El artículo analiza el impacto del cientificidio –entendido como el desmantelamiento deliberado del sistema científico público– sobre las ciencias sociales y humanas durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei. A través de una reconstrucción de políticas, discursos y medidas institucionales, se muestra que este campo fue objeto de una intensa campaña de estigmatización, aunque sin sufrir recortes presupuestarios significativamente mayores que otras áreas. Se sostiene que las ciencias sociales y humanas fueron utilizadas como “muñecos de paja” para justificar un ajuste generalizado. El trabajo examina también los fundamentos epistemológicos y utilitarios de las críticas del oficialismo, reconociendo en ellas cierta “cuota de verdad” vinculada a debilidades internas del campo. Desde una perspectiva propositiva, se plantea una política científica orientada por grandes problemas nacionales que integre estas disciplinas en programas interdisciplinarios y federales, que avance en rigurosidad metodológica y ambición transformadora. Finalmente, se propone una reforma cultural del campo académico, basada en la calidad, la autocrítica y la contribución efectiva de las ciencias sociales y humanas a la superación del subdesarrollo y la dependencia.
Cita sugerida: Liaudat, S. (2025). Cientificidio, crítica y política hacia las ciencias sociales y humanas. Perspectivas Bonaerenses. Revista De Humanidades Y Ciencias Sociales De La Provincia De Buenos Aires, 1(1), pp. 249 – 276. https://perspectivasbonaerenses.cic.gba.gob.ar/index.php/revista/article/view/9
Introducción[1]
Las ciencias sociales y humanas cuentan en el país con una trayectoria de un siglo y medio si se consideran sus aportes iniciales, y de poco más de medio siglo si se toma como punto de partida la creación de las primeras instituciones y programas de investigación académica. La constitución del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en 1967 representa un hito en ese proceso. Desde el retorno de la democracia en 1983, este campo del saber se ha profesionalizado y diversificado en numerosas disciplinas y subdisciplinas. En la actualidad, todas ellas se desarrollan a través de un vasto entramado de centros especializados, carreras de posgrado y revistas académicas.
Una referencia orientativa para delimitar este campo es la gran área de conocimiento correspondiente al CONICET, que abarca: Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Literatura, Lingüística, Semiótica, Filosofía, Historia, Geografía, Antropología, Sociología, Comunicación Social, Demografía, Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública, Psicología, Arqueología y Ciencias de la Educación. A estas disciplinas pueden sumarse algunos campos emergentes o interdisciplinarios que suelen quedar encasillados en distintas comisiones evaluadoras del organigrama institucional, como la Bibliotecología, las Ciencias de la Información, las Humanidades Digitales o los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología.
Como puede observarse, estas disciplinas incluyen tópicos y enfoques muy diversos y presentan, como es previsible, grados de desarrollo relativo igualmente variados. No obstante, desde la asunción del gobierno de Javier Milei han sido englobadas en conjunto bajo etiquetas denigratorias, mediante las cuales la labor de una parte de las ciencias sociales y humanas es ridiculizada y estigmatizada. Esta operación debe inscribirse en el marco más amplio de un cientificidio, que a su vez forma parte de la imposición de un modelo de país neoliberal y dependiente (Liaudat y Bilmes, 2024).
Ante este panorama, pueden formularse algunas preguntas iniciales: ¿cuáles han sido las afectaciones específicas que sufrieron las ciencias sociales y humanas? ¿Son mayores, iguales o menores que las de otras áreas de la ciencia y la tecnología? La primera parte del trabajo se propone reconstruir, paso a paso, los discursos y las acciones concretas que impactaron en estas disciplinas.
Frente al ataque que las ciencias sociales y humanas han sufrido en el discurso oficial, surgieron respuestas institucionales que buscaron enfatizar el papel que cumplen en la sociedad (CODESOC, 2024; CLACSO Argentina, 2025), así como artículos de opinión que destacaron distintos aportes concretos (Bragoni y Rosemberg, 2025). Se trata de mecanismos defensivos legítimos, orientados a resaltar los méritos propios. Sin embargo, persiste un punto ciego que rara vez se aborda: ¿por qué esos discursos difamatorios encuentran posibilidad de ser enunciados? Es decir, ¿cuál es la dosis de verdad en la crítica del gobierno a las ciencias sociales y humanas? ¿Sobre qué bases se sostiene su cuestionamiento? En el análisis de estas preguntas se centra la segunda parte de este trabajo.
Finalmente, resulta pertinente pensar la crisis como una oportunidad para revisar los límites de lo pensable y lo posible, y ser capaces de ir más allá de las propias restricciones. Por ello, el artículo contribuye con algunas reflexiones sobre el papel de las ciencias sociales y humanas en un país cuyo principal problema es el subdesarrollo. Y concluye con lineamientos para esta área de conocimiento que suele quedar fuera de la discusión de políticas científicas y tecnológicas.
Cientificidio en las ciencias sociales y humanas
Durante la campaña presidencial de 2023, el entonces candidato Javier Milei se refirió de manera despectiva a la ciencia argentina, subrayando la necesidad de reducir drásticamente el presupuesto público destinado a su financiamiento. En el debate oficial, su candidata a la vicepresidencia, Victoria Villarruel, ridiculizó un artículo académico del campo de los estudios de género para ejemplificar —según sus palabras— la urgencia de reformar el sistema científico nacional. En realidad, dicho episodio reactivó una polémica previa en torno a un investigador y un tópico que ya habían sido objeto de impugnaciones mediáticas durante los debates sobre el ajuste presupuestario de 2016-2019. Tanto en aquel período como en la etapa actual, los cuestionamientos de periodistas y políticos son acompañados por ataques coordinados en redes sociales a través de trolls y bots que publican mensajes en cadena de carácter provocativo u ofensivo.
Más allá de estos antecedentes, en la etapa previa a la asunción del actual gobierno no se presentó públicamente ningún plan referido a la ciencia y la tecnología, y mucho menos a las áreas de las ciencias sociales y humanas. En las páginas siguientes se ofrece una reconstrucción de algunos hechos ocurridos en torno a estas últimas desde la asunción del nuevo gobierno nacional. No se incluirán aquí los datos generales sobre el contexto de las políticas científicas y tecnológicas, los cuales pueden consultarse en distintas fuentes que han sistematizado la información principal (EPC, 2025; FDHI, 2025; Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, 2025).
El análisis se organiza de manera cronológica con el objetivo de ofrecer una exposición clara de la secuencia de acontecimientos. Si bien el tono exhaustivo de la reconstrucción puede resultar intenso, se opta por mantenerlo con el fin de dejar un registro histórico detallado de lo sucedido. Quienes lo deseen pueden consultar al final una tabla que resume los principales hechos.
En marzo de 2024, ante la carta de preocupación firmada por 68 premios Nobel en relación con el ajuste sobre la ciencia argentina, el vocero presidencial declaró: “El presidente entiende la importancia de la ciencia, valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad (…) no en uno que gasta su tiempo en investigaciones de dudosa utilidad, como aquel que –por ejemplo– abordaba la orientación sexual de Batman. (…) Argentina hoy es un país absolutamente empobrecido y con la mitad de su gente viviendo por debajo de la línea de pobreza; así que no se va a financiar (…) ciencia que hoy no aporta un beneficio directo a la sociedad” (Adorni, 2024). El mismo artículo académico aludido durante la campaña reaparece ahora en el discurso gubernamental, aunque con una función argumentativa más definida: ejemplificar la dicotomía entre una “ciencia útil” y una “ciencia inútil”. Según esta posición oficial, el ajuste presupuestario debería recaer exclusivamente sobre la segunda.
En abril de 2024, aproximadamente treinta trabajos de investigación fueron eliminados del repositorio institucional del CONICET. Este acto de censura provocó un escándalo mediático y generó rechazo dentro del propio sector. Como resultado, los artículos fueron reincorporados en muy poco tiempo. Entre los trabajos académicos afectados se incluyen los estudios de género que, desde 2023 e incluso desde 2016, habían sido utilizados reiteradamente como muñecos de paja para justificar ajustes presupuestarios en ciencia (Periferia, 2024).
