Estrategia para la reconstrucción del Proyecto Nacional

Frente a la fragmentación política, social y económica que atraviesa nuestro país, resulta indispensable volver a pensar la estrategia. Este documento del CENAC propone un diagnóstico del contexto actual y una serie de lineamientos para impulsar la reconstrucción de un proyecto nacional, con una perspectiva de largo plazo y orientada al desarrollo, la soberanía y la unidad del pueblo argentino. Una invitación a debatir las ideas que pueden orientar el futuro de la Nación.

Cita recomendada: Centro de Estrategia Nacional (CENAC). (2026, 22 de julio). Estrategia para la reconstrucción del Proyecto Nacional [Documento institucional].

Introducción

Luego del primer documento del CENAC, estableciendo nuestra posición en cuanto a la Política Exterior -o, más precisamente, de la política argentina en el sistema mundial-, es importante resolver la siguiente pregunta: ¿quiénes y de qué manera llevarán adelante la transformación necesaria para alcanzar nuestra soberanía nacional?

En este segundo documento, el CENAC busca aportar elementos para una reflexión estratégica sobre la construcción de sujetos políticos capaces de impulsar un proyecto nacional, popular y latinoamericano en el contexto contemporáneo. Frente a enfoques que reducen la política a disputas discursivas o a meras dinámicas institucionales, se propone recuperar una perspectiva centrada en las relaciones de fuerza, los proyectos históricos y las formas de organización popular.

Como en todos los procesos de avanzada del imperialismo y sus aliados locales, el pueblo resiste (con mayor o menor visibilidad según las circunstancias). Sin embargo, advertimos con preocupación la falta de una dirigencia consciente de que las mayorías populares deben trascender la resistencia fragmentaria para constituirse en una fuerza política integral, capaz de disputar y ejercer la conducción política y social.

El CENAC se propone ser una herramienta para impulsar un proceso cada vez más necesario: dar el salto a la política. Pasar de la espontaneidad y la inmediatez a la organización permanente; formar cuadros integrales capaces de comprender la realidad y el lugar que ocupamos en ella; elaborar un programa que exprese el proyecto político-estratégico de las clases populares; y traducirlo en una práctica transformadora.

Ante la inevitabilidad de los próximos procesos electorales, resulta fundamental señalar que, mientras no se abandonen las concepciones meramente electoralistas y las elecciones no sean comprendidas como una dimensión de una lucha política integral, es muy probable que los frentes nacionales y populares vuelvan a fracasar.

En ese sentido, al igual que en el documento anterior, proponemos “salir por arriba” de la falsa dicotomía que concibe la participación del pueblo en los procesos políticos en forma meramente pasiva, bajo la disputa entre inclusión o exclusión. A diferencia de ambos polos de la democracia liberal, el movimiento nacional y popular siempre ha concebido al pueblo como un sujeto activo y necesario en la construcción de los procesos políticos, llamándole a ese equilibrio entre derechos y responsabilidades “justicia social”.

La concepción predominante durante la última etapa del movimiento nacional en la Argentina identificó al militante como sujeto político privilegiado y al Estado como ámbito excluyente de la transformación. Esa visión resulta equivocada por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque no se corresponde con la experiencia histórica de nuestro movimiento nacional. En segundo lugar, porque dificulta la elaboración de un proyecto verdaderamente transformador, al subordinar su capacidad de cambio a las instituciones y condiciones del orden existente, en lugar de orientarla hacia la construcción de un nuevo poder político y social.

El modelo político del movimiento nacional y popular, formulado ya a mediados del siglo XX en La Comunidad Organizada, concibe al pueblo como sujeto -y no objeto- de la política. Lo reconoce, simultáneamente, como sujeto de derechos y como protagonista central de la transformación de la realidad. Eso es, precisamente, la justicia social: el dar a cada persona su derecho en función del bien común, reconociendo no solo sus derechos, sino también sus responsabilidades con la comunidad organizada. La justicia social no consiste únicamente en garantizar derechos individuales, sino en integrar a cada persona en un proyecto colectivo del que es, al mismo tiempo, beneficiaria, protagonista y responsable.

