El proyecto de la unidad latinoamericana (VI): del resurgir del unionismo a la geopolítica multipolar

En esta sexta y última entrega de la serie dedicada a los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, abordamos el resurgir del proyecto de unidad latinoamericana en las primeras décadas del siglo XXI y las disputas geopolíticas que atraviesan hoy a la región. Desde el “No al ALCA” y la creación de espacios como el ALBA, la UNASUR y la CELAC, hasta la posterior contraofensiva neoliberal y la crisis de los proyectos integracionistas, el texto analiza los avances, límites y desafíos de la construcción de una Patria Grande en un mundo cada vez más multipolar. A dos siglos del congreso convocado por Bolívar, la unidad latinoamericana vuelve a plantearse no solo como un ideal histórico, sino como una necesidad estratégica para la soberanía y la autonomía regional.

Cita recomendada: Liaudat, S.; Vignolo, L. (2026). El proyecto de la unidad latinoamericana (VI): del resurgir del unionismo a la geopolítica multipolar. Rumbo 180. 24 de mayo de 2026.

El avance más grande en 200 años

El rechazo a la Cumbre de Mar del Plata de 2005 —expresado en el histórico “No al ALCA”— marcó un punto de inflexión en la historia de la integración latinoamericana. Por primera vez en décadas, un conjunto significativo de países de la región logró frenar el proyecto hemisférico hegemónico de los Estados Unidos, reafirmando la voluntad de construir un camino propio. Este hecho condensó una acumulación política y social que puede considerarse uno de los momentos de mayor avance hacia la unidad latinoamericana en los últimos dos siglos, al reinstalar la convergencia como una estrategia de autonomía y no como mera apertura subordinada. Esa perspectiva, que retomaba la aspiración decimonónica de la unión latinoamericana —y no ya solo la noción más limitada del regionalismo abierto de los noventa—, se profundizó durante la primera década del siglo XXI con la creación de al menos cuatro grandes iniciativas regionales: el ALBA, la ampliación del Mercosur, la UNASUR y la CELAC.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) surgió en 2004 por iniciativa de Hugo Chávez y Fidel Castro como una propuesta alternativa al libre comercio promovido por Estados Unidos. Más que un bloque económico tradicional, el ALBA se concibió como un esquema de integración solidaria, basado en la complementariedad, la cooperación y la justicia social. Impulsó programas concretos en áreas como salud, educación y energía buscando reducir asimetrías entre los países miembros y priorizar el bienestar de los pueblos por sobre las lógicas del mercado.

En ese marco alternativo surgió Petrocaribe en 2005, un esquema de integración energética impulsado para facilitar el suministro de petróleo en condiciones preferenciales a los países del Caribe. El mecanismo permitía a los Estados miembros acceder a crudo venezolano y derivados en condiciones favorables, mediante facilidades de pago que incluían financiamiento a largo plazo y tasas de interés bajas. Asimismo, contemplaba la posibilidad de cancelar parte de las obligaciones tanto en divisas como en bienes y servicios —en una renovada forma de trueque o de mecanismos de compensación—, con el objetivo de aliviar las restricciones fiscales y reducir la dependencia de los intermediarios del mercado internacional. A la vez, Petrocaribe funcionó como un instrumento de cooperación política y económica que fortaleció vínculos regionales en el marco de estrategias de integración sur-sur. Si bien Petrocaribe no era un “órgano” del ALBA, funcionaba como un mecanismo paralelo y complementario, alineado con su estrategia de integración y cooperación regional impulsada por el gobierno venezolano.

Otro ámbito vinculado fue ALBA Movimientos —actualmente denominada Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA—. Su proceso de conformación comenzó en 2009, cuando diversas organizaciones populares de la región se reunieron en el marco de una cumbre del ALBA realizada en Cochabamba. En ese contexto se impulsó esta articulación de organizaciones sociales referenciada en el chavismo, concebida como un espacio de coordinación entre sindicatos, movimientos campesinos, indígenas y organizaciones de trabajadores, en sintonía con el proyecto político de integración regional promovido por el ALBA. Su constitución definitiva tuvo lugar en 2013, durante un encuentro realizado en la Escuela Nacional Florestan Fernandes (ENFF), vinculada al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Inaugurada en 2005, esta institución formativa impulsada por el MST se consolidó como uno de los principales espacios de articulación latinoamericanista e internacionalista de los movimientos populares de la región y el mundo.