Entre marzo y mayo de 2024, tras varios meses de instalación mediática protagonizada por el presidente, ministros y secretarios, se habilitaron canales de denuncia sobre supuestos casos de adoctrinamiento político-partidario en aulas escolares y universitarias. Una vez más, el foco se centró en las ciencias sociales y humanas, motivo por el cual el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales emitió un comunicado rechazando dichas acusaciones, constituyendo la primera respuesta institucional proveniente de este sector (CODESOC, 2024). El tema del adoctrinamiento fue reiteradamente puesto en la agenda por el oficialismo durante estos dos años. La última novedad al respecto es que, en junio de 2025, quedó habilitada una línea telefónica específica del Ministerio de Capital Humano destinada a recibir denuncias de “adoctrinamiento” en aulas (Página/12, 2025).
En agosto de 2024, durante la reunión del Directorio del CONICET celebrada el 14 de ese mes, se generó una discusión en torno a una publicación en redes sociales realizada por el presidente del organismo, Daniel Salamone. Se trató de un comentario peyorativo respecto a una actividad de CLACSO sobre género y cambio climático; dos temas que suelen ser objeto de críticas por parte de sectores neoliberales y neoconservadores, y que en este caso encontraron eco en la máxima autoridad del principal organismo científico del país. Durante la reunión, se acusó al presidente de actuar “de manera anticientífica”, para luego enfatizar que “no se pueden negar los problemas del cambio climático suscitados por el hombre y sus consecuencias, como tampoco puede ignorarse la Agenda 2030” (CONICET, 2024).
En noviembre de 2024, Manuel García Solá presentó su renuncia al Directorio del CONICET. En su carta, aclara que la decisión no obedeció a motivos personales, sino que fue solicitada por el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, dado que García Solá representaba al sector agropecuario. Pino, a su vez, actuó en respuesta a un requerimiento del Ejecutivo Nacional para que García Solá fuera desplazado de su cargo. En la carta, hecha pública, García Solá afirmó que “nunca podría callar mi voz cuando se intentara cometer algún acto de persecución por ideas científicas, políticas o religiosas” (García Solá, 2024). En la misma línea, declaró a la prensa que su renuncia estaba vinculada, entre otras cuestiones, a la censura aplicada en el repositorio institucional del organismo, al control político en la asignación de subsidios y a la persecución de becarios e investigadores (Radio con Vos, 2024). Sus observaciones se refieren fundamentalmente, aunque no exclusivamente, a investigadores del área de las ciencias sociales y humanas que habían sido públicamente estigmatizados.
En mayo de 2025, mediante el Decreto 346, el gobierno dispuso el cierre, centralización y fusión de ocho institutos de archivo e investigación histórica, entre ellos los dedicados a Belgrano, San Martín, Yrigoyen, Perón y Rosas. Bajo el argumento de optimizar el uso de los recursos públicos, la medida revela un desinterés por la historia argentina y su patrimonio histórico, con consecuencias negativas para las disciplinas e investigaciones del área.
En junio de 2025, durante la reunión del Directorio del CONICET del día 11, se abordó el problema de la discontinuidad de los dos proyectos de ciencias sociales y humanas que forman parte del programa Redes Federales de Alto Impacto. En particular, se trató del no cobro de la segunda cuota de financiamiento de este programa, afectando de manera específica a los proyectos de estas áreas (CONICET, 2025a). Se trata de la primera afectación presupuestaria diferenciada que recae exclusivamente sobre las ciencias sociales y humanas, distinta de la que ya sufría el resto del sistema científico-tecnológico. Cabe señalar que la segunda cuota de los proyectos vinculados exclusivamente a estas disciplinas finalmente nunca fue abonada.
En junio de 2025, las prioridades establecidas en los instrumentos de financiación de investigación científica —en particular, los Proyectos de Investigación Plurianual (PIP), aprobados por el Directorio del CONICET— postergaron o excluyeron de manera explícita el desarrollo de las disciplinas sociales y humanísticas. Según el documento oficial: “Se valorará positivamente aquellos proyectos relacionados con las siguientes líneas temáticas: agroindustria, energía, minería, salud, agua e inteligencia artificial. Así como también proyectos del área de Ciencias Exactas” (CONICET, 2025e, p. 2). De manera similar, los Proyectos de Investigación en Temas Estratégicos Territoriales en Red (PIET-R) se orientaron prioritariamente a las mismas seis áreas: agroindustria, energía, minería, salud, agua e inteligencia artificial (CONICET, 2025d). Es evidente que estos temas podrían ser abordados desde las ciencias sociales y humanas; sin embargo, al examinar el desglose de los subtemas que los componen, se observa que estas disciplinas no están contempladas.
En julio de 2025, el vocero presidencial publicó en redes sociales el siguiente mensaje el 4 de ese mes: “El Gobierno reorganizará la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación para que cumpla su verdadero objetivo: impulsar la innovación tecnológica en favor de las prioridades productivas del país. De esta manera, ya no tendrán lugar proyectos de dudosa utilidad, como ‘Modalidades posthumanas de la subjetividad y el ser-con-otrxs’. La ciencia tiene que estar al servicio del futuro” (Adorni, 2025a). Ante esta intromisión, los centros miembros del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en Argentina emitieron un comunicado en el que denuncian que “las críticas vertidas por el vocero presidencial a un proyecto financiado por dicha Agencia develan la clara búsqueda de instaurar mecanismos de control ideológico y censura de los temas y agendas de investigación” (CLACSO Argentina, 2025).
En julio de 2025, se establecieron los lineamientos para becas doctorales y posdoctorales de CONICET, según el cual 70 % de las becas se asignan a proyectos vinculados a áreas consideradas prioritarias, mientras que el 30 % restante se destinará a temas libres. Esta distribución impacta de manera especialmente negativa en las ciencias sociales y, sobre todo, en las humanidades por el modo en que se considera el abordaje de los temas priorizados. De este modo, las posibilidades de obtención de becas para esta gran área de conocimiento se restringen fuertemente (CONICET, 2025g).
En julio de 2025, durante la reunión del Directorio del CONICET celebrada el día 23, se otorgó una audiencia solicitada por 205 directores de institutos y programas de posgrado de ciencias sociales y humanidades. Los representantes de esta área, respaldados por un documento, destacaron el papel de sus disciplinas, alertaron sobre el riesgo de desfinanciamiento y subrayaron la necesidad de sostener un desarrollo equilibrado de todas las áreas del conocimiento (Argentina, 2025a). Como respuesta, miembros del Directorio y el presidente del organismo se limitaron a reafirmar la relevancia de este campo, señalando que las prioridades establecidas se alinean con los objetivos del Plan 2030 y el contexto de crisis económica (CONICET, 2025b).
En agosto de 2025, la convocatoria del CONICET para subsidios a reuniones científicas incorporó un nuevo requisito que prioriza las solicitudes presentadas por sociedades, asociaciones o academias, firmadas por su máxima autoridad (CONICET, 2025f). En algunas áreas de ciencias sociales y humanidades, esta disposición fue interpretada como un obstáculo, ya que muchos eventos —organizados por institutos, centros, facultades o universidades— quedan excluidos del concurso, pese a su trayectoria y reconocimiento. Si bien existen asociaciones en la mayoría de las disciplinas, no todas son las organizadoras de los principales encuentros académicos del campo.
En agosto de 2025, durante la reunión del Directorio del CONICET celebrada el día 12, en el marco del tratamiento de la convocatoria a ingresos a la Carrera del Investigador correspondiente al llamado 2023, algunos miembros del Directorio propusieron no asignar vacantes en la modalidad de convocatoria general al área de ciencias sociales y humanidades. En particular, el representante del sector agropecuario, José María Bruniard, y el de las provincias, Walter Fabián Sione, quienes contaron con el apoyo del presidente del organismo, Daniel Salamone. Si bien la moción no fue aprobada por la mayoría, el solo hecho de que haya sido planteada y considerada, e incluso respaldada por la presidencia, evidencia la posición marginal que ocupan las ciencias sociales y humanidades en el actual escenario de políticas del organismo (CONICET, 2025c).
En octubre de 2025, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció una “profunda transformación de la Agencia”. Para justificar los cambios, volvió a cuestionar líneas de investigación vinculadas a las ciencias sociales y humanidades —particularmente, estudios de género—, al afirmar que “no se relacionaban ni con la ciencia, ni con la innovación, ni con el desarrollo productivo” (Adorni, 2025b). En ese marco, presentó un nuevo instrumento destinado a “proyectos estratégicos” en áreas como agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento, inteligencia artificial, entre otras. Si bien no se publicó información oficial adicional, trascendió un documento preliminar sobre el nuevo programa Apoyo a la Investigación Científica, que utilizaría fondos del BID antes asignados al FONCYT, ahora redirigidos hacia esos sectores prioritarios (Periferia, 2025a, 2025b). Las ciencias sociales y humanidades quedarían excluidas de esta reorientación, que se perfila como la única vía de financiamiento vigente en la Agencia.