Ese modelo es completamente antagónico al estatismo. Mientras éste deposita el centro de la acción política en las instituciones del Estado, sin problematizar las relaciones de poder que las sustentan, aquel sitúa el núcleo de la transformación en las Organizaciones Libres del Pueblo y en los cuadros políticos, entendidos como los verdaderos agentes de la construcción de poder social.

Desde esta perspectiva, la relación entre organización popular y gobierno debe comprenderse de manera dialéctica. La conquista institucional constituye una condición necesaria, pero nunca suficiente, para impulsar un proceso de transformación. Aun cuando un proyecto nacional alcance el gobierno, su capacidad para producir cambios estructurales dependerá del grado de organización, conciencia y movilización del pueblo. Sin una fuerza popular organizada que sostenga, oriente y profundice ese proceso, las posibilidades de transformación se reducen considerablemente.

El Centro de Estrategia Nacional se piensa desde ese lugar: un espacio que aporte a la construcción de una alianza popular amplia, consciente de su misión histórica, que organice al pueblo, acumule poder social y consolide formas de poder popular capaces de orientar al Estado y conducir la transformación de la sociedad en su conjunto.

Sujeto y proyecto nacional

Los procesos históricos no se producen de manera espontánea ni automática. Son impulsados por sujetos político-sociales concretos, capaces de formular, organizar y conducir un proyecto histórico. Detrás de toda revolución, de toda transformación nacional o de todo cambio profundo del orden social existe una fuerza organizada que disputa el poder y orienta el rumbo de la sociedad.

Esas fuerzas no son entidades abstractas ni el resultado mecánico de las condiciones estructurales. Están constituidas por grupos sociales, clases y fracciones de clase que, en función de sus intereses, actúan, se organizan y confrontan dentro de relaciones de poder históricamente determinadas.

Por ello, así como la historia no puede explicarse como el mero resultado de la acción de los sujetos, tampoco puede comprenderse únicamente a partir de factores económicos, tecnológicos o institucionales. El devenir histórico surge de la interacción entre las condiciones objetivas de cada época y la acción de los sujetos político-sociales que emergen de esa realidad y actúan sobre ella para transformarla.

En consecuencia, es la composición social del sujeto político la que determina las características fundamentales del orden que se construye: el modelo económico, las relaciones de producción, la forma del Estado e incluso la estrategia geopolítica. No es indiferente qué fuerza social conduce un proceso histórico, porque cada sujeto organiza la sociedad de acuerdo con sus intereses, su visión del mundo, sus mediaciones ideológico-políticas y culturales, y el proyecto histórico que representa.

Esta caracterización del funcionamiento de la realidad social nos permite superar una concepción voluntarista de la política, según la cual los procesos históricos dependerían, fundamentalmente, de la voluntad de los individuos o, en particular, de los dirigentes. La acción política no se explica por las decisiones aisladas de las personas, sino por su inserción en fuerzas sociales concretas. Los individuos actúan políticamente en tanto miembros, representantes o mediadores de esas fuerzas, expresando -con mayor o menor grado de conciencia- sus intereses, aspiraciones y límites históricos.

Desde esta perspectiva, los procesos populares son siempre anteriores a su cristalización institucional. Las grandes experiencias políticas no nacen exclusivamente del Estado ni de los liderazgos individuales, sino de procesos previos de organización, acumulación de fuerzas y construcción de conciencia desarrollados en el territorio y en las luchas cotidianas. Es la fuerza popular organizada la que, posteriormente, puede proyectarse en movimientos políticos, conquistar el gobierno, transformar el Estado o dar origen a nuevas instituciones.

La afirmación de que “había peronismo antes de Perón” sintetiza con claridad esta idea. Antes de su expresión político-institucional existía ya un proceso de acumulación social y política en las clases trabajadoras y en diversos sectores nacionales que hizo posible el surgimiento del movimiento peronista. El liderazgo no crea ese sujeto histórico; lo expresa, lo organiza y le otorga una forma política capaz de disputar el poder.

