Una agenda latinoamericana en ciencia y tecnología

El capítulo propone una agenda latinoamericana en ciencia, tecnología y desarrollo, articulada en torno a la necesidad de transformar los sistemas de producción de conocimiento para orientarlos hacia las necesidades sociales y nacionales. A partir del caso argentino, analiza el deterioro del sistema científico-tecnológico y sus dimensiones económicas, ideológicas, geopolíticas y culturales. Frente a ello, plantea no sólo defender la ciencia existente, sino transformarla, fortaleciendo su vínculo con la sociedad. El texto destaca la importancia de una ciencia orientada a la transformación, capaz de articular diagnóstico, definición de fines y construcción de medios viables. También reivindica la tradición latinoamericana de pensamiento en ciencia, tecnología y desarrollo, y propone profundizar la integración regional y la cooperación Sur-Sur. Finalmente, presenta experiencias concretas de organización, diálogo de saberes y vinculación tecnológica, mostrando cómo universidades y organismos científicos pueden contribuir al desarrollo social mediante conocimientos situados y apropiables.

El libro reúne los aportes del Seminario Permanente del Doctorado en Educación, Artes y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chihuahua (México).

Cita recomendada: Liaudat, S. (2026). Una agenda latinoamericana en ciencia y tecnología. En R. Marín-Uribe, I. Guzmán-Ibarra, E. Armendáriz-Núñez e I. Méndez-Mateo (Coords.), Formación universitaria en los contextos actuales: Devenir, crisis y desafíos para la academia (pp. 44–60). Digitum, Universidad de Murcia. https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/199299

Introducción

Es, sin duda, una gran oportunidad poder compartir con colegas de Nuestra América problemáticas que nos atraviesan de manera tan similar. Hay, en ese sentido, una agenda amplia y común sobre la cual dialogar. Desde hace varios años venimos trabajando, por ejemplo, en cuestiones vinculadas a la evaluación científica y tecnológica, con el objetivo de introducir transformaciones en un sistema que hoy aparece como obsoleto o, al menos, con serias dificultades para adecuar los modos de producción de conocimiento en nuestras universidades y organismos científico-tecnológicos a las demandas del contexto. Me refiero, entre otras, a las dimensiones socioterritoriales y económico-productivas, que muchas veces quedan relegadas frente a criterios más tradicionales de evaluación.

Se trata de una línea de trabajo que hemos desarrollado sostenidamente y que, si les interesa, podemos profundizar, ya que forma parte de un debate más amplio a escala latinoamericana, y no exclusivamente argentino. De hecho, espacios regionales como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) han impulsado instancias específicas de reflexión sobre los sistemas de evaluación, lo que muestra que se trata de una preocupación compartida en toda la región.

También venimos trabajando en cuestiones vinculadas a las publicaciones científicas, donde América Latina presenta una especificidad relevante. En la región, el acceso abierto ha sostenido, en buena medida, una concepción de la publicación científica como un ámbito orientado primordialmente a la comunicación y circulación del conocimiento. Esto contrasta con lo que ocurre a nivel internacional, fuera de la región, donde se verifica un proceso creciente de mercantilización de las publicaciones. Quienes intentan publicar en revistas “mainstream” lo conocen bien: muchas veces hay que pagar para acceder o pagar para publicar. Para nuestras economías, esto representa un problema serio, tanto por los costos directos como por las barreras que impone a la difusión del conocimiento científico en general. Frente a esta problemática, también hemos investigado las vías informales —e incluso ilegales— que utilizan nuestros países para acceder a bibliografía científica protegida por regímenes de propiedad intelectual.

Otra línea de trabajo aborda la llamada “piratería del conocimiento” en un sentido más amplio, entendida como el uso de copias no pagas o no autorizadas de bienes y saberes como estrategia para reducir la brecha tecnológica. El caso chino suele presentarse como un ejemplo reciente y emblemático; pero lo que buscamos mostrar es que este tipo de prácticas ha sido, en realidad, un recurso históricamente utilizado por las grandes potencias en sus procesos de desarrollo, y no un fenómeno excepcional ni exclusivo. Desde esta perspectiva, la cuestión adquiere otra densidad: no se trata simplemente de una desviación o anomalía, sino de una estrategia que podría ser considerada por países periféricos que buscan acortar distancias en términos tecnológicos y productivos.

En otras palabras, se inscribe en un debate más amplio sobre las condiciones de la dependencia y las posibilidades de superarla. Esta reflexión, además, cuenta con antecedentes claros en el pensamiento latinoamericano de las décadas del sesenta y setenta, cuando ya se planteaba —en ciertos enfoques— la necesidad de apropiarse de tecnologías, incluso tensionando o vulnerando los regímenes de propiedad intelectual dominantes, en función de los intereses de desarrollo de nuestros países.

Una cuarta línea de trabajo se vincula con la transferencia tecnológica y, en particular, con el desafío de lograr que la inversión pública en ciencia y tecnología —que, aunque deficitaria en términos comparativos internacionales, resulta significativa para economías como las nuestras— se traduzca efectivamente en una apropiación social y económica del conocimiento. Hemos abordado esta problemática a partir de investigaciones empíricas, identificando tanto los obstáculos que dificultan la transferencia desde el sector público como los procesos mediante los cuales ese conocimiento es titularizado privadamente sin una retribución adecuada al Estado (en un proceso que denominamos “apropiación cognitiva”).

Asimismo, hemos trabajado sobre cuestiones vinculadas a los conocimientos tradicionales e indígenas, entre otras temáticas. Se trata, en conjunto, de una agenda amplia y diversa que podría ser profundizada en distintas instancias. Sin embargo, en esta oportunidad, me interesa centrar la atención en un marco general de reflexión que permita articular y dar sentido a estas líneas de trabajo.

La coyuntura argentina y las motivaciones del cientificidio

Voy a comenzar por la situación argentina, no con el objetivo de detenerme exclusivamente en ella, sino como punto de partida para una reflexión más amplia. El escenario actual a un año de la asunción del presidente Javier Milei es, en muchos aspectos, dramático, particularmente en el campo de la ciencia y la tecnología. Existe una narrativa favorable al gobierno —tanto a nivel local como internacional— que tiende a invisibilizar la profundidad de los problemas en distintas áreas. En el caso del sistema científico-tecnológico, la situación ha sido caracterizada por algunos sectores como un “cientificidio”, en referencia a una dinámica de deterioro sistemático de las capacidades nacionales en este campo.

Cuando se habla de este proceso, se alude a fenómenos concretos: reducción de personal, restricciones presupuestarias en línea con políticas de ajuste, y también a tensiones emergentes, como cuestionamientos públicos a investigadores por sus líneas de trabajo o por los enfoques adoptados en sus investigaciones. Todo ello contribuye a configurar un clima complejo para el desarrollo de la actividad científica. En este sentido, más allá de las interpretaciones sobre su alcance o intencionalidad, resulta evidente que el sistema atraviesa un momento crítico, que invita a reflexionar no solo sobre la coyuntura nacional, sino también sobre los desafíos más amplios que enfrentan las políticas científicas en contextos de reconfiguración política y económica a escala global.

Existe una lógica que, en algunos casos, puede caracterizarse como un cierto neoscurantismo. Para dimensionarlo: la secretaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación —diputada oficialista— es terraplanista; sostiene públicamente que la Tierra es plana y difunde esa postura. Esa persona ocupa la secretaría de la comisión encargada de los asuntos científicos y tecnológicos del país. Estamos ante una situación verdaderamente escalofriante.