Por último, aunque sin una fecha precisa, debe señalarse la discontinuidad del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC). Este instrumento, creado en 2009 por iniciativa del entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en articulación con el CODESOC y la Secretaría de Políticas Universitarias, tuvo un retroceso durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque sin llegar a interrumpirse. En 2020 fue relanzado como PISAC II, con su última convocatoria en 2023. Desde entonces no se registran novedades sobre su continuidad. A lo largo de sus quince años de funcionamiento, el programa impulsó investigaciones en ciencias sociales y humanidades orientadas a contribuir con organismos estatales en el diseño e implementación de políticas públicas, generando una producción de alta calidad y relevancia social (Argentina, 2025b).
A partir de esta reconstrucción, es posible identificar un conjunto de afectaciones específicas del cientificidio sobre las ciencias sociales y humanidades. En la tabla 1 pueden observarse de conjunto.
Tabla 1. Cientificidio en las ciencias sociales y humanidades
| Fecha | Acontecimiento |
| Marzo 2024 | Declaraciones del vocero presidencial a raíz de la carta de los premios Nobel |
| Abril 2024 | Baja de trabajos en repositorio institucional de CONICET |
| Marzo-mayo 2024 | El gobierno instala en los medios la existencia de adoctrinamiento en aulas. Respuesta de CODESOC |
| Agosto 2024 | Directorio de CONICET rechaza declaraciones del presidente del organismo |
| Noviembre 2024 | Renuncia de miembro del Directorio de CONICET por no avalar persecuciones ideológicas |
| Mayo 2025 | Cierre, fusión y centralización de ocho institutos de investigación histórica |
| Junio 2025 | No se realiza el pago de segunda cuota de proyectos del programa Redes Federales de Alto Impacto |
| Ciencias sociales y humanas afectadas por nuevos criterios en instrumentos de financiamiento | |
| Ministerio de Capital Humano habilita línea telefónica para denunciar casos de adoctrinamiento | |
| Julio 2025 | Vocero presidencial anuncia modificación de Agencia I+D+i. Respuesta de CLACSO |
| Modificación en criterios de otorgamiento de becas de CONICET | |
| Audiencia solicitada al Directorio de CONICET por 205 directores de institutos y programas de posgrado para alertar por el desfinanciamiento de las ciencias sociales y humanas | |
| Agosto 2025 | Nuevas pautas para convocatoria a reuniones científicas dificultan acceso de las ciencias sociales y humanas |
| En reunión de Directorio de CONICET se llega a proponer no otorgar altas de carrera a la gran área de ciencias sociales y humanidades | |
| Octubre 2025 | Vocero presidencial anuncia transformación de Agencia I+D+i. Anuncia un nuevo instrumento de financiamiento que excluye a las ciencias sociales y humanas |
| Durante todo el período | Discontinuidad del PISAC |
| Ataques coordinados en redes sociales mediante trolls y bots |
Fuente: elaboración propia.
A la luz de estos sucesos, queda claro que hubo impactos específicos para las ciencias sociales y humanas en el marco del cientificidio en curso. No obstante, el aspecto más relevante al respecto parece ser que el gobierno utilizó a este campo del conocimiento como muñeco de paja para justificar políticas de ajuste que impactaron en todo el sistema científico-tecnológico. En la práctica, no se establecieron distinciones sustantivas entre áreas básicas y aplicadas, ni entre aquellas orientadas al mercado o a temas prioritarios y las que no lo estaban. De hecho, organismos estrechamente vinculados a sectores económicos y/o metas priorizadas, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) o el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se cuentan entre los más perjudicados por el cientificidio.
Si bien puede sostenerse que las ciencias sociales y humanidades resultaron especialmente afectadas en materia de financiamiento —al quedar excluidas de las líneas orientadas que se proyectan como las únicas en continuidad dentro de la Agencia I+D+i—, lo cierto es que el nuevo instrumento anunciado aún no se ha materializado, y la interrupción de convocatorias de financiamiento alcanza a todas las áreas del conocimiento (como se observa al comparar el ítem “convocatorias cerradas” entre 2023 y 2024 en Argentina, 2025c). En relación con los instrumentos propios del CONICET —becas, PIP y PIET-R—, se advierten criterios que resultan particularmente desfavorables para las ciencias sociales y humanidades, especialmente por la forma en que se definen y ponderan los subítems que integran los temas priorizados. No obstante, y pese a las intenciones y los discursos oficiales, hasta el momento el CONICET ha mantenido, en materia de becas e ingresos a la Carrera del Investigador, el porcentaje histórico de alrededor del 25 % de asignaciones destinadas a las ciencias sociales y humanidades.
Asimismo, no sería correcto afirmar que el oficialismo adopta una postura de rechazo absoluto hacia las ciencias sociales y humanas. De hecho, Javier Milei y referentes ideológicos como Agustín Laje recurren con frecuencia a la economía, la historia, la sociología o la filosofía para fundamentar sus postulados. Cormick y Edelsztein (2025) aciertan al señalar que detrás del cientificidio no existe un discurso anticiencia o antiintelectual total, sino parcial: la crítica se dirige contra ciertas ciencias consideradas “inútiles” o “adoctrinadoras”. Los autores destacan que, en realidad, Milei se presenta como defensor del método científico, a diferencia de líderes como Trump o Bolsonaro, quienes apelan más a la experiencia personal o la fe. Sin embargo, como se señaló anteriormente, el ajuste recayó sobre la totalidad del sistema científico, sin distinguir entre “buena” o “mala” ciencia. Ello obedece, en última instancia, a que, según su concepción, la ciencia y la tecnología no deben ser competencia del Estado, sino del mercado.[2]
En resumen, las ciencias sociales y humanidades fueron utilizadas principalmente como muñecos de paja, ridiculizando especialmente líneas de investigación vinculadas a los estudios de género (y, en menor medida, cambio climático y poshumanismo), con el fin de deslegitimar la actividad científica nacional y validar el avance del cientificidio sobre el conjunto del sistema. A dos años de iniciado el gobierno de Milei, el ajuste no se ha concentrado exclusivamente en este campo, sino que ha sido transversal a todo el complejo científico-tecnológico, afectando incluso a organismos fuertemente orientados al sector privado o vinculados a los temas supuestamente priorizados. No obstante, las campañas de desprestigio se han focalizado en parte de las ciencias sociales y humanidades, que han sido objeto de una presión simbólica y política particularmente intensa.
La raíz de los cuestionamientos
Ahora bien, tras haber reconstruido los acontecimientos de estos dos años, resulta pertinente examinar las controversias subyacentes que han permitido erigir a las ciencias sociales y humanas como un blanco particularmente dócil para la descalificación. Sin una base previa de descrédito y sospecha hacia este campo del conocimiento, las falacias del discurso oficial no encontrarían terreno fértil. Surge entonces la pregunta: ¿qué cuota de verdad se oculta tras la falsedad? ¿Sobre qué elementos latentes se sostiene la apariencia de verosimilitud de dichos argumentos?
En esta sección se analizan los dos principales cuestionamientos que recaen sobre las ciencias sociales y humanas: por un lado, los de índole epistemológica; por otro, aquellos vinculados a su utilidad. A nuestro entender, en ambos casos prevalecen enfoques erróneos que deben ser revisados con el fin de superar ciertas limitaciones que afectan el desarrollo actual de estas disciplinas.