En ese sentido, el liderazgo político debe entenderse como la condensación de un proceso histórico más amplio y no como el producto de una voluntad individual aislada. Su fuerza no reside únicamente en las cualidades personales del conductor, sino, sobre todo, en su capacidad para interpretar, unificar y conducir las aspiraciones de las fuerzas sociales que representa.

Finalmente, podemos hablar de un sujeto político en sentido pleno cuando se produce lo que denominamos el “salto a la política”: el pasaje de la reivindicación sectorial e inmediata a la disputa por la orientación general de la sociedad. No basta con resistir determinadas políticas ni con defender intereses parciales. El desafío consiste en construir una fuerza capaz de intervenir en el ámbito donde se definen las orientaciones estratégicas del Estado y del proyecto nacional.

Ese salto implica trascender la lógica de la demanda para asumir la responsabilidad de la conducción. Supone modificar la correlación de fuerzas sociales con el propósito de que un proyecto político pueda acceder al gobierno, cristalizarse institucionalmente, desplegar un programa de transformación y generar nuevas formas de organización social que consoliden un nuevo orden histórico.

Es en ese momento cuando el sujeto adquiere conciencia política, forma cuadros dirigentes, construye alianzas y elabora un programa de transformación para los distintos planos de la vida nacional -institucional, territorial, social, cultural, económico y geopolítico-. Sólo entonces está en condiciones de intervenir históricamente como un verdadero sujeto transformador.

Para que ello sea posible, para que el salto a la política se produzca de manera consciente, resulta indispensable la formación de cuadros integrales. Estos no deben concebirse como meros especialistas técnicos o administradores, sino como dirigentes políticos cuya legitimidad surge de su participación en las luchas y en los procesos de organización del pueblo. Su función consiste en articular las problemáticas particulares de cada sector con una estrategia general orientada al bien común y al proyecto histórico de la Nación.

El CENAC nace, precisamente, porque ese proceso no puede producirse de manera espontánea ni reducirse a una elaboración puramente teórica. Sin instancias sistemáticas de formación, discusión y organización, los seres humanos quedan subordinados al sentido común dominante o a una formación individual y fragmentaria, más propia del intelectualismo del “saber por el saber mismo” que de una formación política orientada a la transformación de la realidad.

La conducción política no puede reducirse a una cuestión técnica, administrativa, económica o de marketing. Es el resultado de un proceso de formación integral, de la experiencia concreta en la organización del pueblo y de la capacidad para interpretar correctamente la realidad, definir una línea política adecuada y conducir la acumulación de fuerzas en función de un proyecto nacional.

Proyecto, programa y desarrollo

Ese proceso de organización popular, para constituirse verdaderamente en la expresión de una estrategia consciente conducida por cuadros políticos, debe orientarse por un horizonte estratégico y articular un conjunto de objetivos tácticos que permitan avanzar hacia su realización.

Tanto en el ámbito nacional como en el internacional, abundan términos que suelen invocarse como metas de la acción política (como proyecto, programa o desarrollo). Sin embargo, la reiteración acrítica de estas nociones, impulsada por el sentido común dominante, ha terminado por vaciarlas de contenido. Convertidas en consignas o lugares comunes, dejan de funcionar como categorías capaces de orientar la acción política y pasan a operar como fórmulas retóricas desprovistas de verdadero significado.

Cuando se habla de “programa”, “proyecto” o “desarrollo”, nunca se lo hace desde un lugar neutral. Esas categorías siempre expresan una determinada concepción política y responden a los intereses del sujeto social que las formula. No existe, por tanto, un modelo de desarrollo válido en abstracto: toda forma de organización económica, social e institucional refleja los intereses, los valores y los objetivos de las fuerzas sociales que la impulsan.