En cuanto a la ampliación del Mercosur, esta implicó dos dimensiones. Por un lado, la incorporación de nuevos países al bloque, con el objetivo de profundizar su alcance regional. En ese marco, la firma del protocolo de adhesión de Venezuela en 2006 y su incorporación plena en 2012 abrieron la perspectiva de un salto cualitativo en la integración económica sudamericana. Este proceso fue precedido por un notable crecimiento del comercio venezolano con los países del Cono Sur y la Cuenca del Plata, en parte como expresión de la estrategia geopolítica impulsada por Hugo Chávez tras el fallido golpe de Estado de 2002. Posteriormente, la adhesión de Bolivia —formalizada mediante la firma de su protocolo en 2015— reforzó esta tendencia expansiva hacia el espacio regional. Sin embargo, ambos procesos serían más tarde interrumpidos o debilitados en el marco de la contraofensiva analizada en la sección siguiente. Cabe señalar que, ya desde 2006, la diplomacia estadounidense manifestó su rechazo a la ampliación del Mercosur. Como revelaron posteriormente los documentos filtrados por WikiLeaks, Washington percibía al bloque como una unión política que “ha chocado con los intereses de Estados Unidos” y que asumía un carácter “antinorteamericano”.

Por otro lado, se buscó dotar al Mercosur de mayor institucionalidad mediante la creación del Parlamento del Mercosur en 2005. Se trató de un intento de profundizar la dimensión política de la integración regional, superando su carácter predominantemente intergubernamental a través de una instancia de representación parlamentaria regional. El Parlasur, en sintonía con otros parlamentos regionales —como el Parlatino y el Parlamento Andino—, se propuso contribuir a la armonización legislativa, fortalecer la participación democrática y consolidar un espacio de debate político sobre los principales desafíos de la integración, incorporando no solo a los Estados, sino también a las fuerzas políticas y, de manera indirecta, a las sociedades de los países miembros.

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) representó el intento más ambicioso de construir una institucionalidad sudamericana autónoma. Su origen se remonta a la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN), lanzada en 2004 en Cusco, Perú, con la participación de los doce países de la región. Este primer paso buscó articular al Mercosur y a la Comunidad Andina en un mismo espacio de concertación, con el objetivo de impulsar la integración política, social y económica. Sobre esa base, en 2008 el proceso adoptó el nombre de UNASUR, consolidando institucionalmente una iniciativa orientada a dotar a América del Sur de mayores márgenes de coordinación y autonomía en el escenario internacional. El Secretariado General se estableció en Quito, donde se construyó una sede especialmente destinada a su funcionamiento.

Integrada por la totalidad de países de América del Sur, avanzó en la articulación política, la resolución de conflictos regionales y la coordinación en áreas estratégicas como defensa, infraestructura y salud. En el plano político, desempeñó un papel activo en la mediación de crisis regionales, como las de Bolivia (2008) y Ecuador (2010), consolidando mecanismos propios de resolución de conflictos sin injerencias externas. En ese marco se proyectó también el Parlamento Suramericano, concebido como instancia deliberativa de UNASUR, cuyos representantes debían comenzar a reunirse en una sede en Cochabamba. Sin embargo, nunca llegó a consolidarse plenamente y posteriormente fue disuelto.

No obstante, hacia 2015, UNASUR alcanzó un nivel de institucionalización regional inédito en Sudamérica. En menos de una década, impulsó iniciativas de integración en diversas áreas, como educación, ciencia y tecnología, energía y desarrollo social, entre otras. Aunque estas experiencias tuvieron grados desiguales de desarrollo, algunas alcanzaron avances más significativos, especialmente en los ámbitos de defensa, salud e infraestructura.

En primer lugar, el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) fue un espacio de coordinación, confianza mutua y cooperación entre las fuerzas armadas de la región. Este organismo impulsó la transparencia en los gastos militares, el intercambio de información, la realización de ejercicios conjuntos y la construcción de una visión estratégica compartida orientada a consolidar a América del Sur como zona de paz. Asimismo, se avanzó en la elaboración de una doctrina regional de defensa, que buscó diferenciarse de los enfoques tradicionales de seguridad hemisférica dominados por Estados Unidos, poniendo el acento en la defensa de los recursos naturales, la soberanía territorial y la no injerencia externa. En este marco se fortalecieron instancias de formación y análisis conjunto, como el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa (CEED), con sede en Buenos Aires.