La crítica epistemológica
Todavía persiste de modo extendido la idea de una supuesta inferioridad de las ciencias sociales y humanas en relación con sus pares de las ciencias exactas, naturales e ingenierías. Se trata de un antiguo cuestionamiento de raíz positivista que, por razones epistemológicas, otorga primacía a las denominadas “ciencias duras”. Esta perspectiva trasciende al oficialismo y se encuentra arraigada tanto en amplios sectores de la sociedad como en ámbitos del propio sistema científico. Un ejemplo ilustrativo se remonta a 2008, cuando el biotecnólogo Lino Barañao, pocos días después de asumir como primer ministro de ciencia, tecnología e innovación de la nación, se refirió a las ciencias sociales y humanas en los siguientes términos:
“Es infundado pensar que son las cenicientas, porque tienen un financiamiento equivalente a cualquiera de las áreas de las ciencias básicas y durante mucho tiempo tuvieron un financiamiento superior en términos de los insumos que requerían. Insisto en que este cambio que queremos dar exige la participación activa de áreas humanísticas, desde la filosofía tradicional hasta la lingüística o la antropología. Pero a mí me gustaría ver un cierto cambio metodológico; estoy tan acostumbrado a la verificación empírica de lo que digo, que a veces los trabajos en ciencias sociales me parecen teología”.
Los entrevistadores advirtieron a Barañao que sus declaraciones probablemente suscitarían un amplio debate. Ante ello, el ministro redobló su posición al afirmar: “creo que no hay un motivo por el cual las áreas humanísticas deban prescindir de la metodología que usan otras áreas de las ciencias” (Moledo y Veiras, 2008, resaltado nuestro).
Efectivamente, sus palabras generaron una serie de respuestas por parte de investigadores sociales. Borón (2008), por ejemplo, replicó que la exigencia de verificación empírica debería aplicarse, en primer lugar, a las afirmaciones del propio Barañao, para evidenciar la profunda disparidad de recursos existente entre las ciencias sociales y las exactas —por caso, en la proporción de cargos docentes con dedicación exclusiva—. Más allá de este señalamiento, el autor respondió con agudeza a la cuestión epistemológica, al sostener que “la pretensión de que existe una sola metodología común para todas las ciencias es, a esta altura de la historia, tan insostenible como la teoría geocéntrica de Ptolomeo”.
En otras palabras, acusa al titular de la cartera de ciencia y tecnología de incurrir en una postura anticientífica, al reproducir un monismo epistemológico ya superado.[3] Asimismo, retomando el reconocido Informe Gulbenkian (Wallerstein et al., 1996), señala que la propia epistemología positivista atraviesa una crisis incluso en el ámbito de las denominadas “ciencias duras”, donde los desarrollos más recientes subrayan la no linealidad, la complejidad y la importancia de los enfoques cualitativos.[4]
El cuestionamiento de carácter epistemológico, como puede observarse, no se circunscribe al período del gobierno de Milei. Por el contrario, desde la creación misma del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, su titular durante más de una década evidenció la persistencia de una antigua matriz positivista en ciertos sectores de la comunidad científica, según la cual las ciencias exactas y naturales ocupan una posición de primacía respecto de las ciencias sociales. Esta mirada continúa operando en el imaginario social y ejerce una influencia persistente sobre la orientación de las políticas de ciencia y tecnología (Andrini y Liaudat, 2019).
Las críticas derivadas del monismo metodológico, a su vez, suelen articularse con otras objeciones recurrentes, tales como la supuesta falta de objetividad, replicabilidad y capacidad predictiva de las ciencias sociales y humanas; la excesiva influencia ideológica que comprometería la neutralidad del conocimiento; y el problema de la fragmentación teórica, que mantendría a estas disciplinas en un estado permanente pre-paradigmático —en términos de Kuhn (2005)—, caracterizado por la coexistencia de múltiples interpretaciones sin consensos generales. Algunas de esas derivaciones críticas son retomadas en los cuestionamientos del oficialismo hacia las ciencias sociales y humanas.
Ahora bien, ¿qué grado de verdad contienen estos planteos? ¿Por qué continúa predominando esta perspectiva? Resulta imposible abordar aquí la vasta discusión desarrollada en la literatura especializada sobre este tema. En términos sintéticos, puede afirmarse con claridad que Borón acierta al señalar la obsolescencia del monismo epistemológico. Pretender en el siglo XXI lo que el positivismo aspiraba en el siglo XIX —esto es, aplicar a las ciencias sociales los métodos propios de las ciencias exactas y naturales— resulta insostenible. Tal pretensión implica desconocer las profundas discusiones metodológicas que se han desplegado durante los últimos dos siglos en el campo de las ciencias sociales, humanas y la epistemología.
Más aún, supone ignorar los límites identificados por el propio positivismo lógico hace casi cien años, cuando el Círculo de Viena no logró verificar sus propias hipótesis fundacionales. Desde entonces, ningún programa epistemológico serio ha vuelto a sostener la idea de una unificación metodológica de las ciencias. Se trata, en definitiva, de un debate ya superado, cuya persistencia desvía la atención de las críticas epistemológicas realmente pertinentes.
Pero, entonces, ¿cuáles son las objeciones relevantes en materia de epistemología de las ciencias sociales y humanas tal como se practican en nuestro país y la región? Pueden resumirse en seis puntos.
En primer lugar, al calor de corrientes teóricas influidas por el posestructuralismo, han proliferado líneas de investigación que, tras lo impenetrable de su lenguaje, encubren la fragilidad de sus elaboraciones conceptuales. En particular, en el plano metodológico suele observarse un “todo vale” epistemológico asociado al posmodernismo, tal como advirtiera Eagleton (1997). Se ha llegado a concebir cualquier afirmación como igualmente válida, abandonando la necesidad de fundamentarla en bases empíricas y teóricas sólidas, y reduciendo el debate de posiciones a una mera cuestión retórica discursiva. En estas posturas se llega a omitir directamente la necesidad de una metodología de investigación.
En segundo lugar, más allá de estas vertientes teóricas relativistas, es posible identificar en ciertos sectores de las ciencias sociales y humanas un frecuente descuido de la rigurosidad metodológica. Esta falta de atención suele quedar oculta tras una vaga apelación a metodologías cualitativas. En consecuencia, un rasgo característico de las ciencias sociales y humanas es la desvalorización de los métodos cuantitativos, un tratamiento limitado de las metodologías cualitativas y el desconocimiento extendido de técnicas avanzadas de procesamiento computacional.
En tercer lugar, si en el plano empírico se observan tales debilidades, en el ámbito teórico y conceptual persisten también limitaciones significativas. El rechazo posmoderno a los “grandes relatos” se ha traducido en el campo académico en un abandono de los problemas centrales y de las conceptualizaciones de fondo, en favor de “pequeñas investigaciones” que operan a partir de marcos teóricos no cuestionados. Como resultado, proliferan perspectivas micro y descriptivas, carentes de un enfoque teórico crítico y que no se proponen ninguna originalidad conceptual. Este tipo de abordaje conduce, a su vez, a la pérdida de la dimensión de totalidad, entendida en su sentido histórico-espacial, es decir, soslayando la inscripción geopolítica, la influencia del marco capitalista y la procesualidad en los fenómenos analizados. Un modo de abordaje estático y fragmentado de la realidad, que dificulta elaborar estrategias de transformación, de construcción de futuros deseables.
En cuarto lugar, las teorías que se aplican sin un análisis crítico provienen, en su mayoría, de América del Norte y Europa Occidental. En este sentido, las ciencias sociales y humanas han operado frecuentemente como instrumentos de reproducción de los debates propios de las sociedades del Occidente desarrollado. De esta manera, se han replicado agendas de investigación ajenas a los problemas y realidades de nuestros países. El financiamiento provisto por embajadas, organismos internacionales y ONG contribuyó muchas veces al establecimiento de prioridades académicas vinculadas al llamado “globalismo”.[5] Así pues, con posterioridad al florecimiento intelectual de los años sesenta y setenta, casi no se han propuesto nuevas teorías desde nuestro país y la región. Los viejos cuestionamientos a la nordomanía y el eurocentrismo mantienen plena vigencia (Dussel, 1992; Rodó, 1985).[6]
En quinto lugar, como consecuencia de lo anterior, hay una primacía de un método de pensamiento de tipo hipotético-deductivo. Se adopta una teoría de moda, vigente habitualmente en un grupo, red o institución norteamericana o europea con la que existen contactos, se adoptan sus preguntas y se busca responderlas localmente. Por supuesto, siempre se logra producir datos que confirmen estos interrogantes “pre-seteados”. El rol de observación y análisis directo de la realidad —como fuente primera del conocimiento— queda subordinado al de contrastación de hipótesis previas. La inducción y, sobre todo, el razonamiento abductivo y dialéctico retroceden frente a este deductivismo apriorístico, cuyo resultado es una magra originalidad teórica.