Por ello, comprender qué sujeto conduce un proceso histórico resulta indispensable para entender qué tipo de sociedad se pretende construir. Del mismo modo, toda fuerza política debe ser capaz de reconocer con claridad cuáles son los intereses objetivos que expresa y representa. Solo a partir de esa comprensión puede identificar las posibilidades y los límites de su acción, definir una estrategia coherente y desarrollar una línea política capaz de sostener un proyecto histórico de transformación.

Lo mismo ocurre en el ámbito de la política exterior. Conceptos tan utilizados por todo el espectro político como “inserción”, “cooperación” o incluso “integración” nunca son neutros: expresan siempre una determinada concepción del sistema internacional y de los intereses nacionales que se busca representar.

Por ello, detrás de esa terminología se encuentran fuerzas sociales y proyectos históricos que disputan el sentido de esos conceptos y, con ello, la hegemonía política. Los cambios en la hegemonía mundial no son meros desplazamientos entre Estados, sino la expresión del ascenso y la declinación de sujetos histórico-sociales con capacidad para organizar nuevas formas de producción, de poder y de articulación territorial. Las potencias emergentes se expanden en la medida en que logran estructurar un orden más dinámico y eficaz para sus intereses y construir consensos capaces de proyectarlo sobre el sistema internacional.

La llamada “trampa de Tucídides” también es reinterpretada desde esta perspectiva. Las guerras y crisis internacionales no derivan solamente del crecimiento desigual entre potencias, sino del ascenso de nuevas fuerzas sociales capaces de impulsar formas más dinámicas de organización económica y política. Los cambios geopolíticos son, al mismo tiempo, transformaciones sociales internas.

Sin ir más lejos, la emergencia china en la actualidad en tanto rival sistémico del bloque angloestadounidense, no puede ser entendida como un “simple reemplazo de hegemón”, en tanto se encuentra encarnado por un sujeto social completamente antagónico y, por eso, encarna tanto en el interior como en su política exterior un nuevo modo de producción que ha logrado formas innovadoras y más eficientes de coordinación de los factores económicos y políticos.

En consecuencia, la cuestión del desarrollo está inseparablemente unida a la lucha entre proyectos político-estratégicos. Cada proyecto expresa intereses sociales concretos y propone una determinada forma de inserción internacional, un tipo de Estado y un modelo de acumulación económica. La disputa por el desarrollo es, en última instancia, una disputa por quién conduce la sociedad y con qué horizonte histórico.

El concepto de proyecto político-estratégico permite, entonces, pensar la política como una lucha histórica por la conducción de la sociedad. Las disputas electorales, institucionales y culturales forman parte de enfrentamientos más profundos entre modelos de país, alianzas sociales y horizontes civilizatorios diferentes.

Un proyecto político-estratégico constituye la articulación de fuerzas sociales, económicas, culturales e ideológicas en torno a una propuesta integral de organización de la sociedad. No se reduce a un programa electoral ni a un conjunto aislado de políticas públicas, sino que implica una orientación histórica capaz de definir un modelo económico, una forma de Estado, una identidad cultural y una estrategia de inserción internacional. Por eso, detrás de cada modelo económico existe una alianza social que lo sostiene y le da dirección política.

La forma de cristalización de ese proyecto político-estratégico es, precisamente, el programa. Al igual que con los términos anteriores, es una palabra repetida hasta el hartazgo por todas las fuerzas políticas, pero que solo adquiere real encarnadura cuando se construye en la práctica y logra expresar de forma objetiva el proyecto político-estratégico de una determinada fuerza político-social.

Un programa no consiste únicamente en una suma de consignas o reivindicaciones coyunturales, sino en una propuesta integral sobre cómo organizar la economía, el Estado, la educación, la salud, la cultura, la ciencia, la tecnología, el trabajo y la vida social en su conjunto.

No surge exclusivamente del plano intelectual o académico, sino de procesos de organización, conflicto y acumulación política desarrollados en distintos territorios y ámbitos sociales. La práctica social constituye el punto de partida desde el cual se producen diagnósticos, críticas y propuestas de transformación. Ello no necesariamente quiere decir que se traduzca en un “plan”, ya que ello depende del grado de formalización que se le dé.