En el artículo que analizamos el cientificidio se identifican distintas motivaciones detrás de este proceso. Existen, sin duda, factores económicos asociados a políticas de ajuste, pero el fenómeno no se agota allí. También hay una dimensión ideológica, vinculada a corrientes como el anarcocapitalismo, que cuestionan de raíz el papel del Estado en la vida social y, por extensión, en el desarrollo científico-tecnológico. Desde esta perspectiva, el Estado no debería intervenir ni sostener sistemas de ciencia y tecnología, aun cuando la evidencia comparada muestra que, en todos los países —incluidos los más desarrollados—, estos sectores dependen en gran medida de la inversión pública.

Este enfoque, llevado a sus últimas consecuencias, propone incluso la reducción extrema o desaparición del Estado, lo que tiene implicancias profundas en múltiples planos. En lo que respecta específicamente al campo científico, plantea interrogantes centrales sobre la viabilidad de sostener capacidades nacionales, la orientación de la investigación y el lugar del conocimiento en el desarrollo de la sociedad

A esto se suma, además, una dimensión geopolítica. En algunos segmentos de su complejo científico-tecnológico, la Argentina se ubica cerca de la frontera internacional del conocimiento e incluso compite en ella. El sector nuclear es un ejemplo paradigmático; también lo son ciertas áreas de la biotecnología, el sector farmacéutico y el ámbito espacial que, aun sin estar plenamente en la frontera tecnológica, logra desarrollar y colocar productos de alto valor agregado en el mercado internacional.

Estos avances no son neutros: afectan intereses estratégicos de las potencias centrales. En particular, Estados Unidos ha ejercido históricamente presiones sobre el desarrollo nuclear argentino, especialmente en relación con la línea de reactores de mediana potencia que el país ha sostenido durante décadas. En este sentido, el debilitamiento del sistema científico-tecnológico puede leerse también en clave de una disputa geopolítica más amplia. No es un dato menor que una porción significativa del presupuesto nacional en ciencia y tecnología se concentre en el sector nuclear, lo que da cuenta de su carácter estratégico.

Otro ejemplo de estas tensiones se observa en la paralización de proyectos de gran envergadura, como el Radiotelescopio China-Argentina (CART), una iniciativa científica de alta complejidad y fuerte inversión internacional. La interrupción de este tipo de emprendimientos pone de relieve cómo las dinámicas geopolíticas globales inciden directamente en las posibilidades de desarrollo científico-tecnológico de los países periféricos.

Junto a las motivaciones económicas, ideológicas y geopolíticas, se configura también una dimensión cultural. En este plano, lo que está en juego es la transformación de valores y creencias vinculados a lo público, a la noción de derechos y al papel social del conocimiento. Estos principios, que durante décadas estructuraron buena parte de nuestras instituciones, están siendo cuestionados y erosionados de manera sistemática en la opinión pública.

En este escenario se despliega una disputa en múltiples niveles, aunque no puede soslayarse su carácter desigual. El oficialismo conserva un grado significativo de hegemonía social: aun cuando su apoyo no necesariamente supere la mitad de la población, cuenta con una conducción clara, respaldo político e importantes apoyos en el sistema mediático. Por el contrario, quienes se oponen a este rumbo aparecen fragmentados, con dificultades para articular una estrategia común y construir un horizonte compartido. En consecuencia, el contexto resulta adverso.

Este es el marco desde el cual propongo la reflexión. No se trata de quedar atrapados en una mirada meramente catastrófica, sino de interrogarnos por el papel del conocimiento en nuestras sociedades. Porque, en última instancia, lo que está en juego en este proceso es la erosión de un componente fundamental: la capacidad colectiva de producir, orientar y dotar de sentido al conocimiento como herramienta para el desarrollo y la vida en común.

El conocimiento como eje del desarrollo y la dependencia

¿Y qué es, en última instancia, lo que se intenta erosionar? Un consenso ampliamente extendido en las ciencias sociales y económicas a nivel global: la idea de que el conocimiento —en un sentido amplio— constituye un componente central de los procesos de desarrollo social y económico. Se trata de un acuerdo que atraviesa tradiciones teóricas diversas. Desde perspectivas marxistas, como las de Bob Jessop, que analizan la emergencia de economías basadas en el conocimiento, hasta autores de la nueva teoría del crecimiento económico de matriz neoclásica, encontramos diagnósticos convergentes. Es decir, incluso desde posiciones ideológicas muy distantes, se reconoce un mismo fenómeno.

Vivimos en un mundo en el que el conocimiento adquiere un peso cada vez más decisivo, tal como lo señala la economía de la innovación y múltiples campos del saber. En este contexto, el debilitamiento sistemático de un sistema de producción de conocimiento —como el que se observa en la Argentina— no es un hecho menor: implica, en términos estructurales, el riesgo de profundizar el subdesarrollo y la marginalización internacional. Esto se debe a que ese sistema no es un recurso espontáneo, sino el resultado de más de un siglo de inversión pública, esfuerzo social y construcción institucional sostenida. No se trata solo de las universidades, sino de un entramado más amplio de instituciones científicas y tecnológicas que, en algunos casos, tienen más de cien años de historia. La erosión de esas capacidades supone, por lo tanto, no solo una pérdida en el presente, sino también la desarticulación de un legado estratégico acumulado a lo largo de generaciones.

Podría pensarse, entonces, que ese consenso en torno al papel central del conocimiento no existe. Sin embargo, la evidencia sugiere lo contrario: se trata de un acuerdo ampliamente compartido, y justamente por eso resulta significativo que sea objeto de cuestionamiento. En efecto, el debilitamiento de los sistemas de producción de conocimiento puede interpretarse como parte de un proceso más amplio que tiende a configurar sociedades con menor capacidad de desarrollo autónomo, más orientadas a economías primarizadas y con mayores niveles de desigualdad y fragmentación social.

En este marco, algunos análisis sostienen que América Latina continúa ocupando un lugar subordinado en la división internacional del trabajo, centrado en la provisión de recursos naturales y, en ciertos casos, de mano de obra de bajo costo. La persistencia —o profundización— de este patrón resulta más probable cuando se debilitan las capacidades internas de producción de conocimiento, ya que estas son fundamentales para diversificar la estructura productiva, sostener procesos de innovación y formar una intelectualidad crítica capaz de intervenir en los debates estratégicos.

Por eso, la cuestión no se reduce únicamente a la política científica en sentido estricto, sino que remite a un problema más amplio: el tipo de sociedad que se configura cuando disminuye la complejidad social, cultural y productiva. Sin sistemas robustos de generación de conocimiento, se limita también la posibilidad de desarrollar pensamiento especializado, de disputar sentidos en el plano internacional y de construir alternativas propias frente a dinámicas globales que, de otro modo, tienden a reproducir relaciones de dependencia.

En este sentido, lejos de desmentir el consenso acerca del papel central del conocimiento en la complejización de las sociedades y en el desarrollo económico y social, estos procesos parecen más bien confirmarlo. Es precisamente porque el conocimiento resulta estratégico que su debilitamiento adquiere tal relevancia.

¿Defender o transformar el sistema científico?

A partir de allí, se configura en la Argentina una disyuntiva clave: ¿se trata de defender la ciencia tal como está para, eventualmente, transformarla más adelante, o de transformarla como condición para poder defenderla?

La primera posición plantea resguardar el sistema existente —aun con sus limitaciones— bajo la premisa de que cualquier cambio podrá introducirse en un futuro. Esto implica, en cierto modo, sostener incluso una ciencia de rasgos cientificistas, en los términos que señalaba Oscar Varsavsky, priorizando su preservación frente a un contexto adverso. La segunda posición, en cambio, propone que la defensa efectiva del sistema científico requiere su transformación en el presente: reconocer sus déficits —como la frecuente desconexión entre la producción de conocimiento y las necesidades sociales, o la desarticulación entre agendas de investigación y problemáticas concretas— y avanzar en su reorientación.