En sexto lugar, estas debilidades se reflejan en los mecanismos de evaluación y se perpetúan a través de un circuito de publicaciones científicas y programas de posgrado de calidad cuestionable. Las ciencias sociales y humanas operan en un entorno altamente autorreferencial, lo que facilita la consolidación de trayectorias académicas sustentadas en trabajos de escaso valor científico. En algunos casos la endogamia se agrava cuando la adscripción a determinados temas, autores y teorías, legitimados por razones axiológicas antes que epistemológicas, redunda en que la validez de los enunciados depende más del grado de adscripción a postulados morales antes que a la calidad o relevancia del trabajo científico. Como consecuencia, estas disciplinas encuentran limitadas sus posibilidades de proyección más allá de las estrechas fronteras de nuestro país y la región. Su internacionalización responde, cuando ocurre, a una integración subordinada a redes científicas con centro en las metrópolis.
¿Es esta la realidad de la totalidad de las ciencias sociales y humanas? Por supuesto que no. Existen investigadores, instituciones, revistas y obras que trascienden este panorama. Sin embargo, una parte significativa del campo refleja estas tendencias en su totalidad o parcialmente, sobre las cuales se articulan las críticas del oficialismo, así como aquellas que persisten en determinados sectores de la comunidad científica. En otras palabras, una porción del desprestigio de las ciencias sociales y humanas se sustenta en sus propias limitaciones. Otra parte se explica por la irresuelta cuestión de su utilidad, donde se concentra un segundo grupo de cuestionamientos.
La crítica sobre la utilidad
Existen diversas objeciones en relación con la función de las ciencias sociales y humanas. Dentro de ellas, es posible distinguir dos grandes grupos: por un lado, aquellas posturas que reducen la utilidad al criterio de rentabilidad; por otro, las que conciben su valor social en un sentido más integral. En primer lugar, resulta necesario abordar la primera de estas discusiones, para poder dar paso a la segunda, de mayor relevancia y profundidad.
La primera postura, sustentada en una concepción neoclásica de la economía, tiende a evaluar a las ciencias sociales y humanas como bienes transables en el mercado: si existe demanda y alguien está dispuesto a pagar por ellas, se considera que poseen utilidad y valor; de lo contrario, no. Esta perspectiva resulta especialmente influyente en el discurso oficial sobre la ciencia. De hecho, puede observarse con claridad en la propuesta de reforma del CONICET presentada por un centro de pensamiento afín al gobierno, en cuyo documento se subraya el elevado gasto destinado a este campo del conocimiento en relación con su “dudosa utilidad social” (Fundación Libertad y Progreso, 2025). Tras enumerar un conjunto de publicaciones que, según el texto, lo reflejan, el documento indica que:
“Son casos particulares que están reflejando una realidad más amplia, que es la expansión desmedida y mal orientada de las investigaciones en ciencias sociales dentro del CONICET. Algo que resulta problemático por el hecho de que las investigaciones sociales tienen una probabilidad realmente baja de atender a necesidades generales y/o generar externalidades que beneficien al país en su conjunto. Y, encima, son proclives a atender intereses particulares del investigador o sesgos partidarios/ideológicos que no justifican el financiamiento público” (p. 13).
Estas palabras parecen dar cuenta de un sentido amplio de beneficio social. Sin embargo, al concretar las propuestas se evidencia con claridad su verdadera concepción: sugieren directamente eliminar el financiamiento del CONICET a las ciencias sociales y humanas, con el argumento de “liberar recursos financieros y productivos para fortalecer la inversión en proyectos con mayor impacto en la productividad, la competitividad y el desarrollo social del país” (p. 17). Es decir, lo determinante es la economía entendida como rentabilidad.
En el mismo sentido, afirma que “un criterio de justificación (…) es que la comunidad le otorgue un valor que supere el costo de realizarla. Bajo este criterio, una posible línea de acción sobre el CONICET sería buscar la absorción de buena parte de sus actividades en curso por parte del sector privado” (p. 17). El financiamiento estatal quedaría, en sus palabras, reducido a la defensa o investigaciones aplicadas de alto riesgo (que, por lo tanto, no sean del interés del sector privado). Es evidente, pues, que el discurso oficial opera sobre una reducción de utilidad a rentabilidad y de necesidad a demanda de mercado. Aquello que no tenga un interés privado expresado en el mercado carece de valor.
Desarmar esta posición es relativamente fácil para quien adhiere a una concepción más amplia de utilidad. El conocimiento social y humanístico puede contribuir de múltiples maneras a la vida en comunidad en aspectos tan relevantes como la memoria histórica, la identidad cultural, la educación, la provisión de información sobre acceso a la vivienda, los cambios en el mercado de trabajo, la violencia de género, la situación de la niñez o la tercera edad. Estos y muchos otros temas de altísimo valor social no suelen ser de interés en el mercado, ni, en general, bienes o servicios que se vendan y se compren. Pero son esenciales a la reproducción de la sociedad en un sentido integral, al mejoramiento de los procesos de gestión pública, a la consolidación de un entramado cultural y educativo sólido, entre otras funciones.
Incluso desde una concepción económica no tan restrictiva, resulta defendible el financiamiento público de las ciencias sociales y humanas, en tanto la actividad de mercado no se desarrolla en el vacío: sus protagonistas son personas que, como tales, son sujetos de la historia, la educación, la sociología, entre otras disciplinas. Y las transacciones de mercado no pueden obviar el factor geográfico, el orden jurídico o la necesidad de la comunicación lingüística. De hecho, hoy es una verdad ampliamente aceptada por economistas de distintas vertientes que la cohesión social, la formación cultural, la educación, el marco normativo e institucional, tienen un papel central en la dinámica capitalista. Las condiciones del contexto social son cada vez más valoradas como un aspecto central de las economías y empresas basadas en el conocimiento y la innovación. Indudablemente, las ciencias sociales y humanas tienen mucho para aportar en la comprensión y fortalecimiento de ese entorno.
En definitiva, la reducción neoclásica del criterio de utilidad resulta fácilmente rebatible. Más relevante es atender a la segunda cuestión: ¿están contribuyendo las ciencias sociales y humanas a los problemas del país? ¿Han aportado lo suficiente, o del modo correcto, a la superación de dificultades centrales para la sociedad? Existe, de hecho, una percepción ampliamente extendida —que trasciende el círculo reducido de los defensores más estrictos del mercado— según la cual “la cuenta no cierra” al comparar el esfuerzo público destinado a financiar estas disciplinas con los beneficios y soluciones que generan. En términos generales, puede afirmarse que hay un malestar en relación con el aporte actual de las ciencias sociales y humanas. Esto ocurre no solo a nivel nacional, sino también regional. Por caso, el ex presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirma en relación a su formación en la universidad en los años setenta:
“Tuve profesores de Chile, Bolivia, Haití, Uruguay y Argentina, además de muy buenos maestros mexicanos. Fue una época muy interesante para las ciencias sociales, pero también muy dolorosa para América Latina por las dictaduras y el sufrimiento que estas provocaron a la gente; a la par, fue un tiempo de mucha reflexión y análisis, algo que no sucede en la actualidad: las ciencias sociales están muy apagadas” (López Obrador, 2024, p. 19. Énfasis nuestro)
En este tipo de expresiones, de parte de un gobernante y dirigente político de alto nivel, trasluce no tanto una crítica epistemológica como a la utilidad social de este campo de estudios tal como se practica hoy en día. Es que, cabe preguntarse, ¿los científicos de la educación han mejorado el nivel educativo de nuestra enseñanza? ¿La historiografía ha dado a la población un sentido histórico más profundo? ¿Los estudios literarios fortalecieron la identidad nacional? ¿La visión de los economistas contribuyó al fortalecimiento de cadenas productivas con agregado local de valor? ¿Los especialistas del derecho lograron instrumentos jurídicos que mejoren nuestro orden social? ¿Las ciencias de la administración perfeccionaron los procesos de gestión pública? ¿La filosofía colaboró con el pensamiento crítico?