La dimensión organizativa resulta inseparable de la elaboración programática. Las ideas sólo adquieren eficacia histórica cuando logran convertirse en fuerza político-social organizada. Por eso, la construcción de organización no es un aspecto secundario, sino la condición necesaria para que un proyecto político pueda intervenir efectivamente en la realidad y disputar el poder. La organización política implica articular distintos espacios de militancia y representación social, tales como sindicatos, movimientos territoriales, centros estudiantiles, cooperativas, grupos de empresarios, asociaciones profesionales, colectivos de la cultura y el arte, y organizaciones comunitarias y religiosas, entre otros.

En consecuencia, programa y organización forman una unidad inseparable. El programa otorga orientación estratégica y sentido histórico; la organización convierte esas ideas en capacidad concreta de acción política y transformación social. La unidad popular, fundamental para poder llevarlo adelante, no surge espontáneamente, sino que implica un trabajo político de articulación capaz de transformar demandas particulares en una voluntad colectiva con capacidad de intervenir sobre el conjunto de la organización social.

La des-corporativización ocupa un lugar central en esta perspectiva. Los distintos sectores populares no abandonan sus reivindicaciones específicas, sino que las subordinan a un proyecto político general.

En este punto, la propuesta se diferencia de la teoría de la articulación hegemónica de Ernesto Laclau. Mientras que para Laclau la unidad del campo popular se construye discursivamente mediante un significante vacío que articula una cadena de equivalencias entre demandas heterogéneas, aquí la unidad no depende primordialmente de una operación de representación discursiva, sino de un proceso político por el cual las demandas sectoriales convergen hacia un proyecto nacional compartido. En nuestra visión, las particularidades no son absorbidas por una universalidad vacía, sino que, mediante un movimiento analógico, reconocen en las demandas de los otros una dimensión común que permite construir un horizonte político compartido. Así, la universalidad no surge de que una demanda particular represente al conjunto, sino del reconocimiento de que la realización de los intereses de cada sector depende de la concreción de un bien común superior expresado en el proyecto nacional.

La construcción de una articulación nacional-popular no es solamente organizativa o electoral; también implica la elaboración de una identidad política colectiva. La unidad surge de la creación de sentidos compartidos, valores comunes y una narrativa capaz de integrar experiencias sociales diversas dentro de un mismo proyecto histórico.
Ese es el espíritu del CENAC: construir un espacio de encuentro que pueda pensar lo estratégico, sin anular las partes que lo integran y respetando sus representaciones sectoriales. Ampliando y uniendo, no reduciendo ni fraccionando. Integrando la diversidad en una totalidad, como nos enseñó Francisco, en forma de “poliedro”. De este tipo de construcciones depende la capacidad de impulsar un proyecto realmente nacional y popular.

¿Cómo entender lo político? Los límites del institucionalismo

Más allá de las categorías teóricas, queda definir lo más importante: ¿cómo se materializa, en términos prácticos, un proyecto político-estratégico? ¿Cómo es el proceso de articulación de una fuerza social y la construcción de una nueva identidad política?

Para responder esto, es importante entender que la relación entre las instancias particulares de lucha y el proyecto estratégico -es decir, entre lo espontáneo y lo permanente, entre lo económico corporativo y lo político integral, entre los frentes sociales y lo estratégico-, es dialéctica. Al igual que ocurre con la teoría y la práctica, una se retroalimenta de la otra, y se van construyendo en una relación que no anula a ninguna de las dos.

Son dos momentos necesarios de la construcción, que necesariamente resulta contradictoria, pero que puede resultar muy negativa si se desarrolla en términos antagónicos: cuando la política busca limitar y obturar los frentes sociales y gremiales -dirigirlos desde una jefatura institucional-, o cuando estos frentes caen en el economicismo, en el corporativismo o en el particularismo, dejando de lado una visión general (político-estratégica).