En este último enfoque, no se trata de oponer defensa y cambio, sino de integrarlos: transformar para defender. Es decir, fortalecer la legitimidad social del sistema científico a partir de su capacidad de responder a los desafíos del entorno, articulando producción de conocimiento, desarrollo y necesidades colectivas.

El tipo de ciencia que se ha desarrollado de manera predominante —de perfil academicista, en muchos casos cientificista y fuertemente orientada por agendas internacionales— parece haber carecido de raíces profundas que la vinculen con la sociedad, con sus necesidades y con sus actores. Esta desconexión se vuelve particularmente visible en contextos de crisis, cuando se buscan apoyos y solidaridades frente a procesos de deterioro del sistema científico.

En ese plano, resulta llamativo que muchas de las expresiones más contundentes de respaldo provengan del ámbito internacional —incluyendo pronunciamientos de referentes académicos y editoriales en revistas de alto impacto—, mientras que a nivel local ese acompañamiento aparece más débil o fragmentario. El sector productivo, en general, no percibe a la ciencia y la tecnología como un componente central de su desarrollo; las manifestaciones de preocupación empresarial son escasas. En el caso del sindicalismo, si bien ha habido apoyos, estos suelen estar más ligados a vínculos personales o políticos que a una articulación estructural. Algo similar ocurre con los movimientos sociales, donde muchas veces no está claro qué papel cumple el sistema científico ni en qué medida puede contribuir a sus problemáticas.

Esta situación no es enteramente nueva: ya se había manifestado, aunque con menor intensidad, en momentos anteriores. Lo que pone en evidencia es una cuestión de fondo: el tipo de conocimiento producido ha tendido a desarrollarse con escasa articulación con el contexto social. Por eso, quienes vienen impulsando este debate desde hace años —mucho antes de las coyunturas recientes— han señalado de manera persistente la necesidad de repensar el vínculo entre ciencia, sociedad y desarrollo. No se trata de una discusión reactiva, sino de una agenda de largo plazo orientada a construir un sistema científico más integrado, socialmente relevante y estratégicamente situado.

Evaluación, política científica y orientación del sistema

Se trata, entonces, de transformar el tipo de conocimiento que estamos produciendo. Justamente en un contexto marcado por el ajuste, los despidos y el hostigamiento, esta necesidad se vuelve aún más urgente. Hoy tiene más sentido que nunca discutir la evaluación científica, porque allí reside uno de los mecanismos más poderosos de orientación del sistema: la evaluación es, en definitiva, la “zanahoria” que guía la práctica de los investigadores, ya que de ella dependen los ascensos en la carrera, el acceso a subsidios, becas y proyectos. En este sentido, constituye el núcleo de lo que Amílcar Herrera denominaba la “política implícita”.

La pregunta clave es cómo traducir las políticas explícitas —formuladas en planes, programas o lineamientos ministeriales— en políticas implícitas que efectivamente se encarnen en las prácticas de los actores y en la cultura institucional. Y es precisamente la evaluación la que funciona como piedra de toque: el instrumento capaz de orientar el sistema en la dirección que establezca una determinada política científica.

De allí que la consigna sea invertir el orden de prioridades: poner por delante el verbo “transformar” antes que “defender”. No se trata de abandonar la defensa, sino de comprender que solo a través de la transformación es posible sostener y legitimar el sistema científico. En este marco, puede trazarse una distinción básica pero fundamental: entre un conocimiento orientado a la reproducción social y un conocimiento orientado a la transformación. Sobre esa disyuntiva se juega, en buena medida, el sentido mismo de la práctica científica en nuestras sociedades.

Ahí se configura un posicionamiento que es, en definitiva, ético-político: político en el sentido de la polis, de lo comunitario, y no meramente de lo partidario. Se abre entonces una dicotomía fundamental. Por un lado, un tipo de conocimiento guiado principalmente por criterios liberales de desarrollo individual de la carrera, que tiende a volverse desapasionado y, con el tiempo, burocratizado. Como señalaba ya Oscar Varsavsky en los años setenta, se trata de un científico que no se interroga por el sentido social de su práctica; y cuando lo hace, en el contexto de un país dependiente, entra en crisis. De allí emerge la figura del científico cientificista, burocratizado, que no se pregunta ni el para qué ni el para quiénes de su trabajo, y que termina encarnando esa imagen algo gris que a veces vemos en nuestras instituciones. En el fondo, se trata de una ciencia desacoplada de un proyecto nacional, de una política que le otorgue sentido y la articule con su sociedad, sus intereses y sus necesidades.

El conocimiento para la transformación, en cambio, es necesariamente de carácter colectivo, en oposición al individualismo propio de la lógica liberal. Requiere inscribirse en un proyecto que le otorgue sentido, que lo trascienda: un marco institucional, nacional, una política del conocimiento y una política cognitiva. Hay, por lo tanto, una dimensión ineludible de lo colectivo, porque quienes producen conocimiento forman parte de tramas sociales más amplias, a las que buscan interpelar y con las que pretenden interactuar. En ese marco, la orientación transformadora va impregnando la propia práctica formativa. La experiencia histórica, así como el diálogo con colegas de todo el país y del exterior, muestran que de este modo emerge un conocimiento mucho más apasionado. No es menor: uno de los problemas de nuestras instituciones es, justamente, su carácter desangelado, desapasionado.

Sin embargo, existen compañeros y compañeras que sienten que lo que hacen tiene sentido. Se observa en grupos que trabajan en proyectos de alto impacto social y nacional. En esa línea, Oscar Varsavsky distinguía entre ciencia útil y ciencia inútil, sin reducir esa diferencia a la clásica oposición entre ciencia básica y aplicada, que consideraba estéril. Incluso la investigación más básica puede ser útil si existe una política que la inscriba en un proyecto que la necesite. La utilidad de la ciencia, entonces, no radica en su tipo, sino en el marco que la contiene y la orienta. Cuando ese contexto existe, aparece la pasión: se trascienden los límites de la jornada laboral convencional, porque se trabaja con la convicción de que lo que se hace sirve, de que tiene un para qué y un para quiénes. Esa es, en definitiva, la ciencia que moviliza, la ciencia que enamora.

Conocimiento para la transformación: crítica, propuesta y horizonte

Dentro de este conocimiento orientado a la transformación pueden distinguirse, a su vez, dos niveles o tipos de producción en el ámbito de las ciencias sociales. El primero, y más habitual, es el de la crítica de lo existente: la elaboración de diagnósticos, la interpretación de coyunturas y situaciones concretas. Se trata, sin duda, de una dimensión válida e imprescindible, ya que toda acción transformadora requiere de un diagnóstico riguroso de la realidad; de hecho, en muchos campos todavía carecemos de análisis suficientemente sólidos. Sin embargo, este nivel resulta limitado cuando se agota en sí mismo: es una condición necesaria, pero no suficiente.

El segundo nivel implica la capacidad de proponer: complementar la crítica y el diagnóstico del presente con una reflexión orientada al futuro, tanto en términos de lo posible como de lo deseable. Aquí se abre un campo de tensión e interacción entre lo probable, lo posible y lo deseable. A su vez, esta reflexión sobre el futuro puede pensarse en dos planos: el de los medios y el de los fines. Este último —el plano normativo, incluso utópico— es quizás el más ausente en las discusiones actuales. Supone preguntarse qué horizonte se busca construir: ¿qué tipo de ciencia queremos?, ¿qué cultura nacional consideramos necesaria?, ¿cuál es, en definitiva, la mejor posible? Estas preguntas, que décadas atrás ocupaban un lugar central, hoy aparecen debilitadas en un contexto signado por el “realismo capitalista”, en los términos de Mark Fisher, y por el predominio —al menos hasta tiempos recientes— de un pensamiento único que tiende a clausurar la imaginación de futuros alternativos.