La respuesta mayoritaria ante interrogantes de este tipo suele ser negativa. Por supuesto, el estancamiento de América Latina y, en especial, de Argentina no se debe al estado actual de estas ciencias. Eso sería caer en una mirada tecnocrática burda. Pero, sin dudas, ellas deben ser parte de la solución a las causas del deterioro. La sociedad financia la actividad científica esperando razonablemente respuestas que contribuyan a su progreso. Es parte del contrato implícito entre ciencia y sociedad. La sensación de incumplimiento de dicho pacto explica el malestar hacia las ciencias sociales y humanas. Este descontento se intensifica frente a ciertas defensas de corte elitista, tales como afirmaciones abstractas sobre el pensamiento crítico, defensas centradas en la libertad de investigación y argumentaciones neoaristotélicas sobre un saber que no persigue una utilidad externa, sino que se valora por sí mismo. Sin embargo, cada uno de estos argumentos es debatible de manera independiente.
En relación con el primero, es necesario demostrar en qué sentido la criticidad sería un patrimonio exclusivo de este campo del conocimiento (cuando, como hemos señalado anteriormente, en muchas ocasiones ha funcionado simplemente como correa de transmisión de debates provenientes de otras sociedades). En cuanto al segundo, no está en discusión la libertad de investigación como parte del derecho civil a la libertad de pensamiento y expresión, sino más bien la cuestión de qué investigaciones deben ser financiadas con recursos públicos. Respecto al tercero, suele pasarse por alto el contexto aristocrático y esclavista en el que Aristóteles formuló su afirmación: en la Grecia antigua, los conocimientos técnicos y manuales eran considerados serviles, inferiores a los puramente teóricos, reservados a la clase ociosa. Frente a esta defensa, resulta pertinente preguntarse por qué en sociedades democráticas, especialmente en países empobrecidos, debería financiarse a un grupo social dedicado a la práctica de saberes considerados abiertamente inútiles.
Si estas son las defensas comunes en las disciplinas humanísticas, en el campo de las ciencias sociales el problema de la utilidad se plantea en otros términos. En esta área la idea de pensamiento crítico suele explicitarse de modo más concreto como crítica social. Y dado que su objeto de estudio es alguna faceta de la sociedad, parece tener resuelto más fácilmente el sentido de su actividad. No obstante, es una apariencia. El primer signo de alerta es la escasa reflexividad en las ciencias sociales respecto a la utilidad de su quehacer. Es, de hecho, mucho menor que en las ciencias exactas y naturales, donde dada la distancia de sus investigaciones respecto del mundo cotidiano, es más frecuente encontrar debates sobre el “para qué” de la ciencia. Los científicos sociales, en cambio, suelen asumir que esta pregunta ya ha sido respondida de antemano y no se problematiza al respecto.
Pero, ¿está efectivamente resuelta la función social de estas disciplinas? La insatisfacción expresada por López Obrador, por un lado, y la recepción de las críticas oficialistas en diversos sectores, por otro, indican que no es así. Resulta necesario reconocer una cierta incapacidad propositiva en las ciencias sociales: en algunos casos, han demostrado no poder ofrecer respuestas a los problemas de la sociedad que las financia; en otros, han abordado problemas inexistentes; y, en muchos, se observa un exceso de diagnóstico acompañado de escaso interés por proponer soluciones concretas.
Si tal es el cuadro general, en los casos más preocupantes, como las corrientes influidas por el postestructuralismo, el problema se agrava en tanto se supone que el sujeto de enunciación es, a su vez, el objeto de transformaciones. La finalidad de la actividad científica se volvió muchas veces la “deconstrucción” del investigador y sus instituciones; en lo que constituye, sin dudas, una situación extrema de autorreferencialidad. La influencia de estas teorías en la política pública ha tenido por efecto una irritación mayor hacia las ciencias humanas y sociales, en tanto su aporte consistió en pretender modificar la cultura de un país a partir de sus valores de clase media globalizada.[7]
En una muestra de idealismo filosófico y contra todo método científico, en vez de partir del estudio de la realidad y sus contradicciones, se postuló una idea de corrección según sus propios valores y se buscó que el resto de la sociedad se adapte a ella. Cuando la realidad no responde, se la juzga moralmente y se anula a quien no comulgue con esa mirada. Bajo ese aspecto que en ciertos momentos e instituciones se volvió el statu quo, es que las ciencias sociales y humanas fueron fácilmente convertidas en un muñeco de paja sobre el que descargar el enojo de la sociedad.
Si lo anterior remite a las limitaciones en el plano operativo de la propuesta de políticas públicas y a ciertas derivas estériles, también debe reconocerse que las ciencias sociales y humanas han contribuido poco a la imaginación de alternativas radicales derivadas de sus críticas. Lo más cercano a ello, en las últimas décadas, ha sido la exaltación de la diferencia y la pluralidad, así como la promoción del reemplazo de la razón por el deseo, la autopercepción, y el criterio de “lo que me parece” como estándar de verdad. En otras palabras, la respuesta predominante que emergió de los departamentos de ciencias sociales y humanidades ha sido, en gran medida, el recetario inconducente del posmodernismo. El cual tiene puntos de contacto importantes con el neoliberalismo, tales como la crítica furibunda al Estado y a la nación, la afirmación del presente en detrimento de la historia y la utopía, y el abandono de categorías totalizadoras como capitalismo, imperialismo, desarrollo, dependencia y clases sociales (Eagleton, 1997; Hinkelammert, 1987).
Para una política de reconstrucción
Como hemos visto, la crítica epistemológica y el cuestionamiento de la utilidad presentan tanto una dimensión equivocada como un núcleo de verdad. Sobre este último aspecto resulta necesario elaborar una política científica y tecnológica específica para este campo del conocimiento. En general, las reflexiones sobre política científico-tecnológica se restringen casi exclusivamente a las ciencias naturales, exactas y las ingenierías, mientras que las ciencias sociales y humanas rara vez son contempladas en dichos debates (o bien ingresa únicamente como “cupo a garantizar” para mantener el equilibrio entre las distintas partes del sistema). Al mismo tiempo, suele reconocerse como punto de partida un problema de vinculación entre las “ciencias duras” y los requerimientos de la sociedad y la economía. En cambio, en relación con las “ciencias blandas” la discusión rara vez se plantea en esos términos.
Tanto la reconstrucción del cientificidio como las debilidades identificadas en este trabajo tienen aquí una función instrumental: servir de base para la formulación de una política adecuada. Cabe aclarar que las críticas formuladas no provienen de una posición externa, sino interna, dado que quien escribe forma parte de este mismo ámbito académico. En ese sentido, constituyen un ejercicio de reflexividad indispensable dentro del propio campo. Pero, al mismo tiempo, se adopta una perspectiva centrada en el interés nacional, desde la cual la ciencia y la tecnología deben entenderse como medios y no como fines en sí mismos. Desde este punto de vista, cabe plantearse una pregunta fundamental: ¿a qué fines deben orientarse los esfuerzos públicos en materia científica y tecnológica, incluyendo las ciencias sociales y humanas?
Para dar respuesta a este interrogante, es necesario comenzar por identificar cuál es el problema central del país. La hipótesis que sustenta las propuestas de reconstrucción sostiene que, como señaló Guaglialmelli (2007) hace cincuenta años, el principal enemigo de la nación es la falta de desarrollo. En una época en que la doctrina de seguridad interior orientaba a las Fuerzas Armadas hacia la búsqueda del enemigo interno, el general retirado advertía sobre la necesidad de no confundir al adversario: la contradicción principal que hay que enfrentar es el atraso y el subdesarrollo.
Medio siglo después, esta situación se ha profundizado. Al respecto, Stefani (s.f.) ofrece comparaciones contundentes:
“Tomemos, por ejemplo, el año 1970 como referencia. Eso nos da medio siglo de observación. Desde ese entonces, por lo menos, que nos denominan y nos denominamos, como un “país en desarrollo”. Este es uno de esos conceptos que debemos aclarar.¿nos hemos desarrollado? No. ¿Será una cuestión de tiempo? ¿Hay que tener paciencia? No. Pasados 50 años, Argentina se encuentra estancada, administrando una dependencia y un subdesarrollo crecientes, que se profundizan y nos hacen cada vez más pobres como país. Esto se ve reflejado claramente en que la capacidad de generación de riqueza de Argentina aumenta a un ritmo inferior al del promedio del mundo desarrollado. Por ejemplo, tomando los datos de PBI per cápita a valores constantes del Banco Mundial, desde 1970 Argentina incrementó su PBI per cápita solo un 37%, mientras que Estados Unidos lo hizo un 300% y Alemania un 240%. Los verdaderos “países en desarrollo”, avanzan más rápido que los líderes, y de ese modo pueden ir escalando posiciones. Por ejemplo, en ese mismo período, Corea del Sur aumentó su PBI per cápita 1600%, China lo multiplicó por 3600%, Malasia por 600% y Tailandia por 700%”. (p. 9-10)
Pero el punto es más dramático aún para la Argentina resulta cuando miramos la dimensión regional.