En segundo lugar, el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) fue un espacio de coordinación regional destinado a planificar y promover proyectos de infraestructura, conectividad y ordenamiento territorial en América del Sur. Retomando como antecedente a la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) lanzada en 2000, el COSIPLAN incorporó su cartera de proyectos y metodologías de planificación, buscando darles un marco político e institucional sudamericano más amplio. Sus acciones se orientaron al desarrollo de redes de transporte, energía y comunicaciones para fortalecer la integración física regional y articular estrategias comunes de infraestructura entre los países sudamericanos.

En tercer lugar, el Consejo de Salud Suramericano (CSS o UNASUR Salud) fue uno de los espacios más activos y consolidados. Creado para coordinar políticas sanitarias regionales, promovió la cooperación entre los sistemas públicos de salud de los países sudamericanos en áreas como vigilancia epidemiológica, acceso a medicamentos, formación profesional y fortalecimiento de los sistemas sanitarios. En ese marco también se creó el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud, con sede en Río de Janeiro, orientado a la investigación, capacitación y articulación de políticas públicas de salud en la región.

La última gran iniciativa de esta avanzada unionista fue la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La CELAC fue creada en 2010 durante la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe realizada en México, cuando se acordó la fusión del Grupo de Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe (la CALC fue una iniciativa lanzada en 2008 por el presidente brasilero Lula da Silva). Su lanzamiento formal como organismo operativo se concretó en 2011, en la cumbre de Venezuela. Este espacio amplió la escala de la integración regional al reunir a todos los países de América Latina y el Caribe, excluyendo a Estados Unidos y Canadá, y se constituyó como un ámbito de diálogo político y concertación orientado a proyectar una posición común de la región en el escenario internacional. Sin una estructura supranacional rígida, la CELAC priorizó la cooperación flexible en temas como desarrollo, inclusión social, cambio climático y relaciones exteriores, consolidándose como una plataforma clave para la afirmación de la identidad y la autonomía latinoamericana en el siglo XXI.

Estas cuatro grandes iniciativas constituyeron los mayores logros de unidad latinoamericana en los doscientos años de historia de este proyecto. Estos espacios expresaron un salto cualitativo, en tanto la integración dejó de estar centrada exclusivamente en lo comercial para incorporar dimensiones políticas, sociales, sanitarias, de infraestructura, energéticas, militares y diplomáticas. Bajo el liderazgo de figuras como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Lula da Silva, Néstor y Cristina Kirchner, Fidel Castro, Tabaré Vázquez, José “Pepe” Mujica y Fernando Lugo, entre otros, la región avanzó en la construcción de mecanismos propios de resolución de conflictos, incluyendo la mediación en crisis internas, la coordinación en materia de defensa y la promoción de políticas de cooperación energética y social.

En ese contexto, América Latina ensayó una forma de articulación que buscó afirmar su soberanía frente a las potencias globales, recuperar márgenes de decisión autónoma y proyectarse como un actor con voz propia en el escenario internacional. Aunque este ciclo enfrentó posteriormente límites y retrocesos, dejó como legado la demostración concreta de que la unidad regional puede constituirse en una herramienta efectiva para ampliar la capacidad de acción de los Estados y fortalecer la posición de los pueblos latinoamericanos en el mundo.

Cabe destacar que esta avanzada unionista de comienzos del siglo XXI no habría sido posible sin el profundo giro geopolítico de Brasil, gestado de manera gradual a lo largo de más de un siglo. Se trata de una transformación decisiva, dada la gravitación económica, territorial y demográfica del país en el conjunto latinoamericano. Durante buena parte del siglo XIX, Brasil atravesó un extenso período monárquico en el que una aristocracia de origen europeo —estrechamente vinculada a las casas reales de Portugal, el Reino Unido, Alemania y Austria, entre otras— mantuvo al país relativamente ajeno a los proyectos unionistas hispanoamericanos. De hecho, no participó en ninguno de los congresos latinoamericanos de la época y terminó convirtiéndose en uno de los principales protagonistas del genocidio contra el Paraguay.