Fue precisamente la falta de ese elemento lo que significó el límite de la oleada de gobiernos nacional-populares de principios de siglo, de los cuales somos hijos en términos generacionales. Si bien es fácil responsabilizar por ello a la dirigencia, lo cierto es que esos límites fueron (y son) concepciones dominantes de las fuerzas políticas y sociales que sostenían ese proyecto, de los cuales las dirigencias son representantes en el sentido más estricto de la palabra.

La contradicción política entre un movimiento que, en su teoría, plantea la Comunidad Organizada; y, en su práctica, se vuelve estatista-institucionalista, tiene un profundo significado histórico. Y es el límite de nuestra fuerza política en disputar lo que se rompió luego de la dictadura de 1976. Esa derrota estratégica, que tomó la forma de posterior subordinación, borró de cuajo la posibilidad del movimiento nacional de plantearse como una alternativa revolucionaria, limitándose al reformismo y, por lo tanto, a los marcos del sistema que habían combatido y los había vencido.

Luego de esa derrota política, el retorno a la democracia quedó progresivamente enmarcado en un nuevo consenso entre las principales fuerzas partidarias, cuya expresión más acabada fueron el Pacto de Olivos, los Acuerdos de Madrid y la Reforma Constitucional de 1994. Ese consenso consolidó un nuevo sujeto de conducción política, la subordinación a la democracia liberal-partidocrática, la aceptación del modelo financiero-extractivista y el alineamiento político, económico y cultural con el Norte geopolítico.

En ese marco, la Comunidad Organizada, entendida como una concepción alternativa de la democracia fundada en el protagonismo del pueblo organizado, desapareció prácticamente del horizonte del debate político. Del mismo modo, la justicia social dejó de constituir el eje ordenador del debate económico, que pasó a reducirse a la dicotomía entre inclusión y exclusión, presentada como el único campo posible de discusión dentro de los límites del orden neoliberal.

Desde esta perspectiva, nos diferenciamos de cierta narrativa, extendida en amplios sectores de nuestro propio campo político, que interpreta al kirchnerismo como un fenómeno surgido casi por azar o “caído del cielo”. Por el contrario, entendemos que fue la expresión política de un cambio en la correlación de fuerzas gestado entre fines de la década de 1990 y comienzos de los años 2000.

Ese cambio fue el resultado de un proceso histórico de acumulación de luchas contra el neoliberalismo y el poder financiero, que articuló -de manera necesariamente contradictoria- a sectores del desarrollismo con amplias fuerzas del campo nacional y popular. A su vez, dicho proceso se inscribió en un contexto más amplio de cambio de época en América Latina y de inicio de una transición en la hegemonía mundial, que abrió nuevas posibilidades para la construcción de proyectos nacionales con mayores márgenes de autonomía.

El kirchnerismo, emergente de la lucha contra el menemismo -proceso que, a su vez, debe comprenderse en el marco de la derrota política del peronismo en 1976 y de la posterior reconfiguración global que permitió la consolidación de la hegemonía neoliberal bajo el liderazgo de figuras como Blair y Clinton- dio lugar a un ciclo político de carácter avanzado. Sin embargo, ese mismo proceso también estuvo atravesado por sus propios límites históricos.

La unificación de las luchas sectoriales contra la ofensiva neoliberal de las décadas de 1980 y 1990 alcanzó, como punto máximo de su desarrollo, la disputa por el control de las instituciones del Estado. No obstante, esa centralidad en lo institucional no logró interrogar en profundidad los límites del propio Estado -entendido aquí como el conjunto de normativas, aparatos de gobierno y su burocracia- ni problematizar su carácter como condensación de relaciones de poder.

En este sentido, las leyes, las políticas públicas y las instituciones estatales no son neutrales: cristalizan la correlación de fuerzas existente en un momento histórico determinado. El Estado puede entenderse como la condensación institucional de las relaciones de fuerza entre actores sociales y políticos en un momento histórico determinado. Es decir, no como una instancia neutral, sino como un entramado normativo, institucional y burocrático que cristaliza correlaciones de poder.