“¿Será entonces un problema latinoamericano? Desde luego que la situación geopolítica influye, y en América Latina ningún país se ha desarrollado, ni se encuentra en vías de desarrollo. Pero Argentina sostiene el triste récord de estancamiento en la región. Mientras que en 1970 Argentina lideraba con clara ventaja el ranking de PBI per cápita en la región, hoy ya fuimos superados con amplio margen por Brasil, Chile y Uruguay. A valores constantes, desde 1970, Paraguay y Chile incrementaron su PBI per cápita un 300%, Uruguay 260%, Brasil 230%. Bolivia, Ecuador y Perú casi un 200%. En resumen, incluso en el entorno general de estancamiento de América Latina (todos fueron más lento que los países desarrollados), en el último medio siglo Argentina presenta el peor desempeño. Desde luego que este medio siglo incluye el período tremendamente destructivo de la última dictadura, pero también incluye 40 años de democracia ininterrumpida en los cuales no hemos logrado revertir esta tendencia decadente” (Stefani, s.f., p. 10).
Si, más allá de algún matiz estadístico, se asume objetivamente este diagnóstico, la cuestión crucial que se plantea es la siguiente: ¿las ciencias sociales y humanas contribuyen efectivamente a revertir este panorama? ¿Sus agendas de investigación se articulan en torno al drama central de nuestra sociedad? ¿Han logrado formular lineamientos operativos que orienten la resolución de las diversas dimensiones del problema del subdesarrollo y la dependencia?
Naturalmente, esta problemática presenta múltiples facetas en las que el aporte de las ciencias sociales y humanas puede resultar decisivo. Se trata de contribuciones que no siempre se traducen en productos tangibles o en beneficios económicos inmediatos, pero que deberían orientarse hacia mejoras culturales, políticas y sociales mensurables en un horizonte temporal razonable. Esto permite desglosar el gran problema del desarrollo en una serie de preguntas orientadoras. Por ejemplo, ¿el nivel educativo de nuestras escuelas se eleva o se deteriora con el tiempo? ¿La autoestima cultural y el conocimiento de sí como pueblo son hoy mayores o menores que hace algunas décadas? ¿La calidad democrática e institucional ha mejorado o se ha visto erosionada a lo largo de los años? ¿Las políticas públicas y la gestión gubernamental se sustentan efectivamente en los aportes de las ciencias sociales y humanas? ¿La capacidad crítica de la sociedad y su comprensión de la realidad nacional y mundial se han fortalecido o debilitado? ¿Ha sido positivo o negativo el aporte de las ciencias económicas y jurídicas en el prolongado contexto de estancamiento y degradación que atraviesa la Argentina y la región?
Para decirlo sin ambages, si la problemática central radica en la falta de desarrollo, el esfuerzo estatal en materia de ciencia y tecnología —incluido el correspondiente a las ciencias sociales y humanas— debe orientarse prioritariamente hacia ese objetivo (Red PLACTS, 2020, 2023). Eso es hacer pensamiento situado, esa es la verdadera crítica social y humanística: analizar la realidad nacional y regional, descubrir sus contradicciones internas y factores externas que operan para perpetuar el subdesarrollo, y elaborar constructivamente respuestas a los grandes nudos problemáticos.
Ahora bien, ¿cómo integrar a las ciencias sociales y humanidades en una política de desarrollo? En primer lugar, es necesario desagregar el gran problema nacional y regional en sus componentes fundamentales, identificando aquellas dimensiones en las que el aporte de estas disciplinas puede resultar más significativo: el neocolonialismo cultural y la pérdida de autoestima social; el deterioro de la calidad educativa; la desigualdad geográfica y la inequidad territorial; la asimetrías social, la exclusión y la pérdida de capacidades laborales; las dinámicas de generación y apropiación de valor, los obstáculos e interés ligados al subdesarrollo, entre otras.
En segundo lugar, sobre la base de los aspectos priorizados en una primera etapa, deben diseñarse grandes programas de investigación de carácter interdisciplinario, con alcance federal y participación multisectorial. Acompañados de una adecuación de los criterios de evaluación, de modo tal que permitan un seguimiento in situ y ex post de los resultados (Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad, 2019). Dichos resultados, además de expresarse en publicaciones —como parte del necesario proceso de validación académica del conocimiento—, deben traducirse en dispositivos, planes y propuestas concretas de acción orientadas a la transformación de la realidad. Proceso que implica, a su vez, la articulación con los protagonistas del área que se trate, quienes en efecto serán los actores del cambio (Fals Borda, 1985). Es decir, asumir un “estilo de pensamiento constructivo”, en el que la relevancia y la dimensión estratégica y propositiva adquieren la centralidad (Matus, 1987; Varsavsky, 1976).
¿Implica esto eliminar la libertad de investigación? Ciertamente, no. Detrás de cada uno de los factores que inciden en el problema del desarrollo se abren múltiples trayectorias posibles de indagación. El arriba-abajo (top-down) en la definición de prioridades y problemas se complementa necesariamente con un abajo-arriba (bottom-up) en la formulación de caminos de solución y nuevas interrogantes. No es una vía unidireccional, sino bidireccional. Por caso, para la delimitación de líneas a financiar puede abrirse un proceso participativo en que investigadores, grupos e instituciones postulen ideas-proyecto. En otras palabras, un Estado que orienta no restringe la libertad de investigación, sino que la encauza hacia la búsqueda de respuestas a los desafíos que se propone abordar. Además, cuando no existe el direccionamiento público, está la “mano invisible” de la agenda internacional que dirige los temas de investigación. Siempre hay orientación.
Es cierto, claro está, que establecer prioridades supone una delimitación temática respecto del modelo vigente, basado en instrumentos horizontales de financiamiento que privilegian la libre iniciativa de los investigadores. En este nuevo esquema, el ámbito universitario y las convocatorias generales seguirán contando con un financiamiento de base destinado a garantizar la reproducción y continuidad de las distintas disciplinas y subdisciplinas. No obstante, en el plano nacional, los principales instrumentos de apoyo deben adoptar un carácter vertical, orientado y jerarquizado, en función de los objetivos estratégicos de desarrollo.
Hasta aquí hemos respondido la cuestión de la utilidad y la relevancia. Pero, ¿qué pasará con la crítica epistemológica? Por un lado, en miras a elevar la calidad de la investigación en ciencias sociales y humanidades, se propone un programa transversal de mejoramiento en aspectos metodológicos. A través de la CONEAU puede instrumentarse una mayor exigencia de carga metodológica en las carreras de grado y posgrado. Por otro lado, además de los aspectos instrumentales, es preciso profundizar sobre modelos de razonamiento (deductivo, inductivo, abductivo, analógico, dialéctico, lateral, sistémico, etc.) de modo de complejizar no solo las metodologías de investigación, sino también los métodos de pensamiento. Ambas cuestiones no son fáciles, pero el quid de la cuestión está en la primacía de la realidad sobre la idea. Y en eso se contará con la ayuda de la férrea orientación dada por los grandes problemas definidos antes.
A su vez, es preciso fortalecer el trabajo editorial de las publicaciones del campo. La existencia de un circuito nacional y regional de revistas es altamente positiva. Este nutrido cuerpo de publicaciones especializadas permite anclar la investigación en problemáticas de interés local. Pero, al mismo tiempo reviste un riesgo evidente: la autorreferencialidad, la reproducción de vicios de la cultura académica y la baja calidad en general. Para enfrentar esto, debe emprenderse un trabajo específico de cualificación de las revistas con altos estándares de calidad y rigurosidad académica (Red PLACTS, 2022).
De la mano con lo anterior, hay que revisar las dinámicas de evaluación en dos aspectos. Por un lado, mediante una batería de cambios en las políticas explícitas de evaluación (Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad, 2019). Por el otro, más difícil de abordar, se precisa modificar las pautas culturales que reproducen muchas veces lógicas viciadas. Este campo de las políticas implícitas es, por supuesto, mucho más difícil de abordar. Pero en tanto estos aspectos culturales no sean modificados, sus rasgos se irradian sobre los distintos eslabones del sistema neutralizando las propuestas transformadoras.
