de 1946 convirtió aquel episodio en uno de los momentos más emblemáticos de la historia de las relaciones entre la Argentina y Estados Unidos y consolidó el antiimperialismo como uno de los rasgos centrales del justicialismo.

1946-1983. Peronismo, desarrollismo y Doctrina de la Seguridad Nacional

La llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia en 1946 inauguró una etapa de relaciones complejas con Estados Unidos. La consigna “Braden o Perón”, que había sintetizado la campaña electoral, expresaba el clima de desconfianza mutua que caracterizó los primeros años del vínculo. La Argentina procuró desarrollar una política exterior autónoma, resumida más tarde en la doctrina de la Tercera Posición, que buscaba evitar el alineamiento automático tanto con Estados Unidos como con la Unión Soviética en el naciente escenario de la Guerra Fría. En ese contexto, el gobierno argentino se negó inicialmente a adherir al Acta de Chapultepec, demoró su incorporación al Fondo Monetario Internacional y mantuvo una actitud cautelosa frente a las nuevas instituciones del sistema interamericano impulsadas por Washington.

Sin embargo, la consolidación del orden bipolar y las crecientes dificultades económicas llevaron a una gradual recomposición del vínculo. La firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947 y la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948 consolidaron la arquitectura hemisférica diseñada por Estados Unidos para contener la expansión del comunismo. Aunque la Argentina terminó integrándose a esas instituciones, continuó defendiendo márgenes de autonomía en materia de política exterior. Hacia los últimos años del segundo gobierno de Perón, las relaciones con Washington mejoraron sensiblemente. La necesidad de atraer inversiones extranjeras para impulsar el desarrollo industrial y, en particular, la expansión de la producción petrolera condujo al gobierno argentino a buscar un entendimiento con empresas estadounidenses.

Más que un abandono de sus principios, este acercamiento reflejaba los condicionamientos económicos y geopolíticos que enfrentaba el proyecto de desarrollo del justicialismo. Esa aproximación no impidió que, tras el golpe de Estado de 1955, Estados Unidos reconociera rápidamente al gobierno de la autodenominada Revolución Libertadora. La prioridad estratégica de Washington consistía en consolidar gobiernos firmemente alineados con el bloque occidental en el contexto de la Guerra Fría, por encima de las legitimidades democráticas o de las particularidades de la política argentina.

Durante la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962) se abrió una nueva etapa. Influido por las ideas desarrollistas, Frondizi consideraba indispensable atraer capitales y tecnología norteamericanos para acelerar la industrialización del país. Esa visión favoreció un acercamiento con Estados Unidos, que alcanzó uno de sus momentos simbólicos cuando el presidente argentino fue invitado a dirigirse al Congreso estadounidense en 1959. Paralelamente, la administración de John F. Kennedy lanzó en 1961 la Alianza para el Progreso, un ambicioso programa de cooperación económica destinado a contener la influencia de la Revolución Cubana mediante la promoción del desarrollo latinoamericano.

Sin embargo, las relaciones pronto volvieron a tensarse. Frondizi mantuvo una política relativamente autónoma hacia Cuba y llegó a entrevistarse secretamente con Ernesto Che Guevara en Olivos. La creciente presión de las Fuerzas Armadas y de Washington para aislar al gobierno revolucionario cubano culminó con la expulsión de Cuba de la OEA en 1962 y, pocos meses después, con el derrocamiento de Frondizi, cuyo margen de maniobra había quedado prácticamente agotado.

A partir de mediados de la década de 1960, la injerencia estadounidense en América Latina adquirió un nuevo carácter a través de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Elaborada en el contexto de la Guerra Fría, esta concepción redefinía el papel de las Fuerzas Armadas latinoamericanas: ya no debían prepararse principalmente para enfrentar amenazas externas, sino combatir al denominado “enemigo interno”, identificado con el comunismo y toda forma de movilización política o social considerada subversiva. En la Argentina, esta categoría abarcó a una parte del movimiento peronista (en particular, a su tendencia revolucionaria), al sindicalismo combativo, a grupos de izquierda marxista, a católicos liberacionistas, a intelectuales nacionales y artistas populares. Miles de oficiales latinoamericanos fueron entrenados en la Escuela de las Américas y en otros centros militares estadounidenses, donde recibieron formación en contrainsurgencia, inteligencia y guerra antisubversiva. Estas doctrinas tendrían una profunda influencia sobre las dictaduras que se instalarían posteriormente en el Cono Sur.