Con el advenimiento de la república en 1889, y de manera gradual a lo largo del siglo XX, los gobiernos brasileños comenzaron a involucrarse cada vez más en distintas iniciativas de integración regional, como el ABC, la ALALC y el Mercosur. Ya en el siglo XXI, bajo las presidencias de Luiz Inácio Lula da Silva, Brasil pasó a ocupar un lugar clave en la ampliación del Mercosur y en la creación de la UNASUR y la CELAC. De hecho, el cambio de orientación política impulsado tras la llegada al gobierno del Partido de los Trabajadores en 2003 marcó un punto de inflexión en la política exterior brasileña. Bajo la dirección del canciller Celso Amorim, además de fortalecer la inserción de en las iniciativas regionales, Brasil desplegó una proyección geopolítica hacia el África y los BRICS, expresando una novedosa orientación hacia el Sur Global.

Contraofensiva y crisis del unionismo

A partir de la segunda mitad de la década de 2010, los procesos de integración regional latinoamericana ingresaron en una etapa de marcada crisis y reconfiguración. Este escenario estuvo asociado, en gran medida, al retorno de gobiernos de orientación neoliberal en varios países de la región, lo que implicó un cambio sustantivo en las prioridades de política exterior. Dicho giro se expresó en una reorientación hacia esquemas de inserción internacional alineados con Estados Unidos y con los organismos financieros multilaterales, en detrimento de las iniciativas de articulación autónoma que habían ganado impulso durante la década previa, especialmente en el marco de los gobiernos nacionales y populares.

En este contexto, comenzaron a fortalecerse o a adquirir mayor visibilidad espacios de coordinación política y económica de carácter más restrictivo y funcional a una lógica de apertura comercial. Entre ellos se destaca la Alianza del Pacífico, nacida en 2011 con participación de Chile, Colombia, México y Perú, como un esquema de integración orientado prioritariamente al libre comercio, la inserción en mercados globales y el acercamiento estratégico a Estados Unidos.

En paralelo, la UNASUR atravesó un proceso progresivo de vaciamiento institucional. Diversos países suspendieron su participación, retiraron financiamiento o promovieron la creación de mecanismos alternativos, lo que debilitó de manera sustancial su funcionamiento. La parálisis del organismo no respondió únicamente a desacuerdos ideológicos coyunturales, sino también a una pérdida más estructural de voluntad política para sostener mecanismos de coordinación regional en materia de defensa, infraestructura y resolución de conflictos. De este modo, UNASUR, que había sido uno de los principales intentos de institucionalización de la autonomía regional, quedó progresivamente marginada del escenario político sudamericano.

De manera simultánea, la CELAC también atravesó un período de debilitamiento, caracterizado por una menor frecuencia de reuniones, una limitada capacidad de iniciativa política y dificultades para sostener agendas comunes entre sus miembros. No obstante, la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en México en 2018, de Xiomara Castro en Honduras y de Gustavo Petro en Colombia, ambos en 2022, sumada a la continuidad de gobiernos vinculados al ciclo anterior —como los de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia—, así como al retorno del peronismo en Argentina entre 2019 y 2023 y del Partido dos Trabalhadores al gobierno de Brasil en 2023, permitió preservar el organismo y evitar un proceso de desarticulación similar al experimentado por UNASUR. Dentro de este nuevo impulso unionista, cobraron especial relevancia las declaraciones realizadas por Gustavo Petro en 2025 y 2026, en las que convocó a recrear la Gran Colombia de Bolívar “como ejemplo para América Latina y el Caribe”, sobre la base de una “confederación de naciones que respete la autonomía regional y la diversidad étnica y cultural de los pueblos”. Con ello, retomaba explícitamente el ideario confederal proyectado en el Congreso de Panamá.

Por su parte, la ALBA vio reducida su influencia regional en un contexto de crisis económica y de cambios políticos internos en algunos de sus Estados miembros, en especial en Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. La caída de los precios internacionales del petróleo, el deterioro de la economía venezolana y la disminución de los recursos destinados a la cooperación regional afectaron severamente iniciativas como Petrocaribe y otros mecanismos de financiamiento impulsados por Caracas. Al mismo tiempo, la desaparición de Chávez y luego de Fidel Castro debilitó el liderazgo político e ideológico que había sostenido al bloque durante su etapa de expansión, restringiendo su capacidad de proyección y coordinación hasta acercarlo a una situación de virtual inactividad. Este proceso se desarrolló, además, en el marco de una persistente ofensiva injerencista de Estados Unidos sobre la región y particularmente sobre Venezuela, que alcanzó un punto crítico con el bombardeo de territorio venezolano y una incursión militar terrestre que secuestró al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero del 2026. Agresión imperial que produjo decenas de muertos venezolanos y cubanos.