Es clave afrontar una reforma de la cultura académica. Quien más a fondo fue en la crítica en este sentido es Devés-Valdés (2007), reconocido estudioso del pensamiento latinoamericano y de las periferias en general. En un conjunto de cartas a la intelectualidad latinoamericana, el autor afirma que es preciso romper los discursos autocomplacientes y asumir la responsabilidad sobre el papel de la universidad en el estancamiento latinoamericano. En tal sentido pone el foco en rasgos tales como el facilismo, el cortoplacismo, el amiguismo, la falta de transparencia y la astucia del aparentar.
Si bien el autor habla de la baja producción de conocimiento en general en América Latina, sus reflexiones en muchos casos están pensadas particularmente en relación con las ciencias sociales y humanas. O bien, las reflejan a la perfección. Refiere a un “pacto de mediocridad” en el ámbito académico latinoamericano, donde un par nunca debe ser mal evaluado, en el que la vara de exigencia educativa a los estudiantes siempre se corre para abajo, en que los concursos docentes se arreglan de antemano. Afirma Devés-Valdés:
“La intelectualidad latinoamericana frecuentemente no se toma en serio ni se respeta a sí misma, construyendo su discurso como palabrería, en un medio con escasa densidad cultural. La falta de densidad facilita un discurso que responde a las modas, al buen tono, al ser simpático, a la necesidad de legitimarse frente al primer mundo, evadiendo la radicalidad del pensamiento. Estas son algunas formas del facilismo y de la deshonestidad intelectual”. (p. 19)
El autor invita así a romper el “círculo vicioso de subdesarrollo y mediocridad” (p. 55), convocando a una reforma intelectual y moral que implica, en términos generales, aspirar a ser mejores antes que resignarse a ser peores, puesto que “si decaemos es porque pensamos mal o, al menos, pensamos peor que otros que no decaen” (p. 19). En este breve pero contundente texto, Devés-Valdés propone una autocrítica epistémica e institucional orientada a alcanzar una cultura de la calidad, entendida como la asunción del criterio de elevar el nivel. Finalmente, el autor se interroga acerca de qué significa pensar bien, y responde de manera sintética: pensar bien supone método, pruebas, sentido común, creatividad y radicalidad.
Conclusiones
El presente trabajo ha abordado el impacto del cientificidio en las ciencias sociales y humanas bajo el actual gobierno, así como las raíces históricas, epistemológicas y políticas de su descrédito. A partir de una reconstrucción detallada de políticas, discursos y medidas institucionales, se demostró que, aunque este campo del conocimiento fue objeto de una estigmatización particularmente intensa, no sufrió recortes presupuestarios sustancialmente mayores que otras áreas del sistema científico-tecnológico. En realidad, fue erigido como muñeco de paja para justificar un proceso más amplio de desmantelamiento del sistema público de ciencia y tecnología.
En un segundo nivel de análisis, se examinaron las bases que otorgan verosimilitud a los cuestionamientos oficiales —tanto los de tipo epistemológico como los relativos a la utilidad social de estas disciplinas—. Si bien dichas críticas resultan infundadas en parte, contienen una cuota de verdad vinculada a limitaciones efectivamente presentes en el estado actual de las ciencias sociales y humanas. Entre ellas, se destacaron la escasa rigurosidad metodológica, las derivas relativistas y autorreferenciales, la débil articulación con las problemáticas nacionales y la reproducción de paradigmas ajenos a la realidad latinoamericana.
Sobre esa base, el artículo propuso una reflexión propositiva orientada a la reconstrucción del campo. Se argumentó que las ciencias sociales y humanas deben asumir un papel protagónico en una política nacional de ciencia, tecnología y desarrollo, orientada a enfrentar el problema estructural del subdesarrollo. Ello implica integrar estas disciplinas a programas interdisciplinarios, federales y multisectoriales, centrados en dimensiones clave como la desigualdad social, la pérdida de autoestima cultural, el deterioro educativo, la inequidad territorial y el neocolonialismo.
Asimismo, se subrayó la necesidad de reformar los criterios de evaluación y las prácticas institucionales, promoviendo una “cultura de la calidad” que combine libertad de investigación con orientación estratégica. En este sentido, la revisión metodológica, la jerarquización de publicaciones y la formación rigurosa en los distintos niveles académicos se presentan como pilares de una política de reconstrucción capaz de elevar el nivel científico y la relevancia social del campo.
En pocas palabras, la crisis actual debe ser leída no sólo como un episodio de ataque externo, sino también como una oportunidad para la autocrítica y la reformulación del papel de las ciencias sociales y humanas en el proyecto nacional. Superar la mediocridad estructural y recuperar la ambición transformadora constituye, en última instancia, el camino indispensable para que este conjunto de disciplinas contribuya de manera efectiva al desarrollo, la soberanía y la dignidad intelectual del país y la región.
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[1] Agradezco las observaciones realizadas en el seminario interno del Proyecto de Investigación PPID/T011 (LECyS FTS UNLP). Asimismo, debo gratitud a distintos referentes del sistema científico que revisaron la cronología de la primera sección, aportando datos relevantes para la investigación.
[2] A pesar de lo dicho, cabe señalar que en el marco del universo libertario se expresan también posturas abiertamente anticientíficas. Un caso emblemático lo constituye la diputada Lilia Lemoine, quien participó de la difusión de absurdas ideas terraplanistas y conspirativas (Ballarino, 2024). Con ese antecedente, en un acto que solo puede ser leído como una provocación o un desinterés en el tema, el oficialismo la designó como Secretaria 1° de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados de la Nación.
[3] El monismo epistemológico es la postura según la cual existe una única forma válida de conocimiento científico, basada en un solo modelo de racionalidad y método, generalmente tomado de las ciencias naturales. Desde esta perspectiva, todos los campos del saber —incluidas las ciencias sociales y humanas— deberían regirse por los mismos criterios de objetividad, verificación empírica, cuantificación y predicción que caracterizan al paradigma positivista.
[4] Un marco para esta discusión epistemológica, en Liaudat (2022a, 2022b).
[5] El globalismo es la geoestrategia de una fracción de las clases dominantes estadounidenses, vinculadas mayormente al Partido Demócrata (Merino, 2020). Propone el militarismo multilateral (OTAN), el neoliberalismo en economía y la globalización en lo cultural. En este último plano, impulsó debates, desde una perspectiva afín a sus intereses, asociados al ambientalismo, el género, la diversidad, la democracia, el multiculturalismo, entre otros. Esta agenda, autodefinida como “progresista”, fue adoptada acríticamente por gran parte de la intelectualidad latinoamericana. Esto se observa con claridad en los temas que abordan los Grupos de Trabajo de CLACSO: https://www.clacso.org/grupos-de-trabajo/grupos-de-trabajo-2023-2025/
[6] Con su particular estilo criollo, Jauretche lo resumía así: “El letrado ve las cosas de otra manera. A él le interesa lo que le sucede a la Humanidad, a la Libertad, a la Economía en abstracto. Piensa en términos de principios y no en términos de hechos, y le interesan que esos principios jueguen en el mundo abstracto a que pertenece, al margen de lo que resulta para sus paisanos. Es así como se adscribe a parcialidades políticas o sociales por razones que no son las de su medio y ajeno a su propia realidad, actúa en todas las militancias lejanas, postergando las propias, o subordinando éstas a las exigencias de aquellas militancias extrañas” (1973, p. 163).
[7] El caso extremo fue el intento infructuoso de modificar la lengua de modo “inclusivo”, de un modo que no se veía desde la reforma ortográfica de Sarmiento. Aunque éste último, justo es decirlo, se refirió exclusivamente a la escritura y tenía un objetivo loable: ajustar la ortografía española al habla americano. En cambio, la supuesta inclusividad del lenguaje no binario terminó configurando una diglosia lingüística entre el hablar culto y el de las mayorías sociales, recreando una vez más la distancia entre ciudad letrada y ciudad real (Rama, 1998). Es decir, el lenguaje inclusivo terminó siendo un signo de exclusividad, una marca de distinción y pertenencia a determinados valores. El ámbito educativo ha sido un lugar privilegiado de proliferación de estos discursos desacoplados de la realidad y del cotidiano escolar (Dubin, 2019, 2024).
Last modified: 1 de enero de 2026
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