El golpe de Estado de 1966 contra Arturo Illia se produjo en ese nuevo clima continental. En los años previos, las Fuerzas Armadas habían atravesado el enfrentamiento entre Azules y Colorados, una disputa por la conducción política y el papel del Ejército en el sistema institucional y la estrategia frente al peronismo. La victoria de los Azules consolidó el liderazgo de Juan Carlos Onganía y preparó el terreno para el derrocamiento de Illia. Aunque la participación directa de Washington en el golpe continúa siendo objeto de debate historiográfico, el régimen encabezado por Onganía se inscribió plenamente en el paradigma represivo promovido por Estados Unidos. La creciente radicalización política de fines de los años sesenta y comienzos de los setenta reforzó esa lógica.

El retorno del peronismo al gobierno en 1973 volvió a introducir tensiones en la relación bilateral. La política exterior del tercer gobierno peronista procuró recuperar márgenes de autonomía mediante el fortalecimiento de los vínculos con América Latina, el Movimiento de Países No Alineados y el denominado Tercer Mundo, al tiempo que impulsaba la diversificación de las relaciones económicas y diplomáticas, incluyendo una mayor apertura hacia los países socialistas. Asimismo, buscó reactivar proyectos de integración regional y sostuvo posiciones propias en diversos foros internacionales, evitando un alineamiento automático con Washington. Sin embargo, la crisis política interna y la creciente violencia facilitaron el avance de las concepciones represivas que dominaban la región.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 inauguró el período más oscuro de las relaciones entre ambos países. La dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla adoptó plenamente la Doctrina de la Seguridad Nacional y participó activamente del Plan Cóndor, el sistema de coordinación represiva organizado por las dictaduras del Cono Sur con apoyo de organismos de inteligencia estadounidenses para perseguir, secuestrar, torturar y eliminar opositores políticos más allá de las fronteras nacionales. La documentación desclasificada ha demostrado el conocimiento y el respaldo que la administración de Gerald Ford, especialmente a través del secretario de Estado Henry Kissinger, brindó al nuevo régimen argentino en el marco de la estrategia anticomunista hemisférica. La llegada de Jimmy Carter a la presidencia en 1977 modificó parcialmente la política de apoyo a la llamada “guerra sucia”. La defensa de los derechos humanos pasó a ocupar un lugar relevante en la agenda exterior estadounidense, generando crecientes fricciones con la dictadura argentina y restricciones en la cooperación militar. Sin embargo, esas tensiones no alteraron sustancialmente la lógica geopolítica de la Guerra Fría.

Asimismo, el programa económico encabezado por el ministro José Martínez de Hoz, inspirado en las corrientes neoliberales que ganaban influencia en Estados Unidos y otros centros financieros internacionales, convirtió a la Argentina en uno de los primeros escenarios de aplicación de políticas que, durante la década de 1980, serían promovidas a escala global bajo el denominado Consenso de Washington. Como señaló tempranamente Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar, el programa de apertura comercial, liberalización financiera y endeudamiento externo favoreció a bancos y empresas transnacionales, entre ellas numerosas firmas estadounidenses. La desregulación de los mercados, la valorización financiera, el acceso privilegiado al crédito internacional y la posterior estatización de deudas privadas generaron importantes beneficios para el capital financiero norteamericano, mientras la desindustrialización, la caída de los salarios y la represión del movimiento obrero contribuyeron a mejorar las condiciones de rentabilidad de las grandes corporaciones.

La Guerra de Malvinas de 1982 volvió a poner de manifiesto los límites de la alianza hemisférica. Pese a la pertenencia de ambos países al TIAR y a los vínculos militares construidos durante las décadas anteriores, la administración de Ronald Reagan decidió respaldar a Gran Bretaña, suministrándole apoyo diplomático, logístico e información de inteligencia. Aquella decisión confirmó que los compromisos interamericanos quedaban subordinados a los intereses estratégicos globales de Estados Unidos.

El retorno de la democracia en 1983 abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Con el fin de las dictaduras y el progresivo cierre de la Guerra Fría, la agenda comenzó a desplazarse desde la seguridad continental hacia las cuestiones económicas, financieras y comerciales. No obstante, la experiencia de las décadas anteriores dejaría una profunda huella en la memoria política argentina y en la percepción del papel desempeñado por Estados Unidos en los procesos internos del país y de América Latina.