Creo que hoy ese pensamiento único comienza a resquebrajarse al calor de la multipolaridad global. Sin embargo, durante varias décadas predominó casi sin fisuras un horizonte que parecía estar fuera de toda discusión: el de una democracia de sesgo neoliberal, extendida a escala mundial, y una lógica de la ganancia y del crecimiento económico como criterio prácticamente exclusivo de validación de las políticas. Ese marco, a mi entender, atraviesa actualmente una crisis, aunque continúa siendo dominante en Occidente.

En este contexto, una dimensión necesaria —por ejemplo, en el plano de las reflexiones doctorales— es empezar a incorporar, junto con el diagnóstico y la descripción de los problemas, una instancia de elaboración de propuestas de fines, es decir, una dimensión normativa. Se trata de un nivel profundamente filosófico que, en gran medida, fue desplazado por la hiperespecialización de nuestras formaciones, empobreciendo una riqueza intelectual que era más habitual en generaciones anteriores de científicos y que hoy resulta imprescindible recuperar. Volver a pensar los fines implica reconstruir un sentido de propósito, una orientación que nos indique hacia dónde queremos ir; porque sin ese norte, el riesgo es quedar atrapados en una dinámica circular, sin dirección ni horizonte transformador.

La segunda dimensión de la propuesta, la de los medios, se encuentra algo más presente en nuestras producciones. Allí aparecen, con cierta frecuencia, reflexiones sobre instrumentos de política, herramientas de gestión o dispositivos concretos de intervención. Sin embargo, al carecer muchas veces de una definición clara de los fines, estos instrumentos terminan siendo limitados, posibilistas, en cierto punto vacíos o meramente reproductivos: funcionan como parches que responden a un diagnóstico, pero sin inscribirse en una estrategia más amplia. Se propone entonces una política focalizada o una medida puntual, pero sin un horizonte que le otorgue coherencia. Aun así, esta dimensión está más desarrollada que la reflexión sobre los fines, que permanece prácticamente ausente.

Ahora bien, la reflexión sobre los medios también es esencial. No alcanza con formular utopías irrealizables. En este punto, Enrique Dussel introduce el principio de facticidad: toda política debe ser fáctica, es decir, viable en las condiciones concretas en las que se inscribe. No se trata solo de imaginar horizontes deseables, sino de pensar caminos posibles para alcanzarlos. Por ejemplo, en la Argentina actual, plantearse objetivos como llevar un hombre a la Luna no solo resulta inviable, sino también ajeno a nuestras prioridades. La clave está, entonces, en articular ambas dimensiones: fines que orienten y medios que hagan posible, en la práctica, avanzar hacia ellos.

Hoy asistimos, por ejemplo, a una competencia entre China y Estados Unidos por ver quién llega primero a Marte. Si uno propusiera, en términos de fines, que la Argentina o América Latina se inserten en esa carrera espacial, probablemente la reacción sería de escepticismo: no solo por su inviabilidad en las condiciones actuales, sino también porque no responde a necesidades propias. Y esa objeción sería razonable, porque se trataría de un objetivo que no es ni factible ni prioritario para nuestra realidad.

En cambio, si se plantea como horizonte que América Latina impulse una cruzada efectiva contra el hambre —un problema profundamente injustificado en una región con enormes capacidades productivas—, la situación cambia. Pensemos en el caso argentino: un país con abundancia de recursos naturales, baja densidad poblacional y una gran capacidad para producir alimentos, pero que, sin embargo, registra niveles muy elevados de pobreza, especialmente en la infancia. Allí aparece una propuesta de fines clara, necesaria y viable: terminar con el hambre. A partir de ese horizonte, entonces sí, se vuelve posible y pertinente abrir la discusión sobre los medios, es decir, sobre las políticas, instrumentos y estrategias concretas que permitan avanzar en esa dirección.

A partir de ese horizonte, la pregunta central pasa a ser: ¿cuáles son los medios que debemos instrumentar? Medios de gestión, económicos, políticos. ¿Qué batallas culturales es necesario dar para instalar que el hambre en nuestros países es inadmisible, que no puede naturalizarse? Se trata de pensar en dispositivos culturales, económicos, políticos e institucionales que permitan avanzar en esa dirección, incorporando una dimensión muchas veces ausente en nuestras reflexiones: la de la institucionalización. Es decir, cómo se traducen esos medios en políticas sostenidas, en estructuras estables, en decisiones que perduren en el tiempo y no queden reducidas a iniciativas aisladas. En este sentido, parece fundamental comenzar a integrar de manera sistemática esta problemática en nuestras tesis y en nuestras reflexiones de posgrado, articulando fines y medios en un mismo marco de pensamiento.

Tradición latinoamericana de pensamiento

Cabe señalar que, a pesar de la enorme influencia que ejerce la academia del Norte —con la potencia de sus universidades, su prestigio y su capacidad de irradiación sobre el conjunto del aparato cultural—, en América Latina persiste un marco interpretativo común, una tradición de pensamiento propia que, con tensiones y matices, sigue ofreciendo claves para comprender y transformar nuestras realidades.

Nuestra América cuenta también con una poderosa tradición en ciencias sociales y, en particular, con un circuito de publicaciones de gran relevancia a nivel regional. A esto se suma la existencia de una lengua franca, el español, que hoy nos permite comunicarnos fluidamente —como ocurre en este mismo intercambio— desde Argentina con buena parte del continente, con la excepción parcial de Brasil y algunas islas del Caribe. Es decir, las condiciones están dadas: disponemos de una base lingüística común y de tecnologías propias de esta etapa de la evolución humana que facilitan instancias de encuentro e intercambio como esta reunión a distancia.

En este sentido, la necesidad de profundizar la integración intelectual y académica es, como mínimo, tan urgente como lo fue en las décadas del sesenta y setenta —aunque en aquel entonces las condiciones materiales eran más adversas—. Sin embargo, en esos años se alcanzaron niveles de articulación regional que hoy resultan, en muchos aspectos, superiores a los actuales. Desde la perspectiva de quien estudia el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo de ese período, resulta evidente la densidad y riqueza de ese momento. En México, por ejemplo, se destacaron autores como Miguel Wionczek y María Luisa Leal; también confluyeron allí intelectuales de otros países, como el argentino Rolando García durante su exilio, junto a figuras de la talla de Pablo González Casanova. Pero este fenómeno no se limitó a un país: en toda América Latina se desplegó una notable producción teórica en torno a la ciencia y la tecnología que, en muchos sentidos, anticipó debates que luego serían centrales en el campo internacional de estudios sociales de la ciencia y la tecnología.

Por ejemplo, las reflexiones sobre tecnología de Jorge Sábato, un argentino destacado de los años sesenta y setenta, anticipan en gran medida los desarrollos posteriores sobre innovación de autores como Christopher Freeman y Carlota Pérez. Del mismo modo, las ideas de Óscar Varsavsky conservan hoy una notable actualidad, al punto de ser retomadas por pensadores contemporáneos como Evgeny Morozov. En definitiva, existe una tradición de pensamiento propia: en los años sesenta y setenta, estos autores realizaron un esfuerzo consciente por construir una corriente latinoamericana en torno a la ciencia, la tecnología y el desarrollo. Viajaban cuando podían, se escribían cartas y lograron forjar un verdadero espíritu de reflexión regional; incluso —y es una línea en la que estoy trabajando actualmente— establecieron puentes operativos concretos entre América Latina y otras regiones del Sur global, con figuras como Samir Amin articulando vínculos con África en el plano intelectual.