Si el Estado vigente es el resultado del predominio de la oligarquía financiera, portuaria y terrateniente sobre los sectores populares, y si la Constitución Nacional de 1994 expresa la institucionalización de la hegemonía neoliberal en su fase de mayor consolidación, cabe entonces interrogarse sobre las posibilidades reales de construir un proyecto político-estratégico nacional y popular desde esa misma institucionalidad.

Estos límites se expresaron en ciertos enfoques institucionalistas de gobierno que, aun impulsando determinadas políticas redistributivas o de ampliación de derechos, tendieron a preservar buena parte de la arquitectura normativa e institucional heredada del ciclo neoliberal, sin plantear la necesidad de una transformación estructural de sus fundamentos. En este marco, las transformaciones del Estado no pueden pensarse de manera aislada, sino como parte de la disputa entre proyectos sociales antagónicos.

En consecuencia, así como a un proyecto liberal le corresponde un determinado tipo de Estado liberal, también un proyecto nacional y popular requiere la construcción de formas estatales coherentes con su orientación histórica y con la correlación de fuerzas que lo sustenta.

Estas perspectivas liberales se expresaron en el predominio de la representación y en la primacía de lo político-institucional -erróneamente identificado con el Estado- por sobre la centralidad del sujeto. En ese marco, y en el contexto de un cambio en el orden mundial, el modelo de democratización del capitalismo periférico encontró sus límites hacia 2012, momento en el cual su propia arquitectura política resultó insuficiente para sostener el proceso en curso.

Hacer política, construir sujeto. El sujeto nacional-popular hoy

Ante la crisis manifiesta del movimiento nacional y popular, producto de un escenario de transición mundial que expone los límites del institucionalismo en el cual desarrollamos nuestro proyecto político, nos vemos, como militantes políticos, en la obligación de reconocer nuestros límites y proponer una salida superadora.

El aprendizaje del ciclo de gobiernos nacional-populares del período 2002-2025 es, precisamente, la limitación de la concepción institucionalista o liberal-estatal para llevar adelante y preservar un proyecto estratégico de transformación. En nuestra consideración, el horizonte final del proceso político al que buscamos contribuir es la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación.

La transformación no consiste únicamente en cambiar gobiernos o administrar de otro modo las instituciones existentes, sino en modificar las relaciones sociales, las formas de participación y los criterios mismos de organización de la vida colectiva. Esto solo puede consolidarse mediante la construcción de poder popular: que las mayorías sociales no se limiten a apoyar pasivamente a los dirigentes, sino que participen activamente en la organización de la vida política, territorial y comunitaria, entendiendo la política como una práctica colectiva de construcción social.

Es ahí donde se vuelve fundamental la cuestión del sujeto político de nuestro proyecto estratégico. ¿Cuál es el sector que tiene la capacidad de desarrollar cuadros dirigentes, construir alianzas con otros sectores y formular un programa y una práctica que transformen la correlación de fuerzas?

Para nosotros, es la clase trabajadora, aquella que reproduce la vida y transforma la realidad día a día. Sin embargo, dentro de esta concepción, la categoría de trabajadores adquiere un sentido amplio e integral: no se limita al obrero industrial clásico, sino que incorpora a todas las personas que viven de su trabajo y que se diferencian de quienes viven del trabajo ajeno. Es la piedra angular de la unidad estratégica, que se apoya en intereses vinculados a la producción, el mercado interno y la soberanía económica.

Esa articulación constituye, precisamente, una fuerza social que conocemos como “movimiento” o “pueblo”. No son solamente los trabajadores, en sentido amplio, quienes llevan adelante el proyecto estratégico, sino la alianza de distintos sectores que, al igual que ellos, se encuentran excluidos por el modelo de desarrollo neocolonial, el cual otorga privilegios a los sectores que actúan como garantes locales de la división internacional del trabajo, mientras relega a las grandes mayorías de la población a la administración de la miseria. La amplitud de esta definición busca superar visiones reduccionistas de clase y construir una unidad política más amplia entre distintas fracciones del campo popular.