1983-2026. Neoliberalismo, deuda y nuevas formas de influencia

El retorno de la democracia en 1983 coincidió con una profunda transformación del orden internacional. La crisis de la deuda externa latinoamericana, el agotamiento del modelo desarrollista y el progresivo fin del mundo bipolar desplazaron el eje de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina desde la seguridad continental hacia las finanzas, el comercio, la apertura económica y la gobernanza global. Las formas de influencia ya no se expresarían principalmente mediante el apoyo a dictaduras militares, sino a través del peso de los organismos financieros internacionales, las negociaciones comerciales, la cooperación en seguridad y las disputas geopolíticas.

En 1985, el gobierno de Raúl Alfonsín participó del Grupo de Apoyo al Grupo Contadora, impulsando una salida negociada a los conflictos armados en Centroamérica frente a la estrategia de confrontación promovida por la administración de Ronald Reagan. Aquella posición reflejaba la voluntad argentina de recuperar una política exterior autónoma y fortalecer los mecanismos multilaterales latinoamericanos. En esa misma dirección se inscribieron el impulso de la Cancillería argentina a las iniciativas de concertación regional frente a la crisis de la deuda externa (que buscaban fortalecer la capacidad negociadora de los países latinoamericanos frente a los organismos financieros internacionales y los principales acreedores) y la profundización del acercamiento estratégico con Brasil. Este último dio lugar a una inédita política de integración bilateral, plasmada en la Declaración de Foz de Iguazú (1985), el Programa de Integración y Cooperación Económica (1986) y el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo (1988), sentando las bases del proceso que culminaría con la creación del Mercosur en 1991.

La década de 1990 inauguró un giro radical en la política exterior argentina. Bajo la presidencia de Carlos Menem, el país adoptó un alineamiento explícito con Washington, sintetizado por el canciller Guido Di Tella en la expresión “relaciones carnales”. El gobierno acompañó las principales iniciativas internacionales de Estados Unidos, envió tropas a la Guerra del Golfo entre 1990 y 1991, apoyó las reformas inspiradas en el Consenso de Washington y profundizó el programa de privatizaciones, apertura comercial y desregulación económica. Ese nuevo rumbo también tuvo consecuencias sobre las capacidades estratégicas nacionales.

Uno de los casos más significativos fue la cancelación del proyecto Cóndor II en 1991, un programa iniciado en los años ochenta para desarrollar un misil balístico de alcance medio con tecnología nacional. Considerado por Washington como un riesgo para el régimen internacional de no proliferación y para sus intereses estratégicos, el proyecto fue desmantelado por el gobierno argentino, que además adhirió a diversos regímenes internacionales de control de tecnologías sensibles. Este episodio simbolizó el abandono de una de las iniciativas de mayor autonomía científico-tecnológica y de defensa desarrolladas por el país, evidenciando el peso de las presiones angloestadounidenses sobre las decisiones estratégicas argentinas en la posguerra fría.

En 1994, Estados Unidos otorgó a la Argentina el estatus de “Aliado Principal Extra-OTAN”, un reconocimiento excepcional para un país latinoamericano que reflejaba el grado de convergencia política alcanzado durante aquellos años. Paralelamente, tras el atentado contra la AMIA, se intensificó la cooperación bilateral en materia de seguridad e inteligencia. Sin embargo, el alineamiento político coexistió con un proceso de creciente vulnerabilidad económica. El respaldo estadounidense a las políticas del Consenso de Washington no evitó el deterioro del aparato productivo, el aumento del endeudamiento externo ni la fragilidad financiera que desembocó en la crisis de 2001. El papel del Fondo Monetario Internacional, organismo donde Estados Unidos posee la principal cuota de poder, quedó en el centro de las críticas por las políticas de ajuste promovidas durante la década y por su actuación en los meses previos al colapso económico y social.

Un legado persistente de la década de 1990, aunque con antecedentes que se remontan al menos a las décadas de 1950 y 1960, es la creciente influencia cultural de Estados Unidos en la Argentina y en América Latina. Esta influencia puede observarse, al menos, en tres dimensiones: en la expansión de los medios de comunicación, la industria cultural y el entretenimiento de origen estadounidense; en la difusión de la teología de la prosperidad, el neopentecostalismo y las nuevas iglesias evangélicas; y en el ejercicio del soft power a través de fundaciones, ONG, universidades y otros espacios de producción de conocimiento e influencia, que inciden sobre la formación de élites, el debate público y el diseño de las políticas estatales.