Este proceso de fragmentación y debilitamiento estuvo acompañado por la emergencia de nuevos espacios de articulación, como el Grupo de Lima, que expresaron una reconfiguración más amplia del mapa político regional en clave de polarización. El Grupo de Lima, conformado en 2017 y activo hasta 2021, se configuró como un espacio diplomático de coordinación con una postura crítica hacia el gobierno venezolano y, más ampliamente, hacia los gobiernos identificados con el ciclo progresista regional. En espejo y contrapunto ideológico con el alineamiento de presidentes de la primera década del siglo, se articularon ahora gobiernos como los de Pedro Pablo Kuczynski en Perú, Mauricio Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil, Sebastián Piñera en Chile e Iván Duque en Colombia, que promovieron el desmantelamiento de los avances unionistas alcanzados en las décadas previas y reorientaron a la región hacia una renovada subordinación geopolítica a Estados Unidos.

En conjunto, estos dispositivos y tendencias pueden ser leídos como parte de un movimiento de reconfiguración del regionalismo en clave pro-estadounidense, pro-libre comercio y, en muchos casos, crítica o directamente hostil a las experiencias políticas asociadas al ciclo postneoliberal. La crisis de los proyectos unionistas evidenció tanto la fragilidad de los avances en integración regional cuando no logran consolidarse como políticas de Estado sostenidas en el tiempo, como la persistencia de una tensión estructural entre dos modelos de regionalismo: uno orientado a la autonomía política, la cooperación sur-sur y la construcción de márgenes de soberanía regional; y otro vinculado a la apertura económica, la inserción subordinada en la globalización y el alineamiento estratégico con el poder hegemónico de Washington.

Un papa latinoamericano

En contraste con el ciclo de repliegue y fragmentación de los proyectos de integración regional en América Latina durante la segunda mitad de la década de 2010, emergió en 2013 la figura del Papa Francisco, cuya voz reintrodujo y resignificó la tradición latinoamericanista desde una perspectiva simultáneamente ética, espiritual y con implicancias geopolíticas. En su discurso en el II Encuentro Mundial de Movimientos Populares, realizado en Bolivia en 2015 afirmó:

“En estos últimos años, después de tantos desencuentros, muchos países latinoamericanos han visto crecer la fraternidad entre sus pueblos. Los gobiernos de la Región aunaron esfuerzos para hacer respetar su soberanía, la de cada país, la del conjunto regional, que tan bellamente, como nuestros padres de antaño, llaman la “Patria Grande” (…). Mantener la unidad frente a todo intento de división es necesario para que la región crezca en paz y justicia. A pesar de estos avances, todavía subsisten factores que atentan contra este desarrollo humano equitativo y coartan la soberanía de los países de la “Patria Grande” y otras latitudes del planeta. El nuevo colonialismo adopta diversas fachadas. A veces, es el poder anónimo del ídolo dinero: corporaciones, prestamistas, algunos tratados denominados «de libre comercio» y la imposición de medidas de «austeridad» que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres”.

Ese discurso fue al inicio de su papado. Años después, en 2022, ya cerca de su final y en un clima ideológico completamente distinto, igualmente reafirmó el ideal de unidad: “Latinoamérica todavía está en ese camino lento, de lucha, del sueño de San Martín y Bolívar por la unidad de la región. Siempre fue víctima, y será víctima hasta que no se termine de liberar, de imperialismos explotadores. (…) El sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, más allá de la ideología, con la soberanía. Esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana”.

Francisco afirmaba con ello que la unidad de América Latina no constituye únicamente una aspiración histórica inconclusa, sino una tarea vigente y necesaria frente a los desafíos contemporáneos del sistema internacional. En este marco, su mensaje puede interpretarse como una interpelación a retomar el horizonte de la integración regional en un contexto global marcado por la reemergencia de dinámicas unilaterales y de competencia entre grandes potencias, así como por la revitalización de lógicas históricamente asociadas a la Doctrina Monroe en sus formulaciones contemporáneas.