Todo esto fue posible en un contexto de enormes limitaciones para viajar y comunicarse, muy distinto al actual. Hoy, en cambio, contamos con condiciones objetivamente más favorables: avances en el transporte, herramientas de comunicación a distancia y, especialmente desde la pospandemia, la consolidación de dispositivos como las videollamadas, cuya potencia antes no estaba plenamente incorporada. En este sentido, puede afirmarse que están dadas las condiciones para retomar y profundizar aquellos procesos de integración intelectual latinoamericana, como el que ustedes están comenzando a impulsar en este espacio de reflexión. Se trata de recuperar ese sendero de pensamiento propio sobre el quehacer científico-tecnológico en nuestros países.

Construcción colectiva y desafíos de la integración latinoamericana

En esa búsqueda, fruto de años de discusión, investigación y también de militancia en estos temas, hemos logrado constituir una red: la Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad (Red PLACTS), que busca precisamente aportar a esa tarea colectiva de reconstrucción y proyección de una agenda regional. La Red PLACTS, que surge como un espacio de articulación del sector científico-tecnológico argentino con proyección regional, tiene justamente ese horizonte: impulsar una ciencia orientada a las necesidades sociales y al desarrollo soberano de nuestros países .

En ese marco, hoy la red —todavía mayormente argentina— se propone dar un paso más: avanzar hacia su consolidación latinoamericana. Y en la coyuntura actual que atraviesa el país, una de las definiciones estratégicas es estrechar los vínculos con América Latina. Pero no solo en un sentido declarativo o de intercambio académico —organizar charlas, difundir diagnósticos o compartir problemáticas—, que sin duda es necesario, sino también en un plano más operativo y estratégico: convertirse en un vehículo para una internacionalización sur-sur.

Esto implica problematizar una tendencia muy extendida en la educación superior: la internacionalización orientada casi exclusivamente hacia Europa y Estados Unidos. Muchos investigadores —y probablemente esto sea similar en otros países de la región— realizan sus doctorados, posdoctorados o estancias en esos centros, reproduciendo un circuito que, en última instancia, refuerza las asimetrías globales del conocimiento.

En la Argentina actual, además, este fenómeno se agrava por un contexto en el que numerosos investigadores están emigrando. Frente a esto, el desafío es pensar mecanismos para que esa movilidad no implique simplemente una transferencia de capacidades hacia los países centrales, contribuyendo a la profundización de la desigualdad global, sino que pueda reorientarse. En ese sentido, la Red PLACTS busca funcionar como una plataforma que favorezca otras trayectorias posibles: que esos investigadores encuentren en América Latina un espacio de circulación, inserción y construcción colectiva.

De algún modo, se trata de recuperar una lógica que ya existió en la región. En los años setenta, en contextos de exilio y persecución, muchos científicos e intelectuales latinoamericanos se desplazaron dentro del propio continente —hacia México, Venezuela, Brasil, Chile o Perú—, generando circuitos densos de intercambio y producción. La apuesta actual es retomar esa tradición, pero en condiciones históricas distintas: no desde la expulsión forzada, sino desde una estrategia consciente de integración regional y de construcción de capacidades propias.

Entonces, poder estrechar los vínculos como parte también de un proyecto geopolítico, pero nuestro, no de la geopolítica imperial: de una geopolítica nuestroamericana. Por eso, saludo este espacio y espero que sea el primero de varios encuentros y que nos permita en cierto modo estrechar esta red que poco a poco esperamos ir construyendo a nivel regional y no solo nacional.

Intercambio con el público

Se le realizaron al investigador las siguientes preguntas:

• ¿Qué estrategias pudieran sugerir e implementar para la formación universitaria en los contextos actuales?
• ¿Qué estrategia o propuesta sugiere o está implementando Argentina o usted de manera colegiada para modificar este desentendimiento sobre la ciencia y tecnología?
• ¿Qué papel tiene el diálogo de saberes en su propuesta?

Para responder a algunas de estas preguntas —más allá de corrientes específicas como el paradigma decolonial, que sin duda aportan elementos valiosos— resulta especialmente relevante el pasaje del diagnóstico a la propuesta. Esto se vincula, a su vez, con otra cuestión central: ¿qué estrategias concretas hemos desarrollado para superar el desacople entre la ciencia y las necesidades de nuestras sociedades? La respuesta es que existen caminos ya recorridos; no partimos de cero. Si bien la creación de cero es posible, la experiencia muestra que es más fructífero estudiar procesos exitosos —propios y ajenos— antes que intentar construir desde la nada.

Sin embargo, nuestras academias han tendido históricamente a mirar de manera casi excluyente hacia el Norte. En materia de desarrollo, por ejemplo, se reiteran como modelos los grandes polos tecnológicos y universitarios de Estados Unidos, como el MIT o Stanford, y más recientemente se incorporan los casos de China, Japón o Corea. Si bien estos ejemplos son relevantes, el problema es que muchas veces se descuida el análisis de nuestras propias trayectorias. América Latina cuenta con experiencias significativas —aunque a menudo discontinuadas— en materia de desarrollo científico-tecnológico, articulación productiva e innovación.

En este punto aparece uno de los desafíos estructurales de la región: la dificultad para sostener en el tiempo procesos que, en determinados momentos, han mostrado resultados promisorios. Por eso, más que importar modelos, se vuelve clave recuperar, sistematizar y proyectar nuestras propias experiencias, reconociendo tanto sus logros como sus límites. Allí hay un acervo que puede contribuir de manera decisiva a pensar estrategias situadas para articular conocimiento, desarrollo y transformación social.

La discontinuidad de las políticas —que no se explica únicamente por la alternancia de gobiernos, aunque en el caso argentino esta pendularidad es especialmente marcada— constituye un problema estructural. Ese desplazamiento recurrente entre extremos ideológicos genera un fuerte deterioro institucional, afectando la capacidad de sostener proyectos en el tiempo y debilitando procesos que requieren continuidad y acumulación. Pero no se trata de una situación exclusivamente argentina: es, en gran medida, un rasgo compartido por América Latina. La dificultad para consolidar políticas de largo plazo impacta directamente en ámbitos estratégicos como la ciencia, la tecnología y el desarrollo productivo.

Frente a este escenario, se vuelve necesario un esfuerzo consciente por parte de las capas intelectuales y de los actores institucionales de la región para fortalecer la calidad institucional y mejorar la consistencia de las prácticas y políticas que se llevan adelante. En definitiva, el desafío no es solo diseñar buenas estrategias, sino también construir las condiciones que permitan sostenerlas en el tiempo, evitando que cada cambio de ciclo implique comenzar nuevamente desde cero.

Hace poco estuve en Chile, invitado por Eduardo Devés Valdés, un destacado pensador latinoamericano, quien me compartió su libro Cartas a la intelectualidad latinoamericana. De allí retomo su noción de “calidad”, que resulta particularmente sugerente. Devés plantea una crítica incisiva sobre la trayectoria intelectual de América Latina, señalando que, pese al paso de las décadas, no se han logrado mejoras sustantivas en ciertos aspectos estructurales. Para ilustrarlo, establece un contrapunto con Asia, una región que hace algunas décadas se encontraba en condiciones incluso más desfavorables que las nuestras y que hoy ha logrado superarnos ampliamente en múltiples indicadores.

A partir de esto, propone desplazar el foco de las explicaciones simplistas que tienden a responsabilizar a actores externos o a factores aislados, y poner la atención en la calidad de nuestras propias élites. En este punto, el señalamiento es particularmente interpelador: la gran mayoría de quienes ocupan posiciones de conducción en nuestros países —en el poder judicial, legislativo y ejecutivo, así como en el ámbito empresarial, eclesiástico o militar— han sido formados en nuestras universidades. Es decir, no se trata de una élite ajena o desconectada de nuestros sistemas educativos, sino de cuadros que emergen de ellos.

Esto abre un interrogante de fondo sobre la responsabilidad de nuestras instituciones formativas y, en particular, sobre el tipo de conocimiento, valores y capacidades que estamos produciendo. En definitiva, la cuestión de la “calidad” no remite solo a indicadores técnicos, sino a la capacidad de nuestras sociedades para formar dirigencias capaces de orientar procesos de desarrollo sostenido y transformación estructural.