En el primer plano, impulsada inicialmente por el cine, la música y la televisión, y luego potenciada por los medios masivos de comunicación, la industria cultural y del entretenimiento, la influencia cultural estadounidense se profundizó de manera sostenida a partir de comienzos del siglo XXI con la expansión de internet y las plataformas digitales. Década tras década, se incorporaron al lenguaje cotidiano vocablos, festividades y costumbres asociadas al American way of life, junto con estilos de vida, imaginarios, valores y prácticas culturales de origen estadounidense, consolidando un proceso de creciente desnacionalización cultural e identificación con la potencia del norte.

En el segundo plano, y aunque responda a causas más complejas, hay que considerar la expansión de la teología de la prosperidad, del neopentecostalismo y las nuevas iglesias evangélicas. Su crecimiento fue favorecido por el apoyo brindado por Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980, en el marco de una estrategia orientada a contrarrestar la influencia de la Teología de la Liberación y del catolicismo latinoamericano comprometido con las luchas sociales. Este proceso, en convergencia con el anterior, apunta a una reconfiguración cultural de la sociedad. No se trata únicamente de transformaciones políticas o económicas, sino de una modificación de las dimensiones más profundas de la vida social: los valores, las normas, las creencias, los hábitos y los sentidos comunes que orientan la convivencia social.

En el tercer plano, la influencia estadounidense sobre la Argentina se ha ejercido cada vez más a través de mecanismos de soft power. Fundaciones, ONG, programas de cooperación, agencias de asistencia, universidades, think tanks y medios de comunicación han desempeñado un papel creciente en la difusión de agendas y marcos interpretativos afines a los intereses de Washington. Estos instrumentos de colonización técnica, científica e intelectual han complementado las tradicionales formas de presión diplomática o económica, contribuyendo a moldear la formación de élites, el debate público y las orientaciones de las políticas estatales.

Con la llegada de Eduardo Duhalde a la presidencia en 2002 y sobre todo de Néstor Kirchner en 2003 comenzó un intento de reconstrucción de la autonomía política y regional. La prioridad otorgada al Mercosur, el fortalecimiento de la integración sudamericana y la búsqueda de una política exterior menos dependiente de Washington encontraron su momento más significativo en la Cumbre de Mar del Plata de 2005, donde la propuesta estadounidense de crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue rechazada por un amplio bloque de gobiernos latinoamericanos. Posteriormente, la creación de la UNASUR en 2008 y de la CELAC entre 2010 y 2011, sin participación de Estados Unidos ni Canadá, expresaron el intento de construir espacios propios de concertación política regional.

Las tensiones reaparecieron en diversos episodios. En 2011, el gobierno argentino incautó en el aeropuerto de Ezeiza material transportado por un avión militar estadounidense que no había sido declarado oficialmente, generando un incidente diplomático. Al año siguiente, la recuperación del control estatal de YPF volvió a producir fricciones con Washington y con sectores empresariales estadounidenses. En 2013, la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán para avanzar en la investigación del atentado contra la AMIA fue recibida con fuertes cuestionamientos por parte de Estados Unidos y de otros actores internacionales, convirtiéndose en un nuevo foco de controversia en la relación bilateral. Poco después, el litigio contra los llamados fondos buitre en tribunales de Nueva York puso nuevamente de manifiesto el peso de las instituciones financieras y judiciales estadounidenses sobre la economía argentina.

En simultáneo, las revelaciones de WikiLeaks, difundidas a partir de 2010, aportaron nuevos elementos sobre el grado de injerencia de la embajada de Estados Unidos en la política argentina. Los cables diplomáticos desclasificados mostraron un seguimiento sistemático de la situación política, económica y judicial del país, reuniones periódicas con funcionarios, dirigentes políticos, empresarios, periodistas y miembros del Poder Judicial, así como gestiones orientadas a influir sobre determinadas decisiones de gobierno.