Frente a la erosión de las normas del derecho internacional y al avance de prácticas excluyentes en la política global, Papa Francisco plantea la necesidad de una “segunda independencia” de la Patria Grande, entendida como la capacidad de los pueblos latinoamericanos para afirmar colectivamente su soberanía y contribuir a la construcción de un orden mundial más equilibrado. Esta perspectiva dialoga, a su vez, con la concepción de Simón Bolívar sobre el “equilibrio del universo”, según la cual la estabilidad internacional depende de la existencia de múltiples polos de poder capaces de limitar toda pretensión hegemónica.

El latinoamericanismo del Papa se nutre, en gran medida, de su experiencia pastoral en la región y de su vínculo con los debates del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM), desde donde se ha impulsado una lectura de América Latina como una reserva espiritual, cultural y social frente a la expansión de la denominada “cultura del descarte”. En esta línea, Francisco reivindica la religiosidad popular, la centralidad de los pobres y la justicia social como pilares fundamentales de una integración auténtica, que no puede reducirse exclusivamente a dimensiones comerciales o económicas, sino que debe estar fundada en la dignidad integral de los pueblos.

De este modo, la propuesta de Francisco articula dimensiones pastorales, sociales y políticas, proponiendo una unidad latinoamericana que no solo fortalezca la autonomía regional, sino que también contribuya a la construcción de un mundo más justo y plural, “donde quepan todos los mundos”. Esta perspectiva se inscribe en continuidad con las luchas históricas de los pueblos del continente y expresa, al mismo tiempo, una vocación universal de fraternidad, justicia social y cuidado de la “casa común”.

Geopolítica multipolar y el proyecto de la unidad

La actual reconfiguración de la geopolítica mundial vuelve a situar a América Latina en una posición de particular vulnerabilidad, pero también de renovada relevancia estratégica. En este escenario, Estados Unidos procura reafirmar su influencia sobre la región, en continuidad con una tradición histórica asociada a la Doctrina Monroe, que adquiere nuevas formas en el marco de iniciativas recientes orientadas a reforzar el injerencismo político, económico y estratégico, especialmente durante la administración de Donald Trump. Complementariamente a estas dinámicas, resurgen periódicamente los “cantos de sirena” del alineamiento automático con Washington, un camino ya transitado que, lejos de traducirse en desarrollo autónomo, ha derivado de modo recurrente en dependencia estructural, endeudamiento externo, conflictividad social e inestabilidad política.

Sin embargo, el contexto internacional contemporáneo —marcado por tendencias hacia una mayor multipolaridad, la consolidación de nuevas potencias y la expansión de espacios como los BRICS+— abre también márgenes de maniobra para América Latina. Estas transformaciones podrían habilitar oportunidades para diversificar vínculos externos, fortalecer capacidades estatales y reposicionar a la región en el sistema global desde una lógica menos subordinada. No obstante, la posibilidad de aprovechar estas ventanas de oportunidad depende de un elemento central: la capacidad de revisar críticamente la propia trayectoria de los proyectos de integración regional a lo largo de más de dos siglos de vida supuesta y formalmente independiente.

En efecto, si bien el peso de las dinámicas imperiales y neocoloniales ha sido determinante en la fragmentación latinoamericana, no resulta suficiente explicar las dificultades de la integración únicamente desde factores externos. Es necesario reconocer también las limitaciones internas de los propios procesos regionales: debilidades conceptuales, discontinuidades políticas y déficits institucionales que han obstaculizado la consolidación de proyectos sostenidos en el tiempo. En numerosos casos, los avances en materia económica —como los impulsados por el Mercosur— no fueron acompañados por estrategias equivalentes en los planos cultural, educativo, científico e institucional, que permitieran consolidar una verdadera comunidad política regional.

Algo similar puede observarse en experiencias como el Parlamento del Mercosur (Parlasur), cuyo desarrollo ha estado atravesado por restricciones significativas. Si bien constituye un intento relevante de avanzar hacia formas más complejas de institucionalidad supranacional, su alcance ha sido limitado: la implementación desigual de la elección directa de sus representantes y la ausencia de competencias legislativas vinculantes han reducido su capacidad efectiva de incidir en la agenda regional. Con todo, su existencia expresa la persistencia de una aspiración por dotar de mayor densidad democrática a los procesos de integración.

Este cuadro de debilidades se ve favorecido por dos dimensiones estrechamente vinculadas entre sí, cuya incidencia se ha profundizado en la era de las tecnologías digitales y las plataformas: el nor-eurocentrismo epistémico y la colonialidad cultural.