Ese “dedo acusador” de Eduardo Devés Valdés apunta, en definitiva, hacia nosotros mismos. La interpelación es directa: ¿hemos cumplido efectivamente nuestro papel como intelectuales? ¿Hemos producido una reflexión crítica capaz de explicar las causas de nuestro atraso? ¿Hemos contribuido de manera eficaz a revertir los núcleos de dependencia que identificamos? A partir de estas preguntas, el autor desarrolla una serie de planteos —que incluso motivaron un congreso reciente en Chile— que invitan a una revisión profunda de nuestras prácticas.

En ese marco, el problema no parece ser la ausencia de trabajo. En América Latina existe producción académica de calidad y una actividad intelectual sostenida. La cuestión, más bien, es la dirección de ese esfuerzo. Persiste, al menos en países como la Argentina, una fuerte inercia en los modos de hacer ciencia y en las agendas de investigación, muchas veces orientadas por patrones que no necesariamente responden a nuestras necesidades. Y lo más inquietante es que esa orientación no se impone desde una coerción externa directa, sino que es, en gran medida, reproducida por nosotros mismos.

Allí radica quizás uno de los puntos más críticos: la internalización de ciertos criterios, prioridades y formas de validación que terminan alejando la producción de conocimiento de los problemas concretos de nuestras sociedades. No es solo un condicionamiento estructural, sino también una práctica cultural arraigada. Por eso, el desafío no pasa únicamente por resistir presiones externas, sino por revisar críticamente nuestras propias decisiones, hábitos y orientaciones como comunidad científica e intelectual.

Nuestros propios ámbitos de evaluación —las comisiones del CONICET en Argentina, los organismos equivalentes como el CONAHCYT en México, las universidades— están conformados por pares. Y son esos pares, es decir, nosotros mismos, quienes en gran medida reproducimos los criterios y orientaciones dominantes. No se trata, en general, de una imposición directa desde arriba que obligue a investigar en función de intereses corporativos globales; por el contrario, existe un grado significativo de libertad académica. Sin embargo, aun con esa libertad, tendemos a producir un tipo de conocimiento que, como advierte Eduardo Devés Valdés, no ha logrado cumplir plenamente con un rol integral de dirección intelectual de la sociedad.

Esto vuelve la cuestión aún más desafiante, porque desplaza el problema desde la mera denuncia externa hacia una reflexión autocrítica. ¿Qué estamos haciendo con esa libertad? ¿Para qué, para quién y bajo qué criterios producimos conocimiento? ¿Qué entendemos por “cumplir” con nuestro rol como comunidad científica e intelectual?

En ese sentido, espacios como este adquieren un valor particular. No solo como instancias de intercambio, sino como ámbitos de problematización colectiva, donde sea posible revisar prácticas, supuestos y orientaciones. La cuestión ya no es únicamente si estamos cumpliendo o no, sino cómo redefinimos ese cumplimiento en función de las necesidades, desafíos y horizontes de nuestras propias sociedades.

En lo personal, incluso desde mi propia trayectoria, esto se vuelve evidente. Yo me formé originalmente en filosofía, pero desarrollé mi carrera académica en otro ámbito, y hoy tengo escaso vínculo con aquel espacio. Sin embargo, sigo recibiendo los boletines del Departamento de Filosofía, y cuando reviso los títulos de las tesis doctorales, no puedo evitar una sensación de distancia crítica, temas muy endogámicos, completamente ajenos a nuestras problemáticas y cultura. Allí aparece, con cierta claridad, el problema del que venimos hablando: la dificultad para vincular la producción de conocimiento con las realidades concretas de nuestra sociedad.

Esa desconexión ayuda a entender —aunque no necesariamente a justificar— por qué amplios sectores perciben ciertos saberes como irrelevantes o excesivamente abstractos. Cuando el conocimiento no logra articularse con la cultura, con los problemas o con las preguntas de una comunidad, su legitimidad social se debilita. Y esto plantea un desafío profundo: ¿cómo construir formas de saber que, sin perder rigurosidad, puedan dialogar con las necesidades, las experiencias y los horizontes de la sociedad en la que se producen?

En este punto resulta sugerente la idea de Arturo Jauretche, quien planteaba que “lo nacional es lo universal visto por nosotros”. La afirmación permite escapar de una falsa oposición entre lo particular y lo universal. Las grandes tradiciones intelectuales y los países que hoy ocupan posiciones centrales no renuncian a su perspectiva propia; por el contrario, construyen miradas situadas que luego proyectan al mundo. Alemania, Estados Unidos, China, India o Rusia desarrollan visiones profundamente enraizadas en sus historias y necesidades, pero con vocación universal.

El desafío para América Latina, entonces, no es elegir entre lo local y lo universal, sino articular ambos planos: producir conocimiento situado, capaz de dialogar con nuestras realidades, pero con ambición de proyección global. Solo así es posible construir una intelectualidad que no solo interprete el mundo, sino que también contribuya a transformarlo desde nuestras propias coordenadas.

Nosotros nos insertamos en el mundo sin una mirada nacional consolidada. No logramos construir un aporte propio, ni sostener tradiciones intelectuales vivas: muchas veces no estudiamos nuestros autores, no conocemos nuestros debates, y tendemos a empezar de cero una y otra vez. En su lugar, adoptamos de manera casi automática las corrientes en boga: primero la última moda francesa, luego la alemana o la estadounidense y así sucesivamente. Esto no es una excepción, sino más bien una regla que atraviesa buena parte de nuestras prácticas académicas.

En las ciencias duras, esta lógica adopta otra forma, pero responde a una dinámica similar: la centralidad casi excluyente de publicar en revistas de “alto impacto”, en inglés y bajo el control de grandes editoriales privadas, sin que medie una discusión sustantiva sobre el sentido o la utilidad social de esa producción. El problema, entonces, no es solo qué conocimiento producimos, sino bajo qué criterios y con qué horizonte.

Frente a este panorama, la pregunta por dónde empezar es clave. Y la respuesta, aunque pueda parecer sencilla, no deja de ser fundamental: hay que empezar. Sin demoras, sin dilaciones, abriendo la discusión y poniéndola en movimiento. Porque no hay transformación posible sin un primer paso.

En nuestro caso, ese primer paso lo dimos hace ya más de una década, en 2010, con la creación de la Cátedra Libre “Ciencia, Política y Sociedad” en la Universidad Nacional de La Plata. Comenzamos siendo un grupo muy reducido, menos de diez personas provenientes de distintas disciplinas —ingenierías, ciencias exactas, naturales y sociales—, pero con una inquietud común: pensar críticamente el vínculo entre conocimiento, sociedad y desarrollo.

Al inicio, organizábamos encuentros y charlas orientadas a debatir problemáticas coyunturales de la política científica y tecnológica, así como temas que, en determinados momentos, atravesaban con fuerza a la sociedad —hoy podríamos pensar, por ejemplo, en la inteligencia artificial—. Ese espacio fue creciendo con el tiempo, no solo en cantidad de participantes, sino también en densidad de las discusiones, mostrando que existe una demanda latente por repensar el sentido de lo que hacemos desde el campo científico y académico.

En Argentina, hace quince años, los temas que nos convocaban eran otros, pero igualmente reveladores: el glifosato, en el marco del monocultivo de la soja, y la cuestión de los glaciares, frente al avance de la megaminería. Esas fueron algunas de las primeras discusiones que impulsamos, y a partir de allí comenzó a abrirse un espacio de reflexión más amplio.