En paralelo, fue creciendo el protagonismo de otro actor relevante en la proyección de los intereses estadounidenses en la Argentina: la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham). Si bien su influencia comenzó a fortalecerse a partir de la década de 1990, fue especialmente desde la década de 2010 cuando dejó de limitarse a la representación de las empresas estadounidenses radicadas en el país para consolidarse como un actor con capacidad de incidencia sobre el debate público y las políticas estatales. En representación de un amplio conjunto de empresas multinacionales, la entidad ha intervenido de manera recurrente en las discusiones sobre reformas económicas, política tributaria, legislación laboral, seguridad jurídica y funcionamiento del Poder Judicial, promoviendo una agenda de apertura económica y desregulación ampliamente convergente con los intereses estratégicos de Washington.

El gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) retomó una política de estrecho alineamiento con Estados Unidos. La visita oficial de Barack Obama en 2016 simbolizó esa nueva etapa, profundizada luego durante la administración de Donald Trump. Su expresión más significativa fue el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional en 2018, mediante el cual la Argentina obtuvo el mayor préstamo en la historia del organismo. La asistencia, impulsada con el fuerte respaldo de la administración Trump, buscó sostener políticamente al gobierno de Macri en un contexto de creciente crisis económica y financiera. De este modo, se revirtió el escenario abierto en 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner había cancelado la deuda con el FMI para recuperar autonomía en la política económica. El retorno al endeudamiento con el organismo volvió a someter al país a las condicionalidades de una institución en la que Estados Unidos ejerce una influencia decisiva.

Durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023), la relación con Estados Unidos estuvo atravesada por la renegociación de la deuda con el FMI y por la creciente competencia geopolítica entre Washington y Beijing. Aunque el gobierno procuró sostener una política exterior de mayor autonomía y diversificar sus vínculos internacionales, debió negociar permanentemente con la influencia estadounidense en el organismo financiero. Al mismo tiempo, la posibilidad de incorporarse a los BRICS, la expansión de las inversiones chinas en infraestructura, energía y tecnología, y las disputas en torno al litio, la tecnología 5G y otros sectores estratégicos situaron nuevamente a la Argentina en el centro de las tensiones entre las grandes potencias.

La llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023 inauguró una etapa de alineamiento político, ideológico y estratégico con Estados Unidos e Israel que, por su intensidad, incluso supera a la registrada durante la década de 1990. La renuncia al ingreso en los BRICS, la redefinición de la política exterior, el fortalecimiento de la cooperación en defensa y seguridad, el acceso preferencial a minerales críticos y energía, el impulso a la negociación de un acuerdo comercial con Estados Unidos y el acompañamiento sistemático de las posiciones de Washington en los principales foros internacionales marcaron un cambio profundo respecto de la etapa anterior. Entre 2024 y 2026 se sucedieron las visitas de altos funcionarios estadounidenses y se profundizó la coordinación bilateral en asuntos estratégicos. En paralelo, el respaldo financiero otorgado en 2025 por Estados Unidos a través de un swap del Tesoro, en plena campaña electoral argentina, evidenció con claridad el nivel de injerencia de Washington en los asuntos internos del país.

Otro instrumento de influencia creciente ha sido la cooperación militar impulsada por Estados Unidos. Desde la segunda posguerra, miles de oficiales argentinos recibieron formación en instituciones militares estadounidenses y participaron en programas de capacitación, intercambio y asistencia. En las décadas posteriores, esa cooperación continuó mediante ejercicios militares conjuntos, programas de entrenamiento, asistencia técnica y acuerdos en materia de defensa, frecuentemente promovidos por Washington como parte de su estrategia hemisférica. Pero, desde la asunción de Javier Milei, esta cooperación militar ha adquirido un renovado impulso. El gobierno profundizó el alineamiento estratégico con Estados Unidos mediante la ampliación de los ejercicios militares conjuntos, el fortalecimiento de los vínculos con el Comando Sur y una creciente participación en programas de interoperabilidad con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Entre las iniciativas más relevantes se encuentran los ejercicios navales Passex realizados en el Atlántico Sur, la participación argentina en el ejercicio multinacional UNITAS, el despliegue en Southern Vanguard y la autorización para el ingreso de tropas estadounidenses al país para participar en maniobras combinadas como el ejercicio Tridente.

En ese marco, además, deben inscribirse iniciativas como el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico de Ushuaia, anunciado por Javier Milei junto a autoridades del Comando Sur, así como el memorándum de entendimiento suscripto entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) para cooperar en la gestión de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Ambos episodios reflejan la creciente injerencia de Washington sobre áreas estratégicas vinculadas a la defensa, la logística y la infraestructura del país.