En relación con la primera, resulta indudable que los sistemas universitarios, científicos y tecnológicos han desempeñado un papel limitado en su contribución al proyecto de unidad latinoamericana, pese a su enorme potencial como motor de integración regional. Las instituciones de educación superior, así como buena parte de los organismos científico-tecnológicos, continúan dominados por una matriz de pensamiento que privilegia agendas, marcos teóricos y criterios de legitimación provenientes del Norte Global. Junto a las persistentes formas de eurocentrismo, resulta necesario considerar también el peso del imperialismo cultural estadounidense y de un “panamericanismo epistémico” profundamente naturalizado en los ámbitos intelectuales, universitarios, políticos y mediáticos de América Latina.

Esta orientación se expresa tanto en los contenidos de la enseñanza como en las políticas de investigación y evaluación académica y en la configuración de los vínculos científicos, frecuentemente dirigidos hacia Europa y Estados Unidos antes que hacia los países de la propia región o del Sur Global. Como consecuencia, se debilitan las posibilidades de construir agendas compartidas de conocimiento y procesos de integración intelectual desde una perspectiva latinoamericana autónoma.

En cuanto a lo segundo, el peso persistente de la colonialidad cultural dificulta reconocer la densa y multisecular trama histórica que articula a nuestros pueblos más allá de la fragmentación estatal y de los límites impuestos por las repúblicas semicoloniales. Las identidades nacionales —construidas en clave dependiente y de espaldas a la región— tienden así a debilitar la percepción de pertenencia a una comunidad histórica latinoamericana más amplia. A ello se suma que, en la era de la globalización y la virtualidad, incluso las referencias nacionales se han visto desplazadas por imaginarios culturales homogeneizados y centrados en el Norte global. Las industrias culturales y buena parte de los símbolos de prestigio y aspiración colectiva aparecen crecientemente asociados a universos culturales lejanos, vinculados al entretenimiento globalizado y a las grandes corporaciones mediáticas. De este modo, se debilitan tanto los lazos de identificación regional como las posibilidades de construir narrativas comunes latinoamericanas.

En ambos planos existen condiciones que podrían potenciarse para apuntalar, en el terreno intelectual y cultural, procesos más profundos de integración regional. Los crecientes flujos de personas vinculados a la educación superior y la investigación académica constituyen una oportunidad para fortalecer un ideario latinoamericanista y promover mayores niveles de intercambio y conocimiento mutuo entre las sociedades de la región. Asimismo, los intensos movimientos migratorios intrarregionales configuran experiencias compartidas que ponen de manifiesto la existencia de profundos lazos históricos, culturales, lingüísticos y religiosos. Lejos de tratarse únicamente de dinámicas académicas o demográficas, estos procesos contribuyen a reforzar una base material y simbólica común sobre la cual podría asentarse una identidad latinoamericana más sólida.

Sobre ese cimiento, resulta imprescindible consolidar un sentimiento latinoamericanista sólido y una demanda social sostenida en favor de la unidad regional. Solo a partir de una conciencia colectiva arraigada acerca de la pertenencia a una comunidad histórica, cultural y política común será posible otorgar estabilidad y continuidad a los procesos de integración. En efecto, la experiencia histórica latinoamericana muestra que los proyectos integracionistas impulsados exclusivamente desde las élites políticas o gubernamentales tienden a ser frágiles y vulnerables frente a los cambios de ciclo político e ideológico. Por el contrario, una integración asentada en consensos sociales amplios y en una identidad regional compartida podría generar las condiciones para sostener dichos procesos en el largo plazo, limitando las posibilidades de desarticulación y fortaleciendo la capacidad de los pueblos latinoamericanos para actuar de manera coordinada frente a los desafíos globales.

En este marco, la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá se presenta como una oportunidad para reabrir estas discusiones desde una perspectiva crítica y propositiva. Más que un ejercicio conmemorativo, puede constituirse en un punto de inflexión para repensar los desafíos de la integración y la unidad latinoamericana en el siglo XXI, reconociendo simultáneamente las presiones externas y las limitaciones internas. Desde allí, el horizonte de la unión confederal de Nuestra América deja de ser una consigna retórica para afirmarse como una necesidad estratégica, vinculada tanto al desarrollo autónomo, la justicia social y la liberación como a la construcción de mayores niveles de soberanía y capacidad de acción colectiva en un mundo crecientemente multipolar.

Last modified: 24 de mayo de 2026