La histórica alianza nacional-popular, a su vez, debe entenderse desde un sentido dinámico. Teniendo como regla que incluye a todos aquellos subordinados por las grandes corporaciones transnacionales y el poder financiero, la fuerte avanzada del bloque angloestadounidense sobre nuestra vida nacional tiende a incluir a sectores que, históricamente, pertenecían al “bando contrario”. A los pequeños y medianos empresarios de la producción industrial y agropecuaria y del comercio, hoy pueden incluirse una parte de los grandes empresarios, sectores tradicionales del agro, representantes de la banca nacional, etc.

También forman parte de esta articulación los movimientos identitarios que se inscriben dentro de lo nacional-popular: el movimiento de mujeres, de derechos humanos, religioso, ambientalista, entre otros. Solo de manera articulada en un proyecto transformador de fondo, las disputas sectoriales o identitarias pueden resolverse en un sentido estructural. Sin ese elemento y sin un sujeto transformador, no es posible construir una alternativa popular real, y la lucha queda limitada a acciones puntuales, gremiales o sectoriales dentro de la hegemonía neoliberal, que puede integrarlas sin modificar sustancialmente el sistema de dominación sobre los pueblos.

El escenario nacional que se abre para nuestra fuerza tras la victoria de Milei constituye una oportunidad para discutir en profundidad estas cuestiones. Su elección con el 55% de los votos expresa con claridad tanto los límites de nuestro propio proceso como la profundidad de la crisis del sistema político liberal-partidocrático. A su vez, la nueva decepción que su gestión de gobierno genera en amplios sectores de la sociedad abre una ventana de posibilidad para debatir y organizarnos desde otras bases.

Un proyecto político-estratégico se construye, justamente, en la práctica. Es en la acción política donde se observan los límites, se extraen conclusiones y se va delineando una nueva identidad superadora. Si bien los proyectos político-estratégicos son integrales, esto no anula las disputas que se expresan en el plano de lo espontáneo. La tarea de espacios como el CENAC no es negarlas, sino integrarlas y comprenderlas, en primer lugar, como parte de una disputa total; y, para ello, formarnos para comprender la naturaleza de esa disputa.

La tarea por realizar

La respuesta a los interrogantes iniciales no se encuentra en una fórmula inmediata ni en una solución puramente declarativa, sino en un proceso de construcción política sostenida en el tiempo. El escenario actual, tanto en la Argentina como a nivel internacional, confirma la vigencia de estas discusiones: la crisis de los sistemas de representación tradicionales, el agotamiento de los esquemas institucionalistas y la reconfiguración de la hegemonía global abren un período de incertidumbre, pero también de disputa abierta por la orientación de los procesos históricos.

En este contexto, la irrupción de nuevas fuerzas políticas y la reconfiguración de los alineamientos sociales expresan tanto la profundidad de la crisis como la persistencia de la demanda de representación y organización por parte de amplios sectores populares. Lejos de tratarse de un momento de cierre, nos encontramos ante una etapa de transición en la que se redefine la relación entre Estado, sociedad y sujetos políticos.

En el caso argentino, este escenario se expresa también en una profunda crisis de conducción del peronismo como principal tradición del movimiento nacional y popular. La dificultad para articular una estrategia común, la fragmentación de sus expresiones políticas y la oscilación entre el pragmatismo institucional y la ausencia de horizonte estratégico han debilitado su capacidad de constituirse en un polo de conducción estable. Esta crisis no es meramente coyuntural, sino que refleja los límites de un ciclo histórico y la necesidad de una reconfiguración que permita reconstruir un proyecto político capaz de disputar la hegemonía en las condiciones actuales.

Es precisamente en este marco donde cobra sentido la tarea que nos proponemos: avanzar en la formación, organización y construcción de un sujeto político capaz de intervenir conscientemente en esa disputa histórica en curso.

Last modified: 23 de julio de 2026