2027-2050. Alineamiento o Proyecto Nacional

A lo largo de los 250 años de existencia de Estados Unidos, y de modo creciente en los últimos cien, la relación con la Argentina estuvo atravesada por una tensión persistente entre dos orientaciones estratégicas: la búsqueda de autonomía nacional y la integración regional, por un lado, y los proyectos de alineamiento con la potencia dominante del hemisferio, por otro. Si durante el siglo XIX la influencia británica fue predominante en el Río de la Plata, el ascenso estadounidense como potencia mundial abrió una nueva etapa en la que las disputas por la soberanía dejaron de expresarse únicamente en términos territoriales o militares y comenzaron a desplegarse en los campos económico, financiero, tecnológico, diplomático y cultural.

A diferencia del intervencionismo militar abierto que caracterizó la política de Washington hacia Centroamérica y el Caribe, en el Cono Sur (y particularmente en la Argentina) predominó un neocolonialismo más sofisticado, desplegado mediante presiones diplomáticas, condicionamientos económicos y financieros, operaciones políticas e influencia cultural. Salvo contadas excepciones, el objetivo se mantuvo en los últimos cien años: impedir la consolidación de un proyecto nacional autónomo y preservar un orden regional acorde con los intereses estratégicos de Estados Unidos.

La historia demuestra que la relación con Estados Unidos nunca fue lineal. Hubo algunos momentos de convergencia de intereses (sean de cooperación o de subordinación), pero también largos períodos en los que la política exterior de Washington entró en tensión con proyectos argentinos orientados a ampliar sus márgenes de decisión. En ese recorrido, la pregunta central no ha sido simplemente cuál debe ser el vínculo con una potencia global, sino desde qué lugar se construye ese vínculo: como una relación entre Estados soberanos con intereses propios o como una aceptación de una posición subordinada dentro de un orden diseñado por otros.

El siglo XXI abrió una etapa de mayores márgenes de autonomía regional. La consolidación del Mercosur, la creación de la UNASUR y la CELAC, así como el rechazo al ALCA en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en 2005, expresaron la voluntad de construir mecanismos latinoamericanos de coordinación política y económica. Sin embargo, ese ciclo fue seguido por una renovada disputa geopolítica en la que Estados Unidos buscó preservar su influencia continental frente al avance de otros actores globales y frente a los intentos de varios países de la región por diversificar sus alianzas.

En ese marco, el alineamiento explícito del gobierno de Javier Milei con Washington representa la expresión más acabada de una visión que privilegia la inserción subordinada en el orden internacional por encima de la construcción de un proyecto nacional propio. La presencia de prácticamente todo el gabinete argentino en la recepción organizada por la embajada estadounidense con motivo del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos debe ser interpretada como una imagen cargada de significado político: no solamente un acto protocolar, sino el símbolo de una determinada concepción sobre el lugar de la Argentina en el mundo.

El desafío hacia adelante consiste en superar falsas dicotomías. La cuestión no radica en negar la importancia de la relación con Estados Unidos, una de las principales potencias económicas, científicas y militares del mundo, además de uno de los principales socios comerciales de la Argentina. El verdadero debate pasa por definir si esa relación se construye desde un Proyecto Nacional capaz de fijar sus propias prioridades y ejercer soberanamente sus decisiones, o si, por el contrario, se basa en la aceptación subordinada de agendas e intereses definidos desde Washington. En un escenario internacional marcado por la disputa entre grandes potencias, la transición energética, la revolución tecnológica, la competencia por recursos estratégicos y la reconfiguración de las cadenas globales de producción, los países que carecen de un proyecto nacional quedan más expuestos a las decisiones de otros.

Por ello, la discusión de fondo no es simplemente Estados Unidos sí o Estados Unidos no. Es qué tipo de inserción internacional quiere construir la Argentina: una basada en la subordinación a una potencia hegemónica o una orientada a fortalecer sus capacidades productivas, científicas, tecnológicas y estratégicas, articulándose con América Latina y relacionándose con el mundo desde una posición de mayor autonomía. Esa tensión, presente desde los orígenes de la república, continúa siendo uno de los grandes debates nacionales del siglo XXI.

Last modified: 19 de julio de 2026