Esto permite subrayar algo importante: esta discusión no surge como reacción a la coyuntura actual, sino que tiene una trayectoria de más de quince años. Ya durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner planteábamos la necesidad de transformar el sistema científico. En aquel entonces, con mayores niveles de financiamiento, advertíamos que se estaban volcando recursos sobre una estructura que reproducía lógicas cientificistas, muchas veces desvinculadas de las necesidades del país. En ese sentido, sosteníamos que no se trataba solo de invertir más, sino de repensar el sentido de esa inversión y su orientación.

Con el tiempo, ese proceso se fue consolidando. En 2016 creamos un curso de posgrado, “Ciencia, Tecnología y Sociedad”, desde una perspectiva latinoamericana, que continúa hasta hoy y ha recorrido distintas regiones del país. En 2018 lanzamos la revista “Ciencia, Tecnología y Política”, que se publica ininterrumpidamente cada seis meses, sin retrasos, y cuyo propio nombre expresa una toma de posición: vincular el conocimiento con sus fines y con sus medios, es decir, con la política.

En 2020 dimos un paso más con la creación de la Red PLACTS (Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad). Lo que comenzó como un grupo reducido de menos de diez personas se transformó en una red que hoy reúne a cerca de 160 científicas y científicos de todo el país, con proyección hacia América Latina, donde ya se están gestando nodos en distintos países. Todo este crecimiento ha sido fruto de un trabajo sostenido, militante, basado en recorrer territorios, dictar cursos, organizar charlas, producir publicaciones y, sobre todo, invitar a una reflexión crítica. Entre otras cosas, desde la red creamos la Biblioteca de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (Biblioteca PLACTED), orientada a la digitalización y puesta en circulación de obras de las décadas de los sesenta a ochenta.

Más recientemente, en 2023, creamos el Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano, que hoy nuclea a unas 70 agrupaciones de todo el país —redes, centros e institutos— dedicadas a trabajar estas problemáticas. El foro organiza congresos, impulsa instancias de articulación y ha instituido premios que buscan reconocer y visibilizar aportes en este campo.

Todo este recorrido muestra que la transformación no es una consigna abstracta, sino un proceso concreto, sostenido en el tiempo, que combina producción intelectual, intervención institucional y construcción colectiva.

Y en 2024, ya frente a una coyuntura que se percibía con bastante claridad —porque el propio Javier Milei había explicitado en campaña el rumbo que pensaba imprimir—, conformamos la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología. Se trata de un espacio que reúne a unas 30 agrupaciones del sector, provenientes de distintos posicionamientos políticos y también de ámbitos gremiales. La Red PLACTS es una de esas organizaciones, pero lo importante es la amplitud y la capacidad de articulación lograda en un contexto adverso.

Ahora bien, si me preguntan por el camino, nunca diría que hay uno único ni que el nuestro deba ser tomado como modelo. Cada proceso tiene que construirse en la práctica, en función de sus propias condiciones. Pero sí creo que es valioso conocer experiencias concretas que han logrado ciertos resultados. En nuestro caso, entendemos que ha sido un recorrido relativamente exitoso en la medida en que conseguimos instalar una corriente de opinión en Argentina en torno al papel de la ciencia y la tecnología.

Esa construcción no quedó solo en el plano discursivo, sino que tuvo algunas traducciones institucionales. Por ejemplo, durante la gestión del ministerio en el último gobierno, se lograron impulsar modificaciones relevantes en determinadas líneas y programas, orientadas a fortalecer la vinculación entre conocimiento y necesidades sociales.

Entre esas iniciativas, se pueden mencionar programas de vinculación tecnológica con la economía popular —es decir, con sectores de la economía informal, el cooperativismo y ámbitos socialmente más postergados—, así como políticas orientadas a la soberanía en áreas estratégicas, incluyendo el campo de las publicaciones científicas, que ya mencionamos. En lo personal, tuve la oportunidad de dirigir un Proyecto de Actualización Tecnológica en la Economía Popular (PATEP), lo que permitió explorar, en la práctica, formas concretas de articulación entre sistema científico y tejido social.

Todo esto refuerza una idea central: la transformación no es solo una consigna teórica, sino una práctica que requiere organización, acumulación de experiencias y construcción colectiva sostenida en el tiempo.

En relación con el espacio marítimo argentino —un ámbito históricamente relegado en la discusión pública—, también hemos intentado aportar desde la ciencia y la tecnología a una reflexión sobre la soberanía marítima y antártica. En conjunto, se trata de una serie de intervenciones y líneas de trabajo que, creemos, han contribuido a conformar una corriente de opinión en Argentina, con la aspiración de proyectarse también a escala latinoamericana.

En ese sentido, más que extraer conclusiones cerradas, lo importante de estos espacios es que permitan construir vínculos. A partir de esos vínculos, y en función de cómo evolucionen sus propias discusiones e inquietudes, se podrá ir definiendo qué formas de articulación resultan más fecundas. La clave, en definitiva, es sostener el intercambio y la construcción colectiva.

En relación con esta cuestión más específica —la del diálogo de saberes, en el sentido en que lo plantea Boaventura de Sousa Santos—, es decir, la articulación entre conocimientos locales, situados, de base experiencial, y el conocimiento científico-tecnológico, debo decir que no es un campo que haya trabajado en profundidad de manera directa.

Sin embargo, hay experiencias que resultan especialmente iluminadoras. Una de las más destacadas, a mi juicio, es la del Equipo Argentino de Antropología Forense. Se trata de un caso sumamente interesante porque, si bien opera en un campo atravesado por situaciones extremadamente dramáticas —como la identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos—, ha desarrollado formas muy ricas de articulación entre saber experto y conocimiento local. Su trabajo en contextos como el de Ayotzinapa, en México, es un ejemplo de cómo los saberes de familiares, comunidades y territorios pueden integrarse de manera significativa en procesos científicos complejos.

Más allá de este caso, también resulta sugerente el enfoque de Silvio Funtowicz, particularmente a través de su noción de “ciencia post-normal”. Este marco propone repensar la producción de conocimiento en contextos donde los hechos son inciertos, los valores están en disputa, las decisiones son urgentes y las consecuencias potencialmente graves. En ese tipo de situaciones, la ampliación de la comunidad de pares —incorporando actores no tradicionales— se vuelve un elemento central, abriendo justamente la posibilidad de ese diálogo de saberes.

Creo que allí hay una pista interesante: no se trata solo de “sumar” conocimientos locales a la ciencia, sino de transformar las propias formas de validación, producción y circulación del conocimiento, reconociendo que hay múltiples racionalidades en juego. Es un terreno fértil, todavía en construcción, pero clave para pensar una ciencia más situada y socialmente relevante en nuestras sociedades.

En ese sentido, un caso que trabajé en mi tesis y que resulta muy ilustrativo es el de la Stevia rebaudiana Bertoni. Se trata de una especie que crecía de manera localizada en el norte de Paraguay y cuyo uso estaba arraigado en el conocimiento tradicional del pueblo guaraní. Durante un período difícil de precisar, fueron estas comunidades las que desarrollaron y transmitieron saberes sobre sus propiedades, su cultivo y sus usos, mucho antes de su incorporación a circuitos científicos formales.

Lo que muestra este caso es que ese conocimiento —que hoy, bajo estándares internacionales, podría ser claramente reconocido como conocimiento indígena— fue efectivamente apropiado por investigadores europeos hace aproximadamente un siglo. Sin embargo, en ese proceso se produjo una operación clave: esos saberes no fueron reconocidos como tales, sino que fueron traducidos a los lenguajes y formatos de la ciencia moderna, y recién entonces adquirieron estatus de “conocimiento científico”.

Esto permite observar una asimetría estructural: existía allí una producción cognitiva eficaz, pero al no ajustarse a los parámetros institucionales y epistemológicos de la ciencia moderna, no era validada como conocimiento legítimo. Solo al ser mediada por actores reconocidos dentro del sistema científico —y al ser expresada en lenguas y códigos hegemónicos— pasaba a ser considerada ciencia.

El caso de la Stevia, entonces, no solo ilustra un ejemplo temprano de articulación entre saberes tradicionales y ciencia, sino también los mecanismos de invisibilización y apropiación que han acompañado históricamente ese vínculo. Y en ese punto vuelve a conectarse con la discusión más amplia: no alcanza con “integrar” saberes, sino que es necesario revisar críticamente las jerarquías y los criterios que definen qué cuenta como conocimiento válido y qué no.

Esto permite sostener una idea fuerte: el llamado “diálogo de saberes” no es algo completamente nuevo, sino que, en los hechos, siempre existió. A lo largo de la historia, la producción de conocimiento ha estado atravesada por múltiples interacciones entre saberes formales e informales, entre ciencia académica y conocimientos prácticos, locales o artesanales. Lo que cambia hoy es que esa dinámica comienza a ser tematizada, problematizada y puesta en discusión de manera explícita, lo cual es, sin duda, un avance.

De hecho, incluso desde la historia de la ciencia —incluyendo corrientes anglosajonas— se viene revisando el papel de actores tradicionalmente invisibilizados, como los técnicos y artesanos en el desarrollo de la ciencia moderna. Durante procesos como la Revolución Científica, estos actores aportaron capacidades fundamentales, especialmente en la construcción de instrumentos, sin los cuales muchos avances no hubieran sido posibles. Sin embargo, sus contribuciones quedaron muchas veces subsumidas bajo figuras más reconocidas del campo científico. Este tipo de revisiones refuerza la idea de que el conocimiento siempre ha sido más híbrido, colectivo y situado de lo que las narrativas tradicionales suelen admitir.

Bajando esto a experiencias más concretas, en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional —así como en la Universidad Nacional de La Plata—, el trabajo en extensión y vinculación nos ha llevado a interactuar directamente con lo que en Argentina se denomina “economía popular”. Este concepto no es meramente analítico, sino que emerge de un actor social específico: los trabajadores excluidos.

Se trata de sectores que no logran insertarse en el mercado laboral formal, pero que tampoco pueden ser definidos simplemente como desocupados. Son, más bien, sujetos que quedan estructuralmente por fuera de un sistema que no tiene lugar para ellos, y que, sin embargo, desarrollan estrategias propias de subsistencia: desde la venta ambulante hasta microemprendimientos locales, pasando por formas de trabajo comunitario en los territorios. Este entramado configura una economía amplia, diversa y profundamente arraigada en lo social, que en Argentina alcanza a una porción muy significativa de la población.

En ese contexto, el desafío del sistema científico-tecnológico —si se lo piensa desde una perspectiva situada— es cómo dialogar con esos saberes, cómo aprender de ellos y cómo, a la vez, aportar herramientas que potencien esas experiencias. Y allí, nuevamente, el “diálogo de saberes” deja de ser una consigna abstracta para convertirse en una práctica concreta, cargada de tensiones, pero también de enormes posibilidades.

En ese marco, nuestro foco dentro de la Universidad Tecnológica Nacional —al menos en esta etapa— está puesto en una pregunta muy concreta: ¿qué tipo de vinculación tecnológica pueden establecer las ingenierías con las necesidades de la economía popular?

Se trata de un sector que, como decíamos, presenta niveles muy bajos de complejidad técnica y fuertes limitaciones materiales. Y justamente ahí aparece una oportunidad clara: el sistema científico-tecnológico dispone, en muchos casos, de un volumen de conocimiento que excede ampliamente lo que estos espacios requieren. Es decir, no siempre se trata de generar nuevo conocimiento, sino de movilizar, adaptar y traducir saberes ya disponibles hacia contextos donde pueden tener un impacto inmediato.

Un ejemplo muy ilustrativo es el del sector de la construcción dentro de la economía popular. En Argentina ha crecido fuertemente la autoconstrucción, muchas veces en condiciones precarias y con escaso conocimiento técnico. Sin embargo, con intervenciones relativamente simples desde la ingeniería civil —sin necesidad de desarrollos sofisticados— es posible mejorar significativamente la calidad de las viviendas y de la infraestructura barrial.

En ese sentido, hemos trabajado, por ejemplo, con cooperativas dedicadas a la producción de bloques de hormigón, las llamadas “bloqueras”. Se trata de emprendimientos autogestionados que fabrican ladrillos a partir de dispositivos muy simples: moldes en los que se coloca el hormigón, se deja fraguar y luego se obtiene el bloque. Es una tecnología accesible, pero que suele operar con bajos niveles de estandarización, control de calidad y eficiencia productiva.

Ahí es donde la vinculación tecnológica puede hacer una diferencia concreta: pequeñas mejoras en la dosificación de materiales, en los tiempos de secado, en el diseño de los moldes o en la organización del proceso productivo pueden traducirse en productos más resistentes, más seguros y más durables. No se trata de introducir alta tecnología, sino de poner en juego conocimientos existentes de manera situada, en diálogo con las prácticas y necesidades de estos actores.

Este tipo de experiencias muestra que la relación entre universidad y sociedad no necesariamente pasa por grandes innovaciones disruptivas, sino muchas veces por intervenciones modestas pero estratégicas, capaces de elevar el piso técnico de actividades que sostienen la vida cotidiana de amplios sectores de la población.

Pero cuando esos bloques se llevan a la universidad y se los somete a ensayos de resistencia —pruebas de compresión, durabilidad, distintos parámetros exigidos por las normas de calidad—, el resultado es claro: no alcanzan los umbrales establecidos. Son productos que, en términos técnicos, están mal elaborados. Y lo interesante es que esa “falla” no responde a una incapacidad estructural, sino a la ausencia de conocimientos muy específicos: proporciones adecuadas de agua y cemento, tiempos de secado, presión de compactación, entre otros aspectos básicos.

Ahí es donde se vuelve evidente el potencial de la vinculación tecnológica. Para una casa de altos estudios como la Universidad Tecnológica Nacional, resolver este tipo de problemas es relativamente sencillo. No requiere grandes desarrollos de frontera, sino la aplicación situada de conocimientos ya disponibles. El desafío no es tanto técnico como organizacional y político: cómo construir los puentes necesarios para que ese conocimiento llegue, se adapte y sea apropiado por estos actores.

En ese sentido, desarrollamos un proyecto concreto —que contó con financiamiento del gobierno anterior, aunque su ejecución se dio en el contexto actual— orientado justamente a trabajar con estas cooperativas. A partir de ese vínculo, se lograron mejoras efectivas en la calidad de los bloques producidos, algo que incluso puede verse reflejado en distintos materiales audiovisuales disponibles públicamente.

Más allá del caso puntual, lo relevante es lo que este tipo de experiencias pone en evidencia: que la universidad puede cumplir una función social directa, tangible, especialmente cuando logra articular sus capacidades con sectores que históricamente han quedado al margen del desarrollo tecnológico.

Este es apenas un punto de partida. Hay mucha tela para cortar. Pero quizás lo más importante es justamente eso: abrir la discusión, compartir experiencias y empezar a construir, desde distintos lugares, formas más integradas y socialmente significativas de producir conocimiento. Para cerrar, quisiera recomendar un libro que resulta especialmente sugerente para pensar estas cuestiones: El Estado Transformador, de Enrique Martínez. Es un texto muy claro, escrito desde una perspectiva no estrictamente académica, que permite abordar de manera directa el problema del cambio social y el papel del Estado. Martínez propone allí una concepción específica del Estado como agente activo de transformación, lo que lo convierte en una lectura particularmente valiosa para quienes están interesados en repensar la relación entre conocimiento, desarrollo y políticas públicas.

Last modified: 3 de octubre